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Entrevista a Vicent Cucarella

“Se puede llevar una contabilidad cuidadosa pero prestar un servicio público ineficaz”

El Síndic Major de Comptes pasa revista de los avances y deficiencias en materia de transparencia y fiscalización de las instituciones valencianas

Vicent Cucarella, Síndic Major de Comptes de la Generalitat Valenciana. | Foto: Archivo E3

Una de las materias clave para el Gobierno del Botànic en la legislatura, que está a punto de concluir, es la transparencia de las instituciones y el control y fiscalización de los gobiernos y entidades que conforman el sector público valenciano. Para determinar el alcance real de esta transformación y conocer de cerca uno de los órganos encargados de esta tarea, entrevistamos a Vicent Cucarella, Síndic Major de la Sindicatura de Comptes.

-Existen en la administración valenciana numerosos órganos públicos que tienen como objetivo velar por una correcta gestión de los fondos públicos y llevar a cabo una fiscalización de la administración y de los políticos. ¿Son efectivos? ¿Son suficientes?

-Efectivamente, cada vez hay más cultura de la fiscalización, tanto interna como externa. En los últimos años, se ha puesto en valor la importancia del control exhaustivo de los ingresos y gastos públicos. Las nuevas tecnologías de la información y la administración electrónica permiten implantar más controles automáticos. A esto se le suma el enorme trabajo que realizan los interventores, que también se muestran más exigentes que en épocas pasadas. Y posteriormente llega el control externo que efectúa la Sindicatura de Cuentas. Todos estos niveles de control resultan bastante efectivos, pero nunca serán considerados suficientes, puesto que siempre hay que asegurar que se realiza una adecuada gestión del dinero público.


“Tenemos que procurar ser eficientes conjuntamente y evitar las duplicidades”.

Ahora bien, la existencia de estos niveles obliga a replantearse la función de cada uno de ellos según las circunstancias. Tenemos que procurar ser eficientes conjuntamente y evitar las duplicidades. La Sindicatura efectúa un trabajo muy importante en el ámbito de la auditoría financiera y de cumplimiento de la legalidad, pero la mejora en estas áreas nos permite dedicar más recursos a las auditorías operativas, que estudian la economía, la eficacia y la eficiencia de la gestión pública y que sirven para mantener los servicios públicos prioritarios en cualquier administración, especialmente en aquellas con problemas financieros.

-La Sindicatura de Cuentas examina y censura las cuentas, pero también se encarga de asesorar a Les Corts en cuestiones económicas. ¿Cuál de las dos funciones es la más recurrente o tiene más peso?

-La tarea de asesoramiento a Les Corts tiene un peso muy inferior a las que realizamos en el ámbito de la fiscalización del sector público valenciano, tanto autonómico como local. Ahora bien, las auditorías operativas que he comentado casan bien con esa idea de asesoramiento al sector público, tanto de la Generalitat Valenciana como de los municipios o las diputaciones provinciales. Este tipo de auditoría intenta responder a preguntas como, por ejemplo: qué tipo de gestión resulta más eficiente para prestar un determinado servicio, qué forma de organización muestra mayor eficacia, etc.

-¿Cree que la política ha avanzado en materia de transparencia y lucha contra el fraude en los últimos años?

Indudablemente se ha avanzado mucho. Después de destaparse múltiples casos de corrupción, las administraciones públicas se han puesto más exigentes. Existen más controles internos automáticos, más interés por la transparencia y el control, con la existencia de una Conselleria de Transparència, y también más contundencia en la lucha contra el fraude, con la creación de la Agència Valenciana Antifrau. Y aunque la lucha contra el fraude no sea la tarea principal de la Sindicatura, nosotros siempre hemos colaborado, remarcando todos los indicios de responsabilidad contable observados durante nuestras fiscalizaciones, así como otros indicios de posible corrupción.

-En las auditorías y estudios que se han realizado desde tu nombramiento, ¿cuáles han sido los principales problemas detectados en el sector público? Y, en especial, en aquello que atañe al fraude, ¿qué tipo de casos han sido los más habituales?

-Hay algunas observaciones recurrentes en nuestros informes de fiscalización, como son los incumplimientos de algunos requisitos de la contratación pública o la insuficiencia de presupuesto para cubrir los gastos realmente efectuados. Pero, en muchos casos, la irregularidad se ha cometido por falta de diligencia, por mala planificación o por falta de presupuesto, no porque se intuya mala intención.


“En muchos casos las irregularidades se han cometido por falta de diligencia, mala planificación o falta de presupuesto, no porque se intuya mala intención”.

Por ejemplo, es bastante habitual que llamemos la atención sobre posibles fraccionamientos de contratos. Detrás de esa práctica puede haber una intención premeditada para reducir el importe de cada contrato y evitar la publicidad, la concurrencia y el obligatorio proceso de selección competitiva, propios de los contratos de mayor importe. Pero también puede ser consecuencia de una mala planificación en las necesidades de los servicios a licitar, que acaban provocando un fraccionamiento involuntario.

-¿Cómo se puede pasar de unas administraciones limpias sin actividades fraudulentas a unas administraciones que, además, sean eficientes y promuevan una utilización sostenible y equitativa de los recursos?

-Efectivamente, se puede cumplir la ley y llevar una contabilidad cuidadosa, pero prestar un servicio público ineficaz o construir una infraestructura innecesaria. Por eso es tan importante el avance observado en los aspectos financieros y de cumplimiento de la legalidad, de forma que cada vez se puedan dedicar más recursos al análisis de aspectos relacionados con la economía, la eficacia y la eficiencia de la gestión.

Justamente es uno de los objetivos establecidos por la Sindicatura en el Plan Estratégico 2019-2022. Avanzar en eficiencia no solo es importante desde la perspectiva de una comunidad autónoma que tiene que estirar el dinero debido a la infrafinanciación que sufre; sino que también resulta imprescindible ante los problemas financieros futuros. Me refiero a un doble hecho que nos puede conducir en breve a economías estacionarias o en decrecimiento, en las cuales será difícil aumentar los ingresos públicos.


“El cambio climático y la llegada al cénit en el ritmo de extracción de algunos combustibles fósiles limita el crecimiento económico”.

Por un lado, el cambio climático nos obliga a una disminución rápida del consumo de combustibles fósiles y, por lo tanto, imposibilita seguir creciendo en términos económicos; por otra parte, la llegada al cénit en el ritmo de extracción de algunos combustibles fósiles (principalmente el petróleo) limita igualmente el crecimiento económico, puesto que las energías renovables tienen importantes limitaciones y dependencia de recursos cada vez más escasos. Cada vez será más importante establecer prioridades en los servicios públicos y asegurar la manera más eficiente de prestarlos para garantizar el estado del bienestar.

-Parece que la rueda de la fiscalización nunca debería de acabar. Quién fiscaliza también debería de ser fiscalizado y así sucesivamente. ¿Cómo se puede demostrar a la ciudadanía que se puede volver a confiar en las instituciones?

-Encuentro que se ha mejorado sustancialmente. Y no me refiero al simple cambio de cargos públicos que llevaban mucho tiempo gobernando, sino a un cambio en la sensibilidad de la opinión pública y un aumento en las medidas tomadas contra la corrupción. Sin embargo, considero que la sociedad todavía tendría que ser más crítica y castigar más contundentemente las malas prácticas.

Quiero creer que la ciudadanía sabe apreciar el esfuerzo de varias instituciones para reducir el nivel de corrupción. Y, por supuesto, las instituciones que fiscalizan y controlan también tienen que ser fiscalizadas.

Vicent Cucarella, Síndic Major de Comptes de Generalitat Valenciana.

-¿Quién fiscaliza a la Sindicatura?

-A la Sindicatura nos fiscaliza una empresa privada de auditoría, de solvencia reconocida. Recientemente en la prensa se ha insinuado que nadie fiscalizaba a la Sindicatura, pero esto no es cierto y resulta fácil comprobarlo, puesto que se incluye en la Memoria anual de la institución.

-¿Cómo es la relación entre Les Corts y la Sindicatura de Comptes? ¿Es más de servicio o de control?

-Existe una buena relación entre Les Corts y la Sindicatura. Aunque la Sindicatura tiene independencia funcional, está orgánicamente adscrita a Les Corts. También hay que recordar que la Sindicatura efectúa un servicio de asesoramiento y fiscalización de Les Corts, porque lo solicitaron. Es el único parlamento español con un informe de estas características y esto da buena muestra del interés demostrado para avanzar en transparencia y gestión.

De hecho, las recomendaciones que efectúa la Sindicatura a Les Corts son bien recibidas y muestran interés en aplicarlas. También es cierto que los grupos parlamentarios han puesto algunas pegas a las recomendaciones de la Sindicatura y del presidente de Les Corts en cuanto a implantar un mayor control de las subvenciones recibidas y de los gastos en transporte.

-¿Y entre la Sindicatura y el Tribunal de Comptes?

-La relación es muy buena y con un nivel elevado de colaboración. Con la Fiscalía del Tribunal de Comptes tenemos firmado un protocolo de actuación para mejorar la coordinación cuando la Sindicatura detecta presuntas irregularidades, que tendrán que continuar por la vía jurisdiccional, en la que no tenemos competencias.

Además, existe una buena coordinación entre la Sindicatura, el Tribunal de Cuentas y el resto de órganos de control externo (OCEX), que facilita efectuar trabajos conjuntos. Es habitual planificar algún tipo de fiscalización homogénea y conjunta que de abasto a todo el territorio español.

Por otro lado, también existe una gran colaboración para usar conjuntamente la plataforma de rendición de cuentas de las corporaciones locales o para compartir software concreto en materias de fiscalización o de administración electrónica. Esta relación ha dinamizado la tarea fiscalizadora de todos estos órganos.

-¿Es a día de hoy más fácil cometer fraude en los ayuntamientos que en instituciones autonómicas o provinciales? ¿Por qué y como podría evitarse?

-Creo que cada vez es más difícil cometer fraude, en cualquiera de los ámbitos que has comentado. La Administración de la Generalitat está bastante controlada, así como las grandes corporaciones locales. Esto representa la mayor parte del presupuesto del sector público.

Podría pensarse que los ayuntamientos pequeños tienen menos control (interno y externo) y que algunos entes públicos quedan en una situación fronteriza entre el sector público y el privado para huir de la fiscalización. Pero tanto en un caso como en el otro se ha avanzado mucho en los últimos años. En el ámbito local porque la Sindicatura realiza informes generales de control interno, de rendición de cuentas o de análisis de las advertencias de los interventores locales, para determinar qué municipios se incluirán en el programa anual de actuación.


“Podría pensarse que los ayuntamientos pequeños tienen menos control, pero la Sindicatura realiza informes de control interno para determinar qué municipios se incluirán en el programa anual de actuación”.

En cuanto al sector público instrumental, este se ha reducido durante la crisis y se ha definido mucho mejor la naturaleza de cada ente. En la reciente modificación de la ley de la Sindicatura se nos ha añadido la tarea de mantener un inventario de entes actualizado para evitar cualquier fuga de nuestro ámbito subjetivo de actuación.

-¿Cree que se han conseguido los objetivos marcados cuando asumiste el cargo de Síndic Major?

-Me siento satisfecho de lo que hemos hecho durante estos tres años. Yo procedo del ámbito de la investigación económica, sin vinculación política, y fui escogido Síndic Major con la consideración de persona independiente y de consenso. Desde el primer momento, hemos querido seguir reforzando ese carácter con informes de calidad interesantes, objetivos, imparciales.

Durante estos años hemos hecho  partícipes a los funcionarios de la Sindicatura en los análisis de los riesgos y en la propuesta de las áreas, departamentos y municipios a fiscalizar. La comisión técnica de auditoría hace propuestas muy interesantes que el Consell de la Sindicatura procura valorar para diseñar el programa anual de actuación. Es una muestra más de la objetividad con la que trabajamos.

También se ha concluido la modificación de la Ley de la Sindicatura, que en general ha sido un gran avance y, por ejemplo, ha ampliado el ámbito subjetivo de actuación y ha dotado a la Sindicatura de la capacidad de imponer multas coercitivas a los entes que no colaboran.


“Es un gran avance que la Ley de la Sindicatura haya dotado a la Sindicatura de la capacidad para imponer multas coercitivas a los entes que no colaboran”.

Por otra parte, estamos avanzando en la implantación de la administración electrónica en las gestiones, con las aportaciones de especialistas en la materia.

También procuramos que nuestros informes sean comprensibles por la opinión pública, por lo que los últimos años  incluimos un resumen en el inicio de cada informe con los rasgos más destacados de la fiscalización.

Además, recientemente hemos aprobado un plan estratégico para los próximos años que profundiza en muchas de de estas cuestiones y también presta atención a riesgos futuros sobre los que hay que empezar a actuar.

-Habla del Plan Estratégico de la Sindicatura hasta 2022. ¿Qué líneas de actuación prevé este documento para luchar contra el fraude y posibilitar un sector público libre de malas prácticas?

Hemos considerado que hay cuatro ámbitos a los qué hay que prestarle un interés especial. En primer lugar, el cumplimiento de la legalidad, la transparencia y la lucha contra el fraude. Esto nos conduce a hacer frente a los riesgos existentes en la contratación pública, en la gestión de las ayudas y en la de los recursos humanos.

En segundo lugar, la discriminación que sufrimos en el sistema de financiación autonómica, tanto por la falta de equidad vertical (entre niveles de administración) como equidad horizontal (entre comunidades autónomas). Hay que prever los problemas de esta comunidad de mantenimiento de los servicios públicos, problemas financieros y devolución de la deuda.

El tercero sería la lucha para atenuar el cambio climático y el cenit en la extracción de combustibles fósiles, que nos conducirán a sociedades con menores posibilidades de crecimiento económico. En economías estacionarias o decrecientes no podemos esperar incrementos importantes de los ingresos y hay que decidir bien las prioridades en los servicios públicos y aumentar la eficiencia en su prestación.

Por último, el proceso de digitalización y administración electrónica conlleva una  adaptación a los nuevos avances tecnológicos, pero también un gran reto para proteger los datos de ciberamenazas, asegurar la interoperatividad, la adecuada clasificación de los datos, etc.

Nuestro interés es centrarnos en las áreas más relacionadas con la transparencia y el fraude, la contratación, los sectores sanitario, educativo y social, la ciberseguridad, la sostenibilidad medioambiental y el aumento de las auditorías operativas.

-¿En qué punto de progreso se encuentra el panorama valenciano de la transparencia y control de los gobiernos e instituciones en relación al resto de autonomías españolas y al Estado?

-El hecho de que actualmente exista la Conselleria de Transparència, la Sindicatura de Comptes y la Agència Valenciana Antifrau sitúa a la Comunitat Valenciana como una de las mejor dotadas en estos campos. En cuanto a la Sindicatura de Comptes, tengo que reconocer que está muy valorada como un órgano de control externo rápido en su trabajo, con personal muy calificado y considerada un referente en algunos aspectos, como son las auditorías de sistemas de información o las auditorías operativas. Me da la impresión que habitualmente se valora más el trabajo de la Sindicatura desde fuera de nuestro territorio.

-Un poco de autocrítica. ¿En que podría haberse puesto más énfasis o atención en estos últimos años? 

Creo que nuestro trabajo todavía no es suficientemente conocido por la ciudadanía y, por lo tanto, habrá que seguir mejorando la divulgación de nuestra tarea; también pienso que durante la modificación de la Ley de la Sindicatura se hubiera podido avanzar más en algunos aspectos concretos; por otro lado, también habrá que insistir en el carácter independiente e imparcial de la Sindicatura, puesto que observo falta de conocimiento de estos aspectos entre la opinión pública.

A buen seguro que habrá más aspectos de los que poder hacer autocrítica, pero no creo que sean excesivos porque la Sindicatura es una institución que ya lleva muchos años de experiencia. Por eso quiero aprovechar para poner en valor el gran equipo humano que encontré en la Sindicatura cuando llegué, así como la reconocida profesionalidad del Consejo. Ellos facilitaron mi adaptación a un órgano al cual valoraba por sus trabajos, pero desconocía sus dinámicas internas.

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