Mujeres al Timón
Las comunidades autónomas son las responsables de atender los servicios públicos fundamentales (SPF), lo que está obligando a sus gobiernos a afrontar los efectos de la pandemia ya desde el primer momento, especialmente en los aspectos relacionados con la sanidad. Sin embargo, la recuperación económica tras el COVID-19 requiere además reforzar las políticas de desarrollo regional destinadas a impulsar la actividad económica que también dependen de las autonomías.
En 2009 los gastos en estas políticas representaban el 22% del presupuesto de las CC. AA., pero su volumen se ha reducido casi un 50% en los últimos años y actualmente solo pesan un 14,5%. Durante la recesión de 2008 y ante la dificultad de ajustar más los servicios educativos, sanitarios o de protección social, estas partidas dedicadas a impulsar la actividad, especialmente las de inversión pública e I+D+i, sufrieron severos ajustes.
Estos recortes no se han producido con la misma intensidad en todas las regiones. Los gastos por habitante en desarrollo regional (impulso económico, protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, cultura y apoyo a la I+D+i) eran y son muy dispares. Navarra, La Rioja y Cantabria superaban en 2018 (último año disponible) los 800 euros de gasto por habitante, mientras que Murcia y la Comunitat Valenciana no alcanzaban los 400 euros, según se detalla en el nuevo informe COVID-19: IvieExpress, elaborado por Francisco Pérez y Silvia Mollá.
La razón principal de esta disparidad se encuentra en los recursos con los que cuentan los gobiernos autonómicos para atender los servicios que tienen transferidos, que son muy dispares, como consecuencia fundamentalmente de las sustanciales diferencias en financiación autonómica. En concreto, la diferencia de recursos por habitante entre las comunidades peor y mejor financiadas (Comunitat Valenciana y Navarra) superaba los 60 puntos porcentuales en 2019.
Las comunidades autónomas que cuentan con más ingresos por habitante (Navarra, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Asturias) necesitan hacer menos esfuerzo presupuestario para cubrir las necesidades de gasto en servicios públicos fundamentales. A pesar de gastar más por habitante en estos servicios, el porcentaje de los ingresos netos que estas comunidades dedican a sanidad, educación y protección social está próximo al 70%.
Sin embargo, las peor financiadas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Comunitat Valenciana) han de utilizar entre el 85% y el 90% de su presupuesto para atender a sus SPF, pese a no gastar más que la media. Esto implica, a la vez, que las primeras disponen de más recursos que las segundas para atender los gastos en desarrollo regional. Los autores del informe inciden en que estas diferencias sustanciales son preocupantes en general porque cuestionan la solidaridad interterritorial, pero más aún en este momento, en el que nos enfrentamos al reto de reconstruir las economías regionales tras la crisis derivada del COVID-19.
En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, los gastos en SPF por habitante se sitúan en la media (99,7%), pero para alcanzar ese nivel que aproxima los servicios a los de las demás regiones, dichos gastos absorben el 87,6% de los ingresos netos de la comunidad. En 2018, la autonomía dispuso de 17.285 millones de euros de ingresos no financieros que, una vez descontadas las transferencias a otras administraciones, los intereses de la deuda y los gastos en servicios generales y seguridad, dejaban 13.370 millones de euros disponibles para SPF e iniciativas de desarrollo regional.
De esa cifra, 12.997 millones, el 97%, se destinaron a servicios públicos fundamentales, de modo que solo el 3% restante se pudo emplear en ayudar al impulso económico de la región, medidas de protección del medio ambiente o apoyo a la I+D. Al suplementarse esos recursos para desarrollo regional con endeudamiento, el gasto en esas políticas ascendió a 1.947 millones de euros, pero, pese a eso, el gasto por habitante en esas partidas fue de 392 euros, el segundo más bajo, solo por delante de Murcia (376).
En la Comunitat Valenciana, dada su dimensión poblacional, realizar un gasto en desarrollo regional por habitante similar al de algunas autonomías que cuentan con más recursos implicaría incrementos de entre el 50% y el 120%, según la región con la que se compare. Por ejemplo, para igualar el gasto por habitante de Navarra, habría que incrementar los 1.947 millones disponibles con otros 2.376 millones. Los aumentos que igualarían la Comunitat Valenciana a las mejor dotadas representarían impulsos de demanda muy importantes, equivalentes a entre el 1% y el 2% del PIB valenciano, y ofrecerían mucho más margen para desplegar políticas de mejora de la competitividad.
En opinión de los autores del documento, “el Gobierno debería tener en cuenta las diferentes circunstancias financieras de las CC. AA. al diseñar y asignar los fondos extraordinarios destinados a la recuperación, pues la capacidad de respuesta de las economías regionales al impacto del COVID-19 es mucho más limitada en alguna de ellas. Mientras que no se adopten medidas para que los sistemas de financiación dejen de generar asimetrías, las comunidades que cuentan con menos recursos deberían recibir fondos para la reconstrucción de manera prioritaria, pues de otro modo esa reconstrucción se producirá a diferentes velocidades y existirá mayor riesgo de divergencia regional ”.
