El exalcalde de Alicante por el PSOE Gabriel Echávarri y dos de sus entonces asesores municipales, Eduardo Díez y Pedro de Gea, han negado la existencia de un supuesto delito de fraccionamiento de contratos cometido desde la Concejalía de Comercio, en la primera sesión del juicio que se celebra desde hoy en la Audiencia de Alicante por el llamado ‘caso Comercio’.

Los tres se enfrentan a una posible pena de 10 años de inhabilitación, a petición del Ministerio Fiscal, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por la adjudicación directa de hasta 25 contratos menores, por un importe inferior a 18.000 euros cada uno de ellos, pero por una suma global de 189.000 euros.

Todos ellos se tramitaron entre noviembre y diciembre de 2016 y se agrupaban en torno a la organización de la Gala de Premios del Sector, a diversas inversiones en mercados municipales y a la contratación de campañas publicitarias sobre el comercio local.

El primero en comparecer ha sido Echávarri, quien se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la Fiscalía y se ha limitado a explicar, a preguntas de su letrado, que él no tuvo ninguna intervención en la tramitación de esos 25 contratos bajo sospecha.

También a preguntas de su abogado, Echávarri ha subrayado que él no tenía ningún vínculo personal ni relación de interés con las empresas con las que se concertaron dichos contratos, aunque ha apuntado que sí conocía a esas mercantiles.

Los tres acusados niegan los cartos y aseguran que la contratación corrió a cargo de los técnicos municipales

El segundo en prestar testimonio ha sido el exjefe de Gabinete de Alcaldía, Eduardo Díez, quien también se ha negado a responder al fiscal.

En respuesta de su propio abogado ha explicado que él solo intervino en cuatro de los 25 contratos en discusión y que su labor se limitó a «sancionar» con su firma digital que tenía instalada en su ordenador aquellas facturas relacionadas con la contratación de publicidad institucional o actos de protocolo, previamente supervisadas y «filtradas» por los técnicos.

En su testimonio, Díez ha insistido en manifestar que, a su juicio, esos 25 contratos no guardaban ninguna relación entre sí y que no constituían una unidad funcional, por lo que no podía entenderse que existía un fraccionamiento de contratos.

Por último, el entonces asesor de la Concejalía de Comercio, Pedro de Gea, que también se ha negado a responder al fiscal, ha subrayado que nunca recibió «directrices» de Echávarri ni de nadie sobre «cómo ni con quién» se debía contratar desde la Concejalía de Comercio.

Igualmente se ha referido a la organización de la Gala de Premios al Comercio para señalar que su contratación corrió a cargo de los técnicos municipales que eran los que conocían las necesidades, puesto que se venía celebrando desde hacía veinte años. Entre esos técnicos, figuraba el jefe de Comercio, Diego Agulló, por lo que ha dicho no entender por qué había emitido un informe en el que expresaba dudas.

El tribunal accede a reproducir las declaraciones en fase de instrucción para cotejar si hay contradicciones

También ha apuntado que él no disponía de firma digital para poder sancionar ni firmar los contratos.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, a la vista de que los acusados se habían negado a responder a sus preguntas, ha solicitado que se reprodujese parte de las declaraciones recabadas durante la fase de instrucción, tras considerar que se había podido apreciar contradicciones respecto a cuál fue el grado de conocimiento del alcalde sobre los contratos en discusión.

El tribunal ha resuelto acceder a esa petición y se han reproducido esos testimonios.

El juicio prosigue este martes con la declaración de tres testigos: el actual alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP); el interventor municipal, Francisco Guardiola, y el jefe de Servicio de Comercio, Diego Agulló.