La Comunitat contará con dos nuevos juzgados para atender casos COVID-19

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado que la Comunitat Valenciana pondrá en marcha los dos nuevos juzgados que el Ministerio de Justicia ha otorgado a esta autonomía para atender asuntos relacionados con la COVID-19.

Bravo ha hecho este anuncio tras participar en la reunión, por videoconferencia, de la Comisión de Coordinación de la Administración de Justicia para la lucha contra la COVID-19, presidida por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a la que han asistido los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas con competencias en este ámbito, representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General de la Abogacía Española.

En su intervención, Bravo ha agradecido la decisión del Ministerio de Justicia y ha recordado la necesidad de crear nuevos órganos «dado el grado de afectación y la gran carga de trabajo que se acumula en jurisdicciones de lo Social y lo Civil debido a la crisis económica producida por la emergencia sanitaria de la COVID-19″. Desde el Ministerio, se ha hecho llegar a las autonomías con competencias en materia de Justicia la distribución de 15 nuevas unidades judiciales. Así, está previsto, a partir del próximo mes de septiembre, la creación de unidades judiciales que atiendan temporalmente los asuntos derivados de la crisis del COVID-19.

De esta manera, se pretende agilizar la actividad judicial en los órdenes de lo Social y Contencioso-administrativo, así como en el ámbito de los juzgados de lo Mercantil, para contribuir a una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis sanitaria. El criterio de distribución se ha realizado teniendo en cuenta los parámetros de la población de derecho y la litigiosidad.

En la Comunitat Valenciana se va a proceder a la creación de dos nuevas unidades judiciales. Estos nuevos órganos se constituirán en las jurisdicciones más afectadas por la crisis sanitaria (la de lo Contencioso-administrativo, Social y los juzgados de lo Mercantil) dada la previsión del incremento de reclamaciones patrimoniales, despidos y concursos previstas.