Las ‘telecos’ prescindieron de más 43.000 empleados desde su liberalización

La digitalización, la guerra de tarifas, las adquisiciones de empresas o el deseo de sanear balances ha empujado a las operadoras de telefonía a presentar sucesivos planes de regulación de empleo en España para más de 43.000 trabajadores desde la liberalización del sector a mediados de los 90.

A estos 43.000 empleados, la mayoría voluntarios, se sumarán los más de 3.000 que se calcula que salgan de Telefónica este mismo año a través de un Plan de Suspensión Individual de Empleo (PSI) que ha sido aprobado en el Consejo de Administración de la compañía el martes.

Más del 85 % de los empleados que han salido del sector -unos 37.000 personas- proceden de Telefónica, según fuentes sindicales -la empresa no ha facilitado datos-, el 100 % de forma voluntaria y todos ellos a través de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), excepto el último, el de 2016, que fue mediante un PSI, al que se acogieron 6.124 empleados. El resto de trabajadores han salido de Vodafone (alrededor de 5.400, de ellos casi 2.000 de Ono) y de Orange, algo más de 1.000.

El contrapunto a esta situación la ha puesto Masmóvil, que se creó en 2006, cuenta con 800 personas en plantilla, frente a las 300 que tenía hace 3 años, sin que haya planteado la posibilidad de ERE alguno, según han informado a Efe fuentes de la operadora.

A estos empleados que han salido hasta ahora de las tres grandes operadoras, se prevé que se sumen este mismo año otros más de 3.000 de Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones Informáticas, donde trabajan 21.500 personas, de los que 4.200 pueden acogerse a dicho plan, al tener 53 años o más.

Balance hecho por sindicatos

El hecho de que los «operadores estén a la vanguardia de la digitalización y robotización«, de que exista una «guerra comercial» entre compañías y los sucesivos procesos de integración de operadoras ha influido para que hayan optado por desprenderse de parte de la plantilla, ha indicado a Efe el responsable del sector de comunicaciones de UGT, Diego Gallart.

Las operadoras quieren sanear sus balances y se decantan por aminorar costes laborales, en la mayoría de los casos a través de prejubilaciones, y contratando a jóvenes. A esto se suman cuestiones, como el final de la red de cobre en las redes, en detrimento de la fibra óptica, «que se veía venir desde hace tiempo» y que tiene también impacto en el empleo, ha argumentado el secretario del sector de Telecomunicaciones de CC.OO, Jesús González.

Telefónica llegó a tener 75.000 empleados en 1991, cuando pertenecía al Estado, en un sector, que daba empleo a unas 130.000 personas, si se tienen en cuenta los proveedores de la compañía. La primera en irrumpir en el mercado español tras la liberalización del sector fue la antigua Airtel en 1995, actual Vodafone, compañía que ha presentado diversos ERE a los que se han acogido más de 5.400 empleados.

El primer ERE en Vodafone se planteó en 2002 cuando compró Airtel, al que se acogieron más de 500 personas. Vodafone es la única compañía que ha puesto en marcha ERE que no siempre han sido voluntarios, uno de los cuales CC.OO incluso llegó a llevar a los tribunales, aunque fue desestimada la demanda.

Cuatro años después de Airtel, entró en el mercado Amena, en 1999, que fue adquirida en 2005 por Fránce Télécom, que le cambió el nombre por Orange. En 2008, Orange planteó un ERE, al que se acogieron 600 personas, que se sumaron a las 496 que se apuntaron al de 2016, todas ellas de forma voluntaria.

Telefónica explicó esta misma semana en un hecho relevante que presentó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el objetivo de este plan que anunciaba era adaptar la plantilla a los desafíos futuros, que pasan porque más de la mitad de sus ventas se produjeran a través de canales digitales y por la modernización con nuevos despliegues de fibra.

La operadora española prevé que este plan tenga un impacto de generación en caja positivo, tal como reconoció la compañía, que prevé gastar 1.600 millones de euros en este PSI y ahorrarse 220 millones de euros anuales a partir de 2021.

EFECOM