El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España– ha presentado hoy el estudio Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2021.

Este estudio recoge el desarrollo de la capacidad normativa de cada Comunidad, respecto al IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, agrupando en un apartado todo lo relativo a los impuestos propios, otro para los territorios forales –que tienen los mismos impuestos troncales pero con su particular regulación– y resaltando las novedades para 2021.

El estudio destaca varias novedades para 2021, sobre el IRPF, el IP y en Sucesiones y donaciones. En el IRPF lo más importante de 2021 ha sido la subida en 2 puntos del marginal máximo de la tarifa estatal. En cuanto a las escalas autonómicas, la han rebajado un poco Andalucía y Murcia y la ha subido, en los tramos más elevados, la Comunidad Valenciana. Esto da como resultado un panorama con tipos máximos que van desde el 45,5 al 54%.

Las tributación agregada –suma de cuota estatal y autonómica– de todos los contribuyentes con rentas superiores a 300.000€ se verá incrementada este año por el aumento de 2 puntos en la tarifa estatal.

La Comunitat incrementa el Impuesto de Patrimonio

En cuanto al Impuesto de Patrimonio (IP), la Comunidad Valenciana incrementa el importe a pagar por la rebaja del mínimo exento y el aumento del marginal máximo. También sube la tributación en las Comunidades que no han regulado tarifa propia por la subida de 1 punto en el marginal máximo de la tarifa establecida por el Estado –que se aplica por defecto–.

«En IP todas las Comunidades que no han regulado la tarifa ven cómo se le incrementa el marginal máximo a los ciudadanos con patrimonios de más de 11M€ y se producen pocas modificaciones –rebaja de la tarifa Andalucía y, en la Comunidad Valenciana, se rebaja el mínimo exento y se sube la tarifa–. En definitiva, en todas las Comunidades, incluidas las forales, se pagan unas cantidades considerables, excepto en Madrid, donde está bonificado al 100%», expresan en el informe.

Exceso regulatorio

En Sucesiones y Donaciones y en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se producen pocas modificaciones para este año, ámbito donde desde hace tiempo se produce una competencia fiscal a la baja cuando los contribuyentes son familiares cercanos del causante o del donante.

Sobre la normativa en tributos cedidos, los fiscalistas del REAF, por boca de Valentín Pich y de Agustín Fernández, presidentes del Consejo General de Economistas y del REAF, respectivamente, siguen constatando el exceso regulatorio –858 medidas– “con infinidad de páginas de boletines autonómicos llenas de –en algunos casos– teóricos beneficios fiscales sometidos a multitud de condiciones que, al final, afectan a muy pocos contribuyentes”.

«Parece necesario reflexionar sobre el mantenimiento o no de determinados tributos y la capacidad normativa de las CCAA sobre los mismos. Es el caso del IP, ISD y de la modalidad de AJD del Impuesto sobre Transmisiones. Esta reflexión debería hacerse en el marco del nuevo sistema de financiación de las CCAA, cuyo establecimiento parece inaplazable», han añadido.

Patrón común para los impuestos propios

Desde Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) han lanzado algunas indicaciones y recomendaciones, entre las que destaca la reclama de un patrón común para el establecimiento de tributos que graven el mismo objeto imponible, pues cada autonomía establece el impuesto de un modo diferente, en muchos casos para hacer tributar al mismo hecho imponible. Por ello, se podría proceder a una armonización de los tributos propios que contemplara los principales elementos configuradores del tributo.

Reforma fiscalidad medioambiental

Otro de los aspectos destacados por el Registro de Economistas ha sido la necesidad de crear una fiscalidad medioambiental. En este sentido, han valorado positivamente la actitud de muchas Comunidades Autónomas en su papel de regular incentivos para mejorar el comportamiento de los contribuyentes en este aspecto. Una acción que va más allá de «introducir tributos que tengan este calificativo –cosa que sucede con la mayor parte de los impuestos propios–».

Valentín Pich señala: “Las Comunidades han tomado, simultáneamente, dos caminos destinados a un mismo fin: por un lado, gravar –aunque de forma desordenada– el uso del agua, las emisiones de gases, los residuos y la utilización de recursos naturales, y, al mismo tiempo, ir introduciendo beneficios fiscales en Renta para conductas ambientales positivas”.