La publicación en el BOE este viernes de la designación de aeropuertos y puertos de entrada internacionales puso en pie de guerra al empresariado y a los representantes políticos de la provincia de Alicante. Tanto desde la CEV como de distintas instituciones -Diputación de Alicante y Ayuntamiento de Alicante- como de otras asociaciones empresariales la reacción fue unánime en cuanto al desacuerdo por la decisión al quinto aeropuerto de España.

Desde CEV Alicante, se ha solicitado la intermediación del president de la Generalitat, Ximo Puig, ante la exclusión de Alicante-Elche del listado de aeropuertos de entrada a España en el proceso de desescalada.

Según la orden ministerial, los aeropuertos que actuarán como puerta de acceso internacional son: Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol y Palma de Mallorca. La orden publicada es de aplicación a vuelos de pasajeros con origen en cualquier aeropuerto situado fuera del territorio español y a buques de pasaje que presten servicio de línea regular.

Según la CEV Alicante, «la decisión del ministro José Luis Ábalos, es un ataque frontal y directo a todos los subsectores del turismo, especialmente al residencial, y a la economía provincial en su conjunto«. «Esta medida se suma a otras tomadas recientemente por el Ejecutivo nacional, como no autorizar el pase a la fase 1 de la desescalada de gran parte de la Comunidad Valenciana o los catorce días de cuarentena requeridos a personas que entren en el país».

Son medidas que «multiplican los daños socioeconómicos de la crisis por la Covid-19 que sufrimos y dejan aislado a uno de los territorios con mayor conexión internacional de España«.

Además, la patronal autonómica puso el acento en que «la elección de aeropuertos se ha basado en un listado de bases con ‘capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional’ desfasado y sin ningún sentido con la reducción de vuelos actual».

«Sin análisis, sin previo aviso, sin diálogo social, el Gobierno de España perjudica con esta medida a una provincia que aporta al PIB nacional mucho más de lo que recibe», según la CEV Alicante, que ha exigido que «se enmiende esta decisión cuanto antes«.

En la CEV está incluida Hosbec que ha advertido del riesgo de que se pierdan vuelos y de que con esta decisión se mande un mensaje negativo al turismo. A esta decisión, se suma la crítica sobre que se imponga la cuarenta a los visitantes que reciba nuestro país. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha reclamado una modificación y ha advertido del perjuicio para el turismo residencial, donde los promotores ha criticado duramente la decisión.

Mismo tono en el plano institucional

En el plano de las administraciones, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, aseguró que «están llevando al límite a la provincia de Alicante». El presidente provincial calificó la decisión de «arbitraria» y pidió a la Generalitat una reacción.

La vicealcaldesa de Alicante Mari Carmen Sánchez se manifestó en la misma medida y emplazó directamente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a “salir en defensa de nuestro turismo y a no dejar que se nos pisotee de la manera que lo está haciendo el gobierno central”.

“Esta decisión del Gobierno de España supone un ataque a nuestra provincia, a su economía, que tiene al turismo como uno de sus principales motores. Este es el golpe de gracia que faltaba para destrozar a Alicante. Es inadmisible que el quinto aeropuerto el país, que tuvo más de 15 millones de pasajeros el pasado año, no esté entre las prioridades del Gobierno”, declaró Juan José Sellés, presidente de Uepal.