Las penas que recoge el Código Penal contra el intrusismo sanitario «son ridículas y demasiado «benévolas«, lo que propicia una elevada tasa de reincidencia, hasta el punto de que se estima que unas 30.000 personas cometen en España intrusismo profesional de forma continuada.

Así lo han puesto de manifiesto los presidentes de colegios de médicos y expertos en derecho sanitario que han participado en foro organizado por la agencia Efe sobre Intrusismo Sanitario, en el que han destacado que sale «demasiado barato» cometer este delito pese a los graves riesgos que conlleva para la salud pública.

El presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV), Carlos Fornes, ha considerado que la legislación sobre intrusismo profesional, que ha definido como «el ejercicio de actividades profesionales por una persona no autorizada», es muy «benévola» tanto en multas como en las penas de prisión que contempla.

Este delito, recogido en el artículo 403 del Código Penal, puede conllevar el pago de una multa de 12 a 24 meses o una pena de prisión de seis meses a dos años, aunque para que se dé este último caso el culpable debe haberse atribuido públicamente la condición de profesional y tener un establecimiento abierto al público en el que ejerce la actividad para la que no está cualificado.

«Es un disparate si lo comparas con otros delitos, como el acceso no autorizado a una historia clínica, que conlleva penas de entre uno y cuatro años de prisión», ha lamentado Fornes, para quien esta diferencia en las penas «es desproporcionada» ya que, «en el caso de intrusismo, se pone en riesgo la salud de las personas».

Ha indicado igualmente que ahora mismo ocurre que, cuando se detecta y condena un caso de intrusismo, en la mayoría de los casos con penas que no implican entrar en prisión, el autor «se muda al pueblo de al lado o a la comunidad vecina y sigue ejerciendo hasta que lo pillan otra vez, para lo que pueden pasar años», pues generalmente la gente no denuncia hasta que se produce alguna lesión.

El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez, ha señalado que «si el espíritu de una sanción es corregir o reeducar, pero la persona reincide inmediatamente tras cumplir su sanción, no has cumplido lo que pretendías». Sánchez se ha mostrado partidario de elevar las penas por intrusismo y ha recalcado que, en ocasiones, ni siquiera se puede controlar o sancionar a los que practican intrusismo «porque si no son médicos, quedan fuera del ámbito de los colegios«.

En la misma línea se ha expresado la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, Maribel Moya, quien ha denunciado que «sale muy barato» cometer intrusismo, porque la pena de prisión pocas veces se cumple y porque las multas son «irrisorias».
«Ejercer como médico sin serlo durante un mes comporta la misma pena que hacerlo durante veinte años», ha añadido, lo que supone una situación «ridícula que puede incitar a la gente a cometer intrusismo».

Cómo pararlo

Sobre la responsabilidad para frenar el intrusismo sanitario, los expertos reunidos en el Ateneo de València apuntan tanto al ciudadano como a la administración.

El secretario del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana, Vicente Montalvá, ha afirmado que la administración es «una de las patas más cojas» del sistema, «por la falta de control y lo kafkiano de no poder hacer inspecciones en un establecimiento de cuya apertura no se tiene noticia«, ya que solo controlan aquellos que se han inscrito en algún registro.

«Pero los usuarios también tienen que centrarse y saber en manos de quién ponen su salud, porque incluso pueden darse situaciones que conlleven daños o lesiones», ha afirmado Fornes, que ha coincidido con Sánchez en que el paciente a veces se deja guiar «por criterios economicistas o por informaciones falsas o sesgadas» y «deja de ser lo suficientemente crítico».

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid ha añadido que «cualquiera puede ir por la calle en una ciudad española y ver un cartel de un establecimiento en el que dice que ahí trabaja una persona que es esteticista, que tiene un aparato láser para curar determinadas enfermedades de la piel, da masajes y hace terapias tipo reiki», ante lo cual deberíamos preguntarnos «qué tipo de profesional es esta persona».

En opinión de Montalvá, el ciudadano acude confiado a este tipo de establecimientos porque piensa que «si está abierto es porque está todo correcto, no tiene por qué tener una sospecha permanente».

Por ello, Moya ha considerado que la colegiación es «una de las mejores maneras para combatir y prevenir el intrusismo» y ha llamado a utilizar el registro estatal de los colegios de médicos para saber si un profesional está o no cualificado y, en el caso de los ópticos y optometristas, Montalvá ha señalado que la presencia de un optometrista titulado es imprescindible para que una óptica esté abierta al público.

«Cuanto más regulada esté y más controles tenga una profesión, menos intrusismo y menos situaciones polémicas de este tipo se dan«, ha considerado Moya, que ha lamentado que se trate de un «problema absolutamente normalizado».