El Decreto 38/2019 de 15 de marzo del Consell, que viene a aprobar el reglamento de desarrollo de las políticas de actuación del IVF, pertrecha jurídicamente al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para funcionar como un banco privado en el cobro de deudas y proceder a la venta de crédito deteriorado “a precio de mercado”, tal y como reconocía, su director general, Manuel Illueca al ofrecer explicaciones sobre la “mal llamada quita” del 70% de deuda al Grupo Zeta para permitir su compra por parte de Editorial Prensa Ibérica (EPI) -de la que es accionista el president de la Generalitat, Ximo Puig-.

“Este tipo de operaciones nos convenía tenerlas reguladas y cuanto más claras, mejor. Debe quedar claro que seguimos el derecho privado para este tipo de operaciones de restructuración y por ello necesitábamos la regulación que precisa una entidad financiera”, ha concretado Illueca al mencionar el reglamento.

No obstante, después de que la oposición haya afeado al president Puig, que siendo accionista del Diario Mediterráneo (EPI), participó en la votación del Decreto 38/2019, el director general ha aclarado que el reglamento aprobado empezó a tramitarse el 5 de septiembre de 2018, y no fue hasta el 11 de febrero de 2019 cuando llegó al IVF la oferta de EPI que planteaba adquirir el crédito por el 30% de su riesgo vivo, de ahí que haya negado que fuera esta operación la que originó el decreto.

De hecho, aunque la operación se firmó con el decreto en vigor, Illueca cree que se podría haber firmado sin estarlo, dado que el Instituto se sujetaba a derecho privado en esta operación, –de hecho, el Institut Català de Finances (ICF) la firmó sin la cobertura de un decreto similar–.

Sin embargo, el director del IVF prefirió esperar “a tener la cobertura legal máxima”. Es más, el acuerdo previo alcanzado para la venta de crédito deteriorado (con la rebaja del 70%) estaba condicionado a la firma del decreto.

De este modo, el IVF se sumó a la banca privada y vendió el préstamo al 30% de su riesgo vivo, lo que en la práctica supuso perdonar el 70% del crédito que le adeudaba Grupo Zeta, cerca de 1,3 millones de euros, para facilitar la entrada de EPI.

Del total de los dos préstamos inicialmente otorgados por IVF a una imprenta de Biar de Grupo Zeta de algo más de 6,1 millones de euros, el banco público ha llegado a recuperar 4,8 millones.

Illueca ha defendido que la operación se realizó con parámetros profesionales, ya que disponían de un informe de Deloitte que concluía que, de no haber facilitado la operación con Prensa Ibérica se podría haber frustrado el pacto y llegar a perder todo lo prestado, los 1,856 millones a los que de facto se había reducido la deuda en ese momento. «Si Grupo Zeta iba a la liquidación solo hubiéramos podido recuperar como máximo entre el 18-31% de esa cantidad», ha explicado Illueca tomando como referencia el informe.

“De este modo nos aseguramos el 30%, exactamente lo que habíamos provisionado cuando se reconoció un tramo no sostenible de la deuda”.

Illueca ha recordado que en 2009 el Grupo Zeta decidió reestructurar la deuda e hizo el préstamo sindicado de 99 millones, en el que entró el IVF con una participación en el pool de 1,86 millones. “En aquel momento se podría haber tomado otra decisión pero entiendo que se consideró que por las garantías cruzadas era esta la más acertada”. No es hasta 2017 cuando realmente se vieron las evidencias de la insuficiencia financiera para hacer frente al crédito.

Preguntado si el IVF tenía conocimiento de que Puig era accionista del periódico Mediterráneo con el 1,2 % de las acciones, ha manifestado que esta cuestión se desconocía por parte del Instituto, sin embargo ha reconocido que el president se interesó por la operación porque “estaba en todos los medios de comunicación».

Si bien, ha reiterado que Puig «nunca ha dado luz verde ni luz roja a ninguna actuación del IVF, porque si algo le ha caracterizado ha sido el máximo respeto a las decisiones técnicas del IVF».

Illueca ha defendido que su actuación al frente del IVF en este asunto siempre ha sido minimizar pérdidas al banco del Consell. Preguntado asimismo por el Institut Català de Finances (ICF), el otro banco público entrampado, que en su caso rebajó la condonación al 46% del total, en lugar de al 70%, Illueca ha manifestado que “ en euros las pérdidas del ICF fueron mucho mayores» y que «al poner dinero fresco en una situación muy delicadas contó con garantías adicionales”, “nuestra condición fue la de no hacer más quita que nadie y entrar en los mismos términos que la banca comercial”, ha añadido.

Sobre el mantenimiento del empleo en el diario Mediterráneo (que ha sufrido despidos) tras la compra del Grupo Zeta por parte de Prensa Ibérica, el director del IVF ha argumentado que con un 1,8 % de participación en el crédito sindicado de la banca al Grupo Zeta era «difícil imponer condiciones» y no se planteó al entender que «no iba a ser aceptado».

Reconoce que la venta de crédito es una cuestión excepcional, pero lo cierto es que a preguntas de Economía 3, admite que sobre la mesa se están valorando ventas de otros activos deteriorados. Entre ellos, una operación por el Fondo Tirant, que entre las operaciones de mayor cuantía habría que anotar el crédito a Kelme, y otra con el Fondo Emprendimiento, en la cual hay interesado un fondo valenciano al que el IVF le podría vender su participación.