El Botànic II comienza la legislatura con un remanente de tesorería negativo de 2.600 millones de euros, 974 millones más de déficit que en 2017 cuando las cuentas anuales registraron -1.626 millones. De este modo, según las cuentas generales de la Generalitat para el ejercicio 2018, el importe del remanente de tesorería vuelve a niveles de 2015, último año del gobierno del PP e inicio de la primer gobierno presidido por Ximo Puig, en el que se contabilizaron -2.593 millones.

Según reza el balance de la Generalitat, el remanente de tesorería «es una magnitud de carácter financiero que representa el excedente de liquidez a corto plazo que la entidad tiene en la fecha de cierre del ejercicio». Representa la liquidez acumulada (o la necesidad de financiación, en caso de ser negativo) de la entidad pública y constituye un indicador de su salud financiera, es decir, si la Generalitat tiene dinero para pagar todo lo que debe pagar.

En tan solo un año de mandato, el gobierno de PSOE y Compromís consiguió reducir este indicador en 929 millones el remanente de tesorería, pasando de los -2.593 millones de 2015 a los -1.664 millones de 2016, cifra similar a la que se registró en 2017. Sin embargo, en su último año de mandato, el gobierno del Botànic ha vuelto a aumentar el déficit de esta magnitud financiera.

Según fuentes de la conselleria de Hacienda consultadas por Economía 3, el remanente de tesorería aumenta respecto a 2017 por dos razones. La primera de ellas se debe a una disminución de los fondos líquidos de la Generaltitat de 456 millones, «producto de un importante aumento de los pagos».

El otro motivo es el aumento en 471 millones en las obligaciones pendientes de pago, sobre todo, las recogidas en los capítulos II y IV. «Por lo que hace al capítulo II, y a título de ejemplo, se puede apuntar que en el último pleno del Consell del año se aprobaron resarcimientos de Sanidad por importe de 85 millones de euros», apuntan desde Hacienda.

Respecto al capítulo IV del presupuesto, «se tramitaron muchas subvenciones por el método del confirming por parte de la conselleria de Igualdad», indican. A 31 de diciembre de 2018 habían en Fase P (contabilizado, pero no pagado) un total de 425 millones de euros.

Estado del remanente de tesorería a fecha del 31 de diciembre de 2018. Fuente: Cuentas Generales Generalitat 2018.

«No es un problema de gastos, sino de ingresos»

Por otro lado, según apuntan desde la conselleria de Hacienda, la Comunitat Valenciana no tiene un problema de gastos, sino de ingresos. «Mientras siga siendo la comunidad autónoma pero financiada de España, valoración que no solo han realizado expertos, sino también la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en sede parlamentaria, no se acabaran los problemas de tesorería», apuntan fuentes de la conselleria.

Continúan exponiendo que una prueba de este problema es que a 31 de diciembre de 2018, la Comunitat, sin contar gastos financieros, seguía a cuatro puntos en gasto per capita por debajo de la media de las Comunidades Autónomas, según datos del IGAE y el INE, además de a 7,5 puntos en términos presupuestarios según datos de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local y el Instituto Nacional de Estadística.

«El Consell del Botànic gastó en 2018 un total de 1.600 millones de euros menos que el del PP en 2010. Aún así, hemos sido capaces de atender las necesidades sociales de los valencianos y establecer políticas de impulso económico», explican desde Hacienda.

El déficit registrado en 2018 en la Comunitat Valenciana fue del 1,29%, la mitad que el registrado en 2014 (-2,6%), mientras que en 2015 fue del -2,54%; en 2016, de -1,55%; y en 2017, de -0,82%.

«Renunciar a un gasto como el de la media, supone considerar a los valencianos ciudadanos de segunda. Los valencianos tienen el derecho político y moral a no ser castigados respecto al resto de ciudadanos españoles. Lo que seguimos reivindicando es una financiación justa y adecuada a los servicios que merecen los valencianos», aseveran desde la conselleria.

Añaden que si queremos acercarnos al nivel de servicios y bienestar de la media española, debemos incrementar el gasto. En caso contrario, «no convergeremos nunca e implicaría perder en sanidad, enseñanza, igualdad, servicios sociales, inclusión, dependientes y familias».

«Estamos legitimados para pedir para los valencianos los mismos servicios que disfruta el resto de las comunidades autónomas. En 2018 no llegamos a la media de gasto, pero es posible que en 2019 finalmente, sí lleguemos», concluyen desde Hacienda.