Según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, la Comunitat Valenciana lidera, junto a Andalucía, el número de sanciones por fraudes en los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tal y como adelantaba ayer este medio.

Algo, que tal y como han reconocido los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV, no es nuevo para la Comunitat Valenciana. «Habitualmente y por desgracia, es un clásico para la Comunitat Valenciana ser una de las más afectadas por estas cuestiones ya que es una de las comunidades donde más sanciones hay habitualmente por trabajo no declarado, especialmente en Alicante”, confirma Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical de CCOO PV.

Para Patiño, “la diferencia fundamental entre ERTE y campañas ordinarias está en materia de contratación y la similitud principal reside en jornada no declarada”.

En opinión de Patiño, “el ERTE ha sido una herramienta donde el que ha querido cometer fraude  ha visto una oportunidad para hacerlo y lo que no es posible, tal y como ha entendido perfectamente el Ministerio de Trabajo, es que este tipo de comportamientos no se castiguen». «Este escudo social ha costado una cantidad ingente de recursos (por las exoneraciones en cuotas de la Seguridad Social, las prestaciones de desempleo que se están abonando, etc.) como para ir defraudando en el número de horas trabajadas y otras cuestiones”, añade.

Algo que corrobora Lola Ruiz Ladrón de Guevara, Secretaria de Acción Sindical de UGT-PV: «A todos nos afecta el hecho de que se cometa un fraude y haya personas que se estén lucrando sin que les corresponda, porque lo estamos pagando todos con nuestros impuestos».

A juicio de los sindicatos, las infracciones son superiores al 19% que arrojan los datos. De hecho, “siempre hay mucho más. Se trata de una parte muy significativa en el sentido de que el 19% son actuaciones de la Inspección, es decir, estamos hablando de una de cada cinco, que puede ser cuatro por otro tipo de cuestiones, con lo que sí que es relevante”, explica Patiño.

¿En qué se defrauda?

Una de las temáticas que más abunda es el exceso de jornada no declarada. Es decir, la desafección declarada es del 50% y el trabajador continúa haciendo la jornada completa.«Hemos notado un incremento de trabajo no declarado y de economía informal o sumergida. Es en este aspecto donde más se va a focalizar la campaña de los ERTE», reconoce Ruiz Ladrón de Guevara.

Otra muy recurrente, principalmente al principio de la pandemia, fue que la empresa declaraba un expediente de fuerza mayor y el trabajador continuaba trabajando desde su casa.

«Otra de las cuestiones, es que en un expediente por causas objetivas, una de las cuestiones que introduce el RD es que, en caso de que no haya representación de las personas trabajadoras, se lo tienen que comunicar a las organizaciones sindicales más representativas del sector y en algunos casos, sí que hemos presentado denuncia porque no nos lo comunicaban. Pasaban directamente a la aplicación unilateral por parte del empleador, sin tener en cuenta que ese tipo de expedientes (por causas organizativas y económicas) conllevan una negociación«, añade Patiño.

Esta cuestión se suele dar en empresas pequeñas, aquellas que tienen menos de seis trabajadores y que no tienen representante sindical o que no han elegido delegados sindicales.

Reforma al alza en las cuantías

Hasta la fecha, según los sindicatos, las cuantías de las sanciones son «realmente bajas», algo que se va a reformar con la nueva Ley de Presupuestos porque hará unos quince años que no se renuevan.

«En concreto, hay sanciones que entre la proporcionalidad de la gravedad del hecho cometido y el importe de la multa, a la empresa le sale a cuenta seguir haciendo el hecho punitivo. No se trata de ninguna multa disuasoria y eso va a cambiar», concreta Patiño.

Recordemos que en la Comunitat se han impuesto un total de 484 sanciones, con multas por importe global de 2.149.064,53 euros.

El 32% de las alicantinas inspeccionadas, sancionadas

Alicante es la provincia que acumula mayor número de sanciones y de mayor cuantía. Ha registrado el 43% de las anotadas en la Comunitat con multas globales cercanas al millón de euros. En concreto, 987.770,90 euros en las 212 sanciones interpuestas.

Le sigue la provincia de Valencia con 208 infracciones por importe de 879.830,20 euros; mientras que la provincia Castellón acumula el 13% tanto en número como en importe, 64 de las 484 sanciones registradas en la Comunitat, por importe de 281.463,43 euros.

Esto quiere decir que de cada 10 expedientes que se han investigado en Alicante, tres se han cerrado con sanciones; en el caso de Valencia no llegarían a dos las empresas multadas y en Castellón apenas se sanciona a una de cada 10.

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