«El 80% del sector está abocado al cierre», afirma Francisco Zamora, presidente de la Federación Valenciana de los Empresarios de la Construcción (Fevec). Explica también que «las empresas estaban dispuestas a trabajar a beneficio cero para mantener a las propias empresas y las plantillas. Por ello, estas semanas ya se ha trabajado en precario para cubrir gastos».

Zamora no ve con buenos ojos el futuro «porque las empresas de nuestro sector no producen un material que luego se pueda vender. Es decir, cuando se retome la actividad no tenemos nada que vender ya que vivimos de lo que facturamos mes a mes. Y este es un sector que da trabajo en la Comunidad Valenciana a cerca de 87.000 trabajadores».

El presidente de Fevec explica también que «solo un 12% de las obras de la Comunitat Valenciana sigue en marcha porque son de interés general o urgentes al estar vinculadas a proyectos sanitarios o porque se tienen que apuntalar antes de cerrar por completo».

Entre las tres provincias existen cerca de 15.300 empresas vinculadas a la construcción, en las que trabajan de forma directa unas 87.000 personas y otras 50.000 lo hacen de manera indirecta.

Por ello, la patronal del sector reclama al Gobierno que «en este período  de ocho días se haga cargo de los salarios, abra una moratoria para el pago de impuestos y ofrezca un crédito especial para el sector».

Adelanta también Francisco Zamora, que las empresas, desde el lunes, están cerrando, solo están atendiendo los servicios urgentes que puedan solicitar las distintas administraciones y desde Fevec estaremos de guardia en régimen de teletrabajo por si nos demandan las administraciones que busquemos alguna empresa para atender dichas urgencias».

Este Real Decreto Ley no resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos. Por lo tanto, la ejecución de las obras que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos puede continuar. Es decir, si una obra fue contratada o se contratase por el procedimiento de emergencia por las causas concernientes a la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, podrá continuar.