La Asociación de Bloques y Viviendas Turísticas de Alicante (Abta) prevé encargar un informe propio sobre la legalidad de los apartamentos ofertados en tres de las principales plataformas online de alquiler -Airbnb, Homeaway y Booking- en respuesta a la escasa implicación de los ayuntamientos y de Turisme de la Generalitat. “Hemos valorado empezar a jugar un papel activo en la lucha contra el intrusismo ante la inactividad de la Administración”, ha afirmado el presidente de Abta, Alfredo García Galipienso.

De esta manera, Abta se suma a las actuaciones que en este sentido ya ha realizado la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca (Aptur).  En su opinión, a pesar del auge claro de este tipo de alojamiento, desde la Administración “no están tomándose en serio ” las nefastas consecuencias que un mercado «desordenado» puede tener para la imagen y la reputación de una Comunidad y una provincia que vive en gran medida del turismo.

Según García Galipienso, apoyar la profesionalización del sector, y adoptar las medidas que sean necesarias para que se preste al turista un servicio de calidad, son dos de las claves para evitarlo.  “Para la Administración debería ser prioritario propiciar viviendas turísticas que se alquilen con plena transparencia y todas las garantías”, ha subrayado.

Ampararse en la falta de medios -como han declarado tanto el director general de Turismo, Herick Campos, como el secretario autonómico, Francesc Colomer, en varias ocasiones- no justifica, en su opinión, “la falta de previsión” y la actual carencia de medidas eficaces de control en un tema que no es nuevo.  “¿De qué nos sirve tener un régimen normativo y sancionador estricto que regula su legalidad si luego no se tiene la capacidad de controlar su cumplimiento?”, se pregunta.

Ayer mismo, el director general de Turismo anunció que su departamento va a contratar a una empresa externa especializada para incrementar las inspecciones sobre la oferta de alojamiento ilegal que centrará su búsqueda en las redes sociales, páginas web y aplicaciones. «Nos parece bien que lo hagan, pero la magnitud del problema requiere algo más que anuncios«, afirma el presidente de Abta. Hace un año también se recurrió a la externalización pero en aquel momento fue para realizar un seguimiento de las ofertas regladas.

Según Alfredo García, el informe que va a encargar la asociación empresarial que preside cotejará la información disponible en las plataformas online y recabará datos sobre las condiciones de las ofertas realizadas por particulares y empresas gestoras. “Vamos a intentar aflorar cuánto hay de ilegal”, explica.

Los resultados del análisis serán puestos a disposición de la Administración. Esta medida persigue, además de colaborar en la medida de lo posible, ser también un toque de atención : si una asociación, “a pesar de sus modestos recursos” es capaz de tomar decisiones y acometer acciones, la Generalitat y a los ayuntamientos deberían reflexionar sobre ello y recalibrar su capacidad de acción y el alcance de sus posibilidades. «No deberían ser las asociaciones empresariales las que tomen la iniciativa en esta materia.  Nuestro papel es colaborar, no ser inspectores«, lamenta el presidente de Abta.

Ausencia de datos

Según las estimaciones que maneja Abta, en la Comunidad Valenciana existen actualmente en torno a 60.000 viviendas turísticas regladas, una cifra que ha aumentado mucho en los últimos años. De ellas, entre el 60 y el 70% se encuentran en la provincia de Alicante. Sobre el volumen de apartamentos turísticos no legalizados, existe una total carencia de datos oficiales ligada al mismo problema no resuelto de la escasez de medios, según Alfredo García.