Las conclusiones de la comisión de EMT por el fraude podrían estar en 2 meses

La presidenta de la comisión que investiga el fraude de 4 millones de euros sufridos en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, la concejala socialista Elisa Valía, estima que en un «par de meses» podría presentar un borrador de las conclusiones.

Según ha señalado a EFE la responsable de Ciclo Integral del Agua y Participación Ciudadana, su «compromiso» es proponer a los integrantes de la comisión un calendario «en un plazo razonable» para presentar las conclusiones y, a partir de ahí, planificar una sesión para debatirlo y otra para cerrar la versión final.

«Hablamos de un par de meses», comenta Valía, quien valora la «flexibilidad» que han mostrado los integrantes de la comisión y hace hincapié en que elaborar las conclusiones «es un trabajo que requiere horas de dedicación».

La edil señala que la comisión «no es un juzgado» ni sus miembros son jueces, y «no busca responsabilidades ni culpas que respondan a un delito» sino determinar qué «circunstancias y condiciones» han facilitado que en la empresa se haya podido cometer ese fraude y sobre todo, para el PSPV, «qué falló» para que no vuelva a repetirse.

«En el marco del fraude, está claro lo que ha pasado y todo el mundo tenemos nuestra opinión sobre quién es más o menos culpable, pero en cualquier caso serán los jueces quienes nos digan a quién se le puede imputar responsabilidades directas en la desaparición de los 4 millones», indica.

A su juicio, ese no era el objeto de la comisión porque «para eso hay un juzgado». «No tendría sentido que nosotros llegáramos a unas conclusiones distintas que no tienen ningún poder de aplicarse», advierte.

Lo que pretendía, además de determinar qué ha facilitado el fraude, era valorar por qué «la empresa en veinte días no se dio cuenta y fue el banco el que tuvo que llamar para alertar».

«Cuánto habríamos estado pagando si la llamada no se produce, al margen de la responsabilidad del banco, que queda claro», se pregunta la concejala, para quien es «complicado controlar» que alguien «tome decisiones, engañada o no, ya lo dirán los jueces, sobre una acción concreta de una persona por su cuenta y riesgo».

El objeto de la comisión, además de determinar qué ha facilitado el fraude, es valorar por qué «la empresa en veinte días no se dio cuenta y fue el banco el que tuvo que llamar para alertar».

Según Valía hay «unanimidad» en que es un caso de órdenes de pago con firmas falsificadas pero «la clave es que la empresa no se dio cuenta».

«Se mandan órdenes de pago con firmas falsificadas por un canal no habitual de facturación que no es el de un proveedor normal. Es una cuestión anómala pero la cuestión no es esa, sino si tú, como empresa, no tienes absolutamente ningún mecanismo para detectar salidas importantes de dinero», resalta.

Elisa Valía afirma que los jueces «no van a dirimir si la empresa tenía que haberse dado cuenta o no, sino quién posibilitó el fraude y quién es el culpable», mientras el objeto de la comisión era «ver sobre todo qué falló en toda la EMT, y para el Partido Socialista para garantizar que no vuelva a pasar».

Añade que fallaron los protocolos habituales de control de tesorería y «en ese marco se creó la comisión, no para determinar quién es el culpable».

La concejala subraya que para el PSPV las conclusiones de la comisión debían ser vinculantes «desde el primer minuto», y aplaude que para su socio de gobierno, Compromís, como dijo el alcalde, Joan Ribó, también lo sean.

Valora que la comisión se haya desarrollado «con todas las garantías» y todos «han podido preguntar lo que han querido y tener su espacio para sacar conclusiones».»Todos tenemos clara la foto de lo que ha pasado», resalta Valía, quien aspira a «lograr el máximo consenso y que las conclusiones sean vinculantes por unanimidad».