El Gobierno de España ha planteado en el diálogo social de la reforma de las pensiones fórmulas que garanticen su poder adquisitivo, pero que eviten que acaben subiendo por encima del coste de la vida. Como ha ocurrido en 2020 con una revalorización del 0,9 % frente a un índice de precios de consumo (IPC) del -0,5 %.

Según explican fuentes de dicho diálogo social, se daría así el cumplimiento a la recomendación del Pacto de Toledo, que aboga por mantener el poder adquisitivo de las pensiones con una revalorización anual basada en el IPC real, pero intentando que no se produzcan ganancias adicionales de poder de compra.

En la ficha de pensiones enviada por el Gobierno de España a la Comisión Europea (CE), se habla de derogar el todavía vigente índice de revalorización de las pensiones introducido por el Partido Popular en el año 2013. Donde se garantizaba una subida mínima anual del 0,25 %. Para sustituirlo se apuesta por una nueva fórmula vinculada al IPC «que simultáneamente evite la necesidad de reducciones nominales en el eventual caso de que se produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo».

De hecho, el pasado viernes, el grupo parlamentario del Partido Socialista en el Senado instó al Gobierno a que se derogue ya la reforma de las pensiones de 2013 que incluye dicho índice del 0,25 % para revalorizar las pensiones y que, aunque no se ha aplicado, sigue en vigor. «Las recomendaciones del Pacto de Toledo instan a una revalorización anual por ley de las pensiones en base al IPC real como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones«, recordó el senador del PSOE, Alfonso Muñoz Cuenca.

Revalorización exacta

El Gobierno es consciente de que una bajada nominal de las pensiones no sería aceptada socialmente. Por ello, ha optado por buscar una fórmula que permita dar con la revalorización exacta. No obstante, los sindicatos creen que este planteamiento sería difícil de comprender para la opinión pública. Por lo que reclaman a la Seguridad Social una fórmula lo más sencilla posible que traslade tranquilidad a los pensionistas.

Lo que no ha llegado todavía a la mesa de negociación es la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión. A pesar de que el Gobierno ha incluido esta medida en la ficha enviada a Bruselas. En uno de los borradores previos se hicieron cálculos sobre una eventual subida a 35 años, que finalmente no fue incluida en el documento remitido a la CE.

Y, además, no parece viable que un nuevo aumento del periodo para calcular la pensión pueda formar parte de un acuerdo con los agentes sociales, según las manifestaciones públicas realizadas por los líderes sindicales en las últimas semanas. Más aún cuando todavía no se ha completado la ampliación pactada en la reforma de 2011. El año que viene, en 2020, concluirá el aumento progresivo del periodo de cómputo que desde 2013 está subiendo de 15 a 25 años, a razón de un año por cada año.

El Gobierno prevé plantear este asunto en una segunda fase de la negociación, en la que también se trataría la derogación del factor de sostenibilidad de la reforma del Partido Popular, cuya entrada en vigor se suspendió hasta 2023 y que supone el ajuste del importe de la pensión a la esperanza de vida prevista. La Seguridad Social quiere sustituirlo por un «mecanismo de equidad intergeneracional» que tenga en cuenta no solo la esperanza de vida, sino también otros indicadores. El objetivo del Gobierno es liberar a las generaciones más jóvenes «de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas». En referencia a la generación del «baby boom» que empezará a salir del mercado laboral en breve.

Jubilación anticipada

Encima de la mesa también hay propuestas para desincentivar la jubilación anticipada y para fomentar la jubilación demorada voluntaria. Un asunto que ha encontrado más reticencias por parte de los agentes sociales en lo que tiene que ver con restringir las jubilaciones prematuras.

Por el contrario, han acogido de buen grado -al menos los sindicatos- la propuesta de incentivar económicamente el retraso voluntario de la jubilación mediante un cheque único a cobrar en el momento de la salida del mercado laboral. Sin embargo, fuentes sindicales anticipan que determinar la cuantía de ese cheque va a suponer una negociación complicada.

Del resto de temas incluidos en la ficha de pensiones trasladada a la CE no se ha hablado nada aún. Entre los que se encuentra el sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos. La revisión del complemento de maternidad. Y el aumento de la base máxima de cotización. A esas reformas se suman el impulso a los planes de pensiones de empleo mediante la creación de un fondo público al que puedan adscribirse. Y la asunción por parte del Estado de los gastos impropios que ahora financia la Seguridad Social con la previsión de que deje de hacerlo en 2023.

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