El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha manifestado su total “indignación y rechazo» al decreto emitido por el Ministerio de Hacienda, «para incautarse de los ahorros de los alicantinos», tras tener conocimiento de lo que ha calificado de «intento de engaño por parte del Gobierno, que ahora dice que no nos va a devolver ese dinero hasta el año 2037».

Se trata de cinco años más del compromiso que había adquirido con el partido socialista, el cual, le había dado su apoyo en la votación registrada en el seno de la FEMP, con la abstención de Unidas Podemos, y que fue votado en contra por el grupo popular, Ciudadanos y Junts per Catalunya.

El primer edil “ha reclamado el apoyo unánime de todos los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante para impedir el robo del dinero de los alicantinos y que se nos permita usar el remanente de tesorería en atender las necesidades de nuestros vecinos, que están sufriendo muy duramente las consecuencias sociales y económicas de la pandemia”.

Según el alcalde, “el Gobierno, no contento con haber dinamitado la unidad de acción de la FEMP, ahora le toma el pelo a todos los alcaldes socialistas, que sacaron adelante el acuerdo con el voto de calidad del presidente de la Federación, que ha quedado en ridículo, con un documento en el que se reseñaba un plazo de devolución máximo de diez años”.

Barcala considera que “es el momento de la unidad de todos los alcaldes para evitar el expolio de los fondos municipales. Hago un llamamiento para que se impida en el Congreso que se convalide este Real Decreto. Estoy seguro de que si los alcaldes socialistas que apoyaron el acuerdo y que hoy se sienten engañados por el gobierno de Sánchez-Iglesias presionan conseguiremos cambiar esta decisión y obligaremos al Ejecutivo central a liberar esos fondos para que podamos destinarlos a políticas de recuperación de nuestras ciudades”.

Barcala opina que el decreto, además, no debe ver la luz porque “no compromete al Gobierno a incluir a los ayuntamientos en el reparto de los fondos procedentes de la Unión Europea, como también se prometió”.

La FEMP destaca cómo se resuelve el problema para casi 8.000 ayuntamientos

Por su parte, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha subrayado que los Ayuntamientos con dificultades financieras son “un número relativamente reducido, unos 200 del total de 8.131” que hay en España y que, para ellos, están previstas líneas de apoyo, a través de las Diputaciones o mediante la renegociación de su deuda con el Gobierno de España, en este Real Decreto-Ley que publica hoy el BOE.

Todos los demás municipios, casi 8.000, ha recalcado que pueden elegir si hacen uso de sus remanentes, de su superávit o de ambas opciones: “Cada Ayuntamiento decidirá si quiere ir por la vía de gastar los remanentes o por la vía del superávit -que era la vía que teníamos hasta ahora-; incluso cabe la posibilidad de combinar los dos sistemas”, ha explicado Caballero, para subrayar que la norma resuelve el problema generado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012.