Estas han sido las malas praxis de las empresas con los ERTE durante la pandemia

Los ERTE relacionados con la COVID-19 han supuesto para muchas empresas un salvavidas con el que sobrevivir a la crisis del coronavirus. En la Comunitat Valenciana, a fecha de 12 de julio, habían sido solicitados 66.079 expedientes relacionados con el virus que afectaban a 423.469 trabajadores. Sin embargo, cuántos de estos ERTE responden de verdad a causas motivadas por la pandemia y cuántos estarían ayudando a los trabajadores valencianos.

Desde un primer momento, tanto los sindicatos como Inspección de Trabajo han trabajado para evitar los posibles fraudes que las empresas pudieran acometer con los ERTE. «Las malas praxis han ido cambiando conforme ha ido evolucionando el estado de alarma y la situación generada por la COVID-19», señala Lola Ruíz, secretaria de Acción Sindical de UGT-PV. Apunta que un primer momento, cuando empezaron los ERTE por fuerza mayor, hubo muchas empresas que se acogieron a estos que a juicio del sindicato «no estuvieron realmente justificados, pero que se colaron».

Destaca Ruíz el caso de empresas, que pese a ser consideradas esenciales durante el estado de alarma, se acogieron a los ERTE mientras mantenían su actividad. «Se atrevieron a plantear ERTE de fuerza mayor siendo esenciales y además continuando con el trabajo», expone la secretaria de Acción Sindical. Una situación, señala, que se extendió con los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) provocadas por el coronavirus.

«En muchos casos vimos que eran injustificados y no llegamos a acuerdos», señala Ruíz, quien apunta que la situación con estos ERTE fue más compleja que con los de fuerza mayor. Según reza el Real Decreto ley 8/2020 del estado de alarma, en los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, siempre que no haya representación sindical en la compañía, se debe notificar a los sindicatos mayoritarios o bien conformar una comisión integrada por los trabajadores para la negociación del ERTE.

Señala Ruíz que en muchos casos se han personado en las empresas para la negociación y la propia compañía ha decidido retirar el expediente de regulación temporal de empleo. «Un indicativo de que no estaba justificado al 100%», expone la secretaria de Acción Sindical, quien apunta que hasta un 10 % de las empresas que solicitaron ERTE «se retiraron de la mesa de negociación».

Sin embargo, más preocupante es, según indica Ruíz, aquellos casos en que ni siquiera se ha notificado a los sindicatos la solicitud de ERTE. Casos que estarían saliendo a la luz en estos momentos cuando ya ha pasado «la marabunta de solicitudes y los sindicatos e Inspección de Trabajo estamos revisando caso por caso los expedientes resueltos». Señala que «en muchos casos nos han convocado y no hemos podido llegar. Pero en otros no nos han convocado. Se han ido a una comisión ad hoc o ni tan si quiera eso».

Apunta que las empresas han conformado comisiones ad hoc con trabajadores afines, o que han obligado a los trabajadores a firmar los ERTE sin que antes hayan sido negociados. «Todo esto incurre en fraude, y la Inspección de Trabajo en colaboración con los sindicatos actuará en consecuencia». En esta línea, defienden desde el sindicato que se deben establecer sanciones «razonables» que «permitan sobrevivir y seguir funcionando a las empresas» pero que no se retiren los ERTE ya que saldrían perjudicados los trabajadores.

Trabajando en ERTE

Por otro lado, señala Lola Ruíz que otra de las malas praxis que han detectado durante la pandemia ha sido el de trabajadores que estando con la jornada reducida o empresas con parte de su plantilla en ERTE a tiempo completo, han sido los empleados obligados a trabajar «a full time», incurriendo así en un fraude. Especialmente significativo fue, según apunta la secretaria de Acción Sindical de UGT PV, el caso de la provincia de Alicante, que aunque fuéramos avanzando de fases en la desescalada, no se avanzaba, en cambio, en la desafectación de los trabajadores en ERTE, como sí sucedía en el resto territorios de la Comunitat.

Alerta Ruíz de que está calando un discurso que culpa tanto a los trabajadores como a las empresas de incurrir en fraude. «El trabajador que se encuentra en esta situación no recibe ningún beneficio y lo hace sometido a la presión psicológica de la empresa que lo amenaza con despidos», asevera Ruíz quien defiende que este tipo de práctica «solo beneficia a las empresas».