Los ayuntamientos en los que gobierna el Partido Popular maniobran para reclamar su cobro. En el tema de las cuentas no hay tregua. Tras la comunicación del Ministerio de Hacienda a los consistorios de que, al igual que a las autonomías, no se les trasladará directamente el IVA que dejaron de percibir por el ajuste que hizo el anterior ministro Montoro con la puesta en marcha del nuevo sistema de información en el año 2017, los alcaldes van tomando posiciones.

El partido que dirige Isabel Bonig ha dado instrucciones a los ayuntamientos de la Comunitat con alcaldes populares para que presenten y aprueben mociones desde sus consistorios en las que se inste al Consell a que reclame formalmente al Ministerio de Hacienda las referidas cuantías adeudadas por dicho concepto en el plazo de 15 días; así como a emprender, en su caso, las acciones legales que correspondan para la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana.

Aunque, el Gobierno propone, al igual que a las regiones, mecanismos o medidas como la relajación del déficit para suavizar las implicaciones financieras de este menor ingreso; el portavoz del Grupo Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Jorge Azcón, ya anunció, tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que los alcaldes del PP acudirán a los tribunales para reclamar el IVA, que cifra en 750 millones de euros.

Aquí, en la Comunitat Valenciana, la presidenta de los populares y síndica en Les Corts, Isabel Bonig ya ha presentado dos requerimientos: una solicitud al president de la Generalitat, Ximo Puig por la que insta a que el Pleno del Consell apruebe y ordene el requerimiento de forma legal dirigido al Consejo de Ministros para el pago a la Generalitat de los 281 millones de euros aproximadamente correspondientes a su participación en el IVA de 2017; y otra al propio Consejo de Ministros.

El alcalde de Elche, Carlos González, en una presentación. | E3 archivo

Boning le recuerda a Puig el «deber inexcusable de defensa de los ingresos de la hacienda pública de la Generalitat, siendo que, además, dichos ingresos integran el Patrimonio de la Generalitat». Y le advierte sobre la posible «incursión en responsablidad contable de los miembros del Consell ante el incumplimiento de la obligación de defensa de los ingresos de la hacienda pública».

El segundo requirimiento dirigido al Gobierno alega que «el pago de los tributos cedidos a las comunidades autónomas es una obligación para el Gobierno», y que por tanto, debe satisfacerse la mensualidad pendiente del IVA de 2017, «a fin de que la Generalitat pueda satisfacer el pago de los servicios públicos sobre los que ejerce las competencias de conformidad con el Estatuto de Autonomía».

Dando además cuenta del acuerdo al Consell, a Les Corts, al Gobierno y a las Cortes Generales.

En dicha moción, que irán aprobando los consistorios valencianos populares en los próximos días, se especifica que este «incumplimiento» supone que la Comunitat dejará de percibir unos ingresos que ya han sido incorporados formalmente en sus presupuestos, lo que compromete la posible ejecución de los mismos, en políticas de servicios públicos valencianos, dependencia, sanidad, educación o para reparar los daños de los últimos temporales como la Dana o la última borrasca Gloria.

Los ayuntamientos

En el caso de otros consistorios valencianos, como el Ajuntament de València, el alcalde, Joan Ribó, ha asegurado que estudiarán “seriamente” la posibilidad de reclamar el IVA de 2017. “Quiero estudiarlo con los servicios correspondientes para ver cómo planteamos el tema”, detalló en el día de ayer.

Si bien, Ribó opina que «de alguna manera, es cargarle a este Gobierno una deficiencia del anterior», aunque reconoce que es «una deuda que se tiene con esta casa». «Vamos a analizar seriamente este tema para ver si lo tenemos que pedir o no”, ha subrayado el primer edil.

Al ser cuestionado sobre el Ayuntamiento de Santander, que ya ha amenazado con llevar al Gobierno a los tribunales, Ribó ha apuntado que conoce a la alcaldesa santanderina -Gema Igual (PP)– y “la campaña que está haciendo un partido de la derecha”. “Lo que no hará nunca este Ayuntamiento es ir de la mano de determinadas posiciones políticas, que quede claro”, ha garantizado.

Por su parte, Carlos González, alcalde de Elche, ha destacado en declaraciones a Economía 3 que «somos conscientes de que el IVA está pendiente por dos razones, una por el cambio en el sistema de computo aprobado por Cristóbal Montoro, y otra por la no aprobación de los presupuestos del 2019, que es lo que realmente ha provocado ese retraso en los pagos. Pero lo realmente importante es que el Ministerio y la FEMP lleguen a un acuerdo que nos permita, de una u otra forma, recibir las cuantías que se adeudan, ya que para los municipios de gran población suponen cuantías significativas». En el caso de Elche según las primeras aproximaciones podríamos estar hablando de un millón de euros.