En la antesala de la aprobación hoy en les Corts Valencianes de la Ley del Juego autonómica, un informe de Patim -ascociación para la prevención y tratamiento de adicciones en la provincia de Castellón- constata que en 2019 se produjo un incremento del 29% del número de pacientes con problemas de ludopatía que acudieron a sus centros de día, convirtiéndose la adición sin sustancia en un problema similar al de la cocaína, que supuso un 31% de las 1500 atendidos.

Desde Patim se hace hincapié en el aumento del porcentaje de personas con adición al juego y en reiteradas ocasiones a lo largo del año pasado mostraron su preocupación por el aumento de salas de juego en la capital de la Plana y en la provincia, lo que generó el rechazo de los agentes sociales que pidieron una regulación estricta que evitase la proliferación de este tipo de locales, algunos a escasos metros de la misma Universitat Jaume I (UJI).

En la Memoria de 2019 de Patim se observa la tendencia, que se consolida, del juego “como una de las principales causas por las que se demanda tratamiento ambulatorio. Representa el 29% de casos atendidos en el centro de día de Patim, afianzándose al mismo nivel que la cocaína, el 31%”. La tercera causa de consultas se centra en problemas de adicción al cannabis, con 23% de consultas”.

La coordinadora de Programas de Patim, Inma Galmés, resalta que un análisis a fondo de los resultados derivados de la atención de pacientes con adicciones sin sustancia “demuestra que el juego on line, en un 35% ha superado por primera vez al perfil más tradicional que representan las personas que apuestan a las máquinas B o tragaperras (32%), de forma presencial y que era el mayoritario hasta ahora. Además, un 6% de personas compatibiliza ambas prácticas”

Galmés recalca que “nos estamos enfrentando a la cuarta oleada en el ámbito de las adicciones, donde la principal conducta ahora son las personas con adicciones sin sustancia, especialmente el juego y su evolución on line”. Afirmación que refuerzan las consultas que recibe el área jurídica de la asociación, que  también detecta este incremento, «ya que se han intensificado las intervenciones para abordar los problemas legales asociados a la etapa de abuso en el juego de los pacientes”.

Patim  ha confeccionado un perfil del ludópata, “hombre de unos 40 años, con estudios equivalentes al bachillerato, con una vida normalizada y que mantiene su trabajo durante su etapa de abuso del juego. No obstante, en los últimos meses, se han incrementado las personas de entre 28-35 años cuya conducta mayoritaria es el juego on line»,  según el psicólogo de la entidad, Julio Abad.  Éste añade también que la brecha de género se hace más evidente en esta conducta porque apenas hay casos de mujeres que acuden a terapia lo que denota que «existe una dificultad evidente para incorporarse al tratamiento”.

Patim atendió  el año pasado a 1.501 personas a través de 26 programas. El 52% de ellos estuvo dirigido a personas con adicciones, el bloque principal con el que trabaja la entidad,  y el resto, a otros colectivos. El presupuesto de la organización se mantuvo estable, aunque los recursos económicos disminuyeron un 4,14% respecto al ejercicio precedente, con un 52% de financiación pública y un 48% cubierto a través de los fondos propios.

Debate parlamentario de la Ley del Juego

El debate para aprobar la Ley del Juego autonómica fijado para hoy en el Parlamento autonómico valenciano llega tras el paréntesis abierto por la ralentización de la actividad originada por el Estado de Alarma que impidió su debate y tramitación en febrero pasado.

La ley se aprobará puesto que los tres partidos que sustentan el Pacto del Botánic, PSPV, Compromís y Unides Podem, tienen la intención de que salga adelante. Y ello, a pesar de las reticencias de los grupos de la oposición, los empresarios, el sector y hasta el sindicato UGT, que recordó la semana pasada que éste fue un proyecto, pionero en todo el país, que se hilvanó en un escenario económico distinto al presente.

La ley fija una distancia de 850 metros entre salones de juego y locales de apuestas y los centros educativos, pero excluye de esta medida a los locales de hostelería, que tendrán un máximo de dos máquinas tragaperras con un sistema de activación-por control remoto. Además, en los próximos cuatro años no se concederán nuevos permisos para abrir casas de apuestas o colocar máquinas.

Los firmantes del Pacto del Botànic defienden la regulación del sector porque «el juego es un peligro» y añaden que «esta ley no supondrá ningún cierre, sino que no permite que haya más concesiones cuando las actuales finalicen», Desde la oposición, PP y Ciudadanos alertan de que la ley supondrá la destrucción de 12.000 empleos y problemas añadidos al sector de bares y restaurantes, seriamente afectados por la crisis de la COVID-19.