La Diputación de Castelló destina 50.000€ para combatir la pobreza energética

La Diputación de Castelló destina 50.000 euros para ayudar a combatir el empobrecimiento energético en municipios de menos de 20.000 habitantes. Estas ayudas serán por un máximo de 500 euros persona o familia al año, lo que permitirá acceder a fuentes de energía a personas en riesgo de exclusión. La media fue acordada en la Junta de Gobierno celebrada hoy.

Las bases, ratificadas por todos los grupos políticos con representación en la Diputación, recogen una cantidad estimada de 50.000 euros para este 2019 y contempla una serie de requisitos que deberán cumplir las personas con riesgo de exclusión social que soliciten las ayudas. 

La vicepresidenta provincial y encargada de Bienestar Social, Patricia Puerta, resaltó la  “prioridad” de la institución provincial por  “ayudar a las personas de nuestros pueblos que más lo requieren, porque todos deben disponer de los servicios esenciales para su día a día, trabajo en el que debemos implicarnos todas las administraciones porque hay muchos ciudadanos que nos necesitan”.

Para poder acceder a las ayudas deberán encontrarse empadronados en un municipio de la provincia de Castellón con población inferior a los 20.000 habitantes. Junto a ello, disponer de un contrato con una empresa comercializadora de energía eléctrica, gas o agua potable en la vivienda que constituya la residencia de la persona o la unidad de convivencia.

De forma paralela, hay que presentar acreditación documental de impago de un recibo o requerimiento de la empresa suministradora o del arrendador donde se señale el corte de suministro por el impago de los recibos de suministro de energía eléctrica, gas o agua potable en el año 2019. A ello se une el tener unos ingresos en la unidad de convivencia que no superen la cuantía mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), establecida para el año 2019 en 548,90 euros, en el momento de la valoración de la necesidad de acceso a la subvención económica.

Los beneficiarios tendrán por su parte una serie de obligaciones: cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la prestación económica, justificar ante la entidad colaboradora el cumplimiento de los requisitos, someterse a las actuaciones de comprobación y comunicar a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas o ingresos que financien el objeto de la prestación económica asignada.

A las ayudas también pueden acceder los ayuntamientos de poblaciones con menos de 20.000 habitantes, mancomunidades y consorcios de municipios para la gestión de las prestaciones personales garantizadas de servicios sociales, a los efectos de llevar a cabo la asignación y entrega a la población beneficiada de la dotación económica establecida por la corporación provincial. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 6 de septiembre.