Air Nostrum afirma que las ayudas respetan la legislación y que todavía no las ha cobrado

La Comisión Europea (CE) ha anunciado la apertura de una investigación sobre los nueve millones de euros en ayudas públicas que el Gobierno de la Generalitat Valenciana pretende conceder a la aerolínea Air Nostrum para renovar su flota con aviones más sostenibles y eficientes.

Ante la apertura de dicha investigación, tras la denuncia de Ryanair, tal y como desvelan fuentes de la compañía aérea, sobre las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana a Air Nostrum “para el desarrollo de un proyecto estratégico de carácter sostenible en el sector aéreo, en el marco del establecimiento del plan de acción para la transformación del modelo económico valenciano”, la compañía se reafirma en que «el convenio de ayudas por el que se ha abierto dicha investigación respeta toda la legislación autonómica, nacional y comunitaria y que el plan de renovación de flota que está llevando a cabo implica la sustitución de aviones antiguos por aeronaves de nueva generación más eficientes tecnológica y medioambientalmente».

Las mismas fuentes recuerdan también que el Banco Europeo de Inversiones «ya respaldó este proyecto en julio de 2017, aprobando líneas de crédito basadas en la reducción de las emisiones de C02 y el menor consumo de carburante de los nuevos aviones que están sustituyendo a los CRJ200 y CRJ900 en la flota de Air Nostrum».

El comunicado remitido desde Air Nostrum  hace hincapié también en que  «el sector del transporte ya ha contado con este tipo de ayudas diseñadas para favorecer inversiones que minimizan el efecto medioambiental en sus flotas«. Y, por último, las mismas fuentes revelan que «hasta el momento Air Nostrum no ha cobrado ninguna de las ayudas autorizadas».

La compañía cuenta con el respaldo del president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha mostrado su desacuerdo con la apertura de una investigación por parte de la Comisión Europea sobre ayudas a Air Nostrum y ha precisado que el expediente se abrió «después de una denuncia de una operadora aeronáutica».

Puig ha declarado también que «todo lo que está relacionado con la cuestión aeronáutica tiene viejos litigios de patentes vinculados a algunas operadoras principales».

El jefe del Consell ha señalado que lo que ha hecho la Generalitat es «intentar ayudar a empresas valencianas para el gran combate de este tiempo, que es la lucha contra el cambio climático e intentar ayudar a la innovación dentro del marco que pensamos que es el adecuado».

A partir de ahí y de la apertura de ese expediente, «nosotros informaremos cuál ha sido nuestro hacer en esta cuestión», aunque «pensamos que es un expediente que se pone en funcionamiento después de una denuncia de una operadora aeronáutica y responderemos, y si alguna cuestión no está bien hecha, pues asumiremos lo que corresponda», ha declarado.

Puig ha agregado que siempre van a «defender el interés de las empresas valencianas y el tejido productivo para que tengan posibilidades de tener una presencia clara en sectores estratégicos como la aeronáutica, que nadie tenga la menor duda».

En concreto, lo que busca Bruselas es determinar si el plan de la Generalitat viola o cumple la normativa en materia de ayudas estatales de la Unión Europea (UE).

Por su parte, el Ejecutivo comunitario ha precisado que, en el marco de sus proyectos para «estimular el desarrollo económico de la región», el Gobierno valenciano aprobó en 2018 otorgar a Air Nostrum una subvención «por un importe máximo de tres millones de euros».

Además, la CE ha señalado que la comunidad autónoma tiene intención de conceder otra subvención «por un importe máximo de seis millones de euros» durante el período 2019-2020.

El objetivo de estas medidas es apoyar la renovación de la flota de la compañía aérea mediante la adquisición de aeronaves más respetuosas con el medioambiente.

Según Bruselas, España sostiene que la medida entra en el ámbito de aplicación de las normas sobre protección medioambiental del Reglamento general de exención por categorías (RGEC). Por tanto, no sería necesario notificarla para que la Comisión la evaluase.

El RGEC y las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medioambiente y energía permiten a los Estados miembros apoyar medidas que tengan «una incidencia positiva» en el medioambiente, como la reducción en el consumo de combustible o los gases de efecto invernadero.

Sin embargo, para ser conformes con las normas de la UE en materia de ayudas estatales, es preciso que estas medidas «respeten determinadas condiciones» que garanticen «el efecto positivo deseado en el medioambiente».ç

Entre otros aspectos, el apoyo debe incentivar al beneficiario a invertir en la opción más respetuosa con el medioambiente o permitirle incrementar el nivel de protección medioambiental derivado de sus actividades.

La ayuda también debe limitarse «al mínimo necesario» y no «falsear indebidamente la competencia en el mercado único«, ha enumerado la Comisión.

El Ejecutivo de la UE ha resaltado que en la actualidad «alberga dudas» de que los nueve millones de euros entren dentro del ámbito de aplicación del RGEC y cumplan las directrices sobre ayudas estatales para proteger el medio ambiente.

En concreto, Bruselas no está segura de que la ayuda tenga un «efecto incentivador» y, por ese motivo, se analizará si la decisión adoptada por Air Nostrum en 2017 de adquirir diez aeronaves Bombardier CRJ-1000 más eficientes en términos de consumo de combustible «fue consecuencia directa de la ayuda», tal y como exigen los requisitos establecidos en el RGEC y en las directrices, o si la inversión se habría realizado incluso sin la ayuda pública.

En ese sentido, la CE ha recordado que Air Nostrum ya había renovado su flota con dieciocho aeronaves Bombardier CRJ-1000 antes de 2017 sin recibir dinero público.

Por otro lado, la Comisión ha apuntado que el Reglamento general de exención por categorías solo se aplica a las medidas que pretenden apoyar las inversiones realizadas por la aerolínea beneficiaria.

De acuerdo con el RGEC, para que un arrendamiento financiero pueda considerarse una inversión, el contrato de arrendamiento financiero tiene que establecer la obligación y no solo la posibilidad de comprar la aeronave. En la actualidad, la Comisión tiene dudas de que el tipo de arrendamiento financiero utilizado por Air Nostrum cumpla esa condición.

Bruselas ha destacado que la apertura de una investigación no prejuzga el resultado del análisis.

«Invertir en la renovación de una flota mediante la adquisición de aeronaves más respetuosas con el medioambiente es, en principio, una buena iniciativa, que la Comisión respalda», ha admitido la CE.

Sin embargo, ha añadido que conceder ayudas a empresas que habrían invertido de todas formas en aeronaves más ecológicas «solo serviría para reducir sus gastos de explotación ordinarios mientras sus competidores tendrían que soportarlos sin ayuda».