La Generalitat Valenciana cerró el año 2019 con un resultado económico-patrimonial negativo de 2.225,7 millones de euros, según ha revelado la Cuenta General. La nueva estructura, por la adaptación al nuevo Plan General de Contabilidad, no hace posible la comparación con el año anterior y solo se pueden comparar algunas magnitudes que sí que se corresponden, ha explicado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en rueda de prensa.

El Pleno del Consell ha aprobado, a efectos de su remisión a la Sindicatura de Comptes, la Cuenta General correspondiente a 2019, que por primera vez se ha adaptado al Plan General de Contabilidad Pública del Estado, que tiene que ser utilizado como plan marco por parte de todas las administraciones públicas. Los objetivos del nuevo plan son la adaptación a las normas internacionales de contabilidad de la IFAC (International Federation of Accountants), la armonización con el Plan de Contabilidad de la empresa española y la mejora de la información de los estados financieros.

En concreto, respecto a las magnitudes comparables, ha mencionado que las provisiones financieras disminuyen en 2018 en 1.762 millones más que en 2019, al pasar de -2.035,7 en 2018 a -273,8 millones en 2019, lo que incide de forma negativa en el resultado económico-patrimonial. Esto se explica en buena parte porque en el ejercicio 2018 se dieron de baja diversas provisiones especialmente la que ajustaba el valor de las participaciones que la Generalitat tenía en el ente público Radiotelevisión Valenciana (RTVV). Al extinguirse RTVV, se da de baja esta inversión financiera por importe de 1.184 millones. Esta cantidad supone el 51 % del incremento de las provisiones de inversiones financieras (2.309,5 millones) en 2018 y tiene un impacto importante sobre el desahorro de 2019, ha detallado.

Soler: «La deuda continuará creciendo mientras haya déficit anual. La deuda se genera ahora por infrafinanciación, porque no gastamos más que la media y generamos deuda»

Asimismo, ha comentado que los gastos de personal y de cargas sociales aumentan en 316 millones por el incremento en la inversión en capital humano para reforzar los servicios públicos, como sanidad o educación, mientras que las transferencias y subvenciones en materia social se incrementan en 491,2 millones. La cuenta del resultado económico-patrimonial viene a ser el equivalente a la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas, ya que es la diferencia entre los ingresos-ganancias y los gastos-pérdidas.

«La deuda continuará creciendo mientras haya déficit anual, porque el déficit alimenta la deuda. Mientras no haya superávit, no se podrá reducir el déficit. La deuda se genera ahora por infrafinanciación, porque no gastamos más de la media y generamos deuda, por lo que los ingresos son más bajos que la media. ¿Cuál es la génesis de la deuda? La infrafinanciación, porque aquí no hay corrupción, no hay mala gestión, pero hay un problema,que no tenemos los ingresos que toca, hay un mal trato y eso genera déficit», ha subrayado Soler.

En este contexto, ha señalado que no se resolverá hasta que no llegue una etapa en la que se replantee la deuda acumulada por déficit. «El déficit que se ha generado por la mala gestión o corrupción lo tenemos que pagar los valencianos, porque quien gobernaba, gobernaba votado libremente por los valencianos. Pero la parte del déficit hay que aclararlo a nivel de estado, porque es un sistema que nos está fallando», ha añadido.

En cuanto a la liquidación del presupuesto, la Cuenta General muestra un incremento de la inversión en servicios públicos fundamentales -Consellerias de Sanidad, Educación y Políticas Inclusivas- de 1.167 millones. En concreto, el aumento en Educación respecto a 2018 es de 515 millones (10,9 %), en Sanidad de 292,5 millones (4,05 %) y en Políticas Inclusivas de 359,7 millones (28,7 %).

La Cuenta muestra un incremento de la inversión en Sanidad, Educación y Políticas Inclusivas de 1.167 millones

Además, ha mencionado que el presupuesto de la Generalitat en 2019 ascendió a 24.334.606.521 euros y la ejecución fue de un 93,84 %, elevándose hasta los 22.834.931.136 euros. La liquidación recoge asimismo que a final de año se habían abonado un total de 20.314.406.101 euros, que suponen el 89 % de las obligaciones reconocidas, al crecer en 1.700 millones (9,1 %) respecto a 2018.

Respecto a las provisiones y contingencias a corto plazo que se han tenido que realizar en el ejercicio de 2019, se dividen en tres grupos: Provisiones por responsabilidades, provisiones por devolución de ingresos y provisiones para transferencias y subvenciones. Las provisiones por responsabilidades a corto plazo ascienden a 63,2 millones. Entre ellas se incluye la destinada a cubrir el contrato de refinanciamiento con la SGR (9,8 millones), la destinada a la sentencia del TSJCV 369/2017 relativa a las Torres de Benidorm (15 millones), la dirigida a cubrir la carrera profesional de los interinos de Sanidad (22,5 millones), así como otras provisiones para hacer frente al resultado de reclamaciones, juicios y litigios.

También se ha realizado una provisión a corto plazo de 45,4 millones para la devolución de ingresos, fundamentalmente por la estimación realizada por la Conselleria de Igualdad, para hacer frente a la devolución de los ingresos indebidos cobrados por el anterior equipo de gobierno a dependientes y usuarios de residencias a partir de 2014 y que una sentencia judicial declaró ilegal. Esto ha obligado a la Conselleria de Igualdad a revocar la decisión y devolver el dinero.

La Sindicatura de Cuentas ha exigido que la Cuenta General incluya información sobre la COVID-19

Finalmente se han realizado provisiones a corto plazo para transferencias y subvenciones por importe total de 311,88 millones de euros, de los cuales 285,6 millones corresponden a provisiones para hacer frente a la deuda que generó Feria Valencia a raíz de los convenios suscritos en 2007 por el anterior equipo de gobierno. También se han destinado 24,12 millones a provisionar las subvenciones en materia de vivienda que el anterior equipo de gobierno bloqueó en 2012-2013 y no pagó, y que fueron reconocidas por el actual Consell en la disposición adicional tercera de la Ley 13/2016 de diciembre de Medidas Fiscales. Asimismo, 2,07 millones se han destinado a cubrir el posible pago de intereses derivados del convenio de 19 de abril de 1999 de financiación y ejecución de obras de centros docentes entre el IVVSA y el IVF.

Entre las principales magnitudes que componen el Balance de la Cuenta General, figura el Activo, que incluye todo bien o derecho integrado como tal en la contabilidad de la Generalitat y que asciende a 19.406,5 millones. Por su parte, el total general del Pasivo, constituido por la deuda a corto (pasivo corriente) y largo plazo (pasivo no corriente) y el patrimonio neto, que es el que tendría la Generalitat si fuera una empresa privada, coincide con el Activo al sumar 19.406,5 millones.

El Balance está especialmente marcado por el patrimonio neto, que asciende hasta los -34.814 millones, ya que en uno de sus componentes, en el patrimonio generado, se ha producido un cambio contable en la valoración del inmovilizado material e intangible. Siguiendo la recomendación de la Sindicatura de Comptes, se ha amortizado por primera vez el inmovilizado material (excepto construcciones e infraestructuras) y el inmovilizado intangible de este ejercicio y los anteriores. Asimismo, se han dado de baja en la contabilidad los activos totalmente amortizados. Estos hechos han tenido un impacto negativo en el balance de 2019 de 2.604 millones de euros.

Por otro lado, Soler ha indicado que la Sindicatura de Cuentas ha exigido que, aunque la crisis sanitaria, social y económica causada por la COVID-19 se ha producido en 2020, dada su magnitud, las entidades públicas y privadas han de incluir en la Memoria de las cuentas de 2019 determinada información sobre el tema. El objetivo es que prevalezca el principio contable de imagen fiel en la elaboración de las cuentas públicas, garantizando la transparencia en la gestión. A estos efectos en la Memoria se han incluido, las medidas con efectos presupuestarios aprobadas por decreto ley o decreto del Consell, los contratos de emergencia, las modificaciones presupuestarias y los ingresos por el Fondo Covid del Gobierno central.