La Conselleria de Economía Sostenible ha hecho las modificaciones presupuestarias que le ha pedido el Consell y ya se han desviado 57.500.000 euros a los autónomos, tal y como han informado a Economía 3 fuentes del departamento dirigido por Rafael Climent. Unas ayudas directas para las personas autónomas que ya se pueden solicitar a partir hoy de forma telemática desde la web de Labora y cuyo plazo terminará el próximo 4 de mayo.

Pero, ¿de dónde ha salido dicha partida prespuestaria? 27.261.400 euros procede de la línea Ivace Polígonos 2020; 1.500.000 euros del Capítulo II de gastos de funcionamiento de Labora; 2.000.000 de euros de Labora de la línea de proyectos singulares colectivos vulnerables; y, por último, 26.738.600 euros de la convocatoria de ayudas destinadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana dentro de la tercera fase de implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana. En concreto, dichas ayudas iban dirigidas a sufragar hasta el 35% del coste de inversión en maquinaria.

730 empresas se han quedado sin percibir las ayudas que habían solicitado para mejorar su competitividad y que sufragaban hasta el 35% del coste de la inversión en maquinaria

Esta última cantidad, y tal y como publicó ayer del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), forma parte de una partida que ha liberado la Conselleria de Economía Sostenible y que asciende a 31.980.000 euros y que estaba destinada a pymes industriales. Los 5.242.000 euros restantes de dicha línea se destinarán -tal y como han confirmado desde dicha Conselleria- a realizar un plan de reactivación Industrial posCovid-19 con medidas y ayudas económicas para relanzar la actividad de las empresas tras la parálisis que han sufrido como consecuencia de la crisis sanitaria. Esto significará la reorientación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana para adaptarlo a las nuevas necesidades económicas.

Igualmente, la desviación de esta partida de industria ha provocado que 730 empresas se queden sin percibir dichas ayudas que estaban previstas y que tal y como recoge la resolución publicada ayer en el DOGV, todavía no se había procedido a dictar la resolución de concesión de las mismas, cuyo plazo de presentación terminó a finales de febrero.

Dicha resolución del DOGV alega también que la suspensión de la tramitación de los procedimientos administrativos que ha tenido lugar como consecuencia del estado de alarma «no permitiría asegurar la resolución de las citadas ayudas antes del mes de agosto, ni la realización, en muchos casos, de las inversiones antes de finalizar el mes de octubre, pudiendo hacer claramente ineficiente la continuidad de esta convocatoria en las circunstancias actuales».