Sábado, 27 de Abril de 2024
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Adicae exige una autoridad independiente de protección al cliente financiero

Adicae exige una autoridad independiente de protección al cliente financiero

La asociación de consumidores Adicae ha pedido a los partidos políticos que concurren a las elecciones del próximo 28 de abril la creación de una autoridad independiente de protección al cliente financiero, así como un marco legislativo de préstamo hipotecario sostenible. Adicae ha hecho públicas este sábado 65 propuestas de cara a esas elecciones, en las que incluye el control y la regulación efectiva de las comisiones bancarias, así como la regulación urgente de las tecnofinanzas, las conocidas como ‘fintech’ e ‘insurtech’.

También reclama a los partidos que establezcan mecanismos de protección y sanción en el consumo con empresas que no tienen su sede social dentro del territorio europeo, y que regulen de forma específica y renovada los sitios de comercio electrónico o ‘marketplace’ para blindar los derechos de los consumidores. Asimismo, pide crear un marco legislativo de préstamo hipotecario sostenible, en concordancia con las condiciones sociales y laborales actuales.

También propone aplicar tasas a los propietarios con viviendas vacías para contribuir a que salgan al mercado de alquiler y que las viviendas de promociones privadas que no se vendan en tres años desde su finalización pasen durante cinco años a formar parte de la bolsa de viviendas en alquiler.

Adicae también reclama fijar un índice de precios máximos por zona para los alquileres en relación al salario mínimo interprofesional, el nivel de renta por habitante de cada zona y la tipología de la vivienda a arrendar.Asimismo, esta asociación quiere que los honorarios de intermediación en los alquileres no recaigan sólo sobre los propietarios que son personas jurídicas, sino también en el caso de que sean personas físicas.

En cuanto al servicio eléctrico, Adicae pide que se rebaje el IVA aplicable del 21% al 4%. Esta asociación también quiere que se establezca un marco jurídico que elimine las prácticas de obsolescencia programada de los fabricantes de productos y reforzar la acción colectiva para favorecer la solución de los grandes casos de abusos y fraudes de consumo.

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