El presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (Aefa), Francisco Gómez, ha afirmado hoy que el anuncio electoral de llevar al 99% las exenciones del impuesto de sucesiones y donaciones realizado ayer por el president de la Generalitat y candidato a la reelección por el PSPV-PSOE, Ximo Puig,  son «medias tintas» porque  esa exención debería ir acompañada de un aumento de las actuales bonificaciones. En su opinión «lo que se debería hacer es eliminarlo de una vez, igual que han hecho, por ejemplo, en Murcia, en Madrid o en Canarias«.

Según ha explicado Gómez, la bonificación del impuesto ha bajado en los últimos años del 95%  al 50% actual, lo que sitúa a los empresarios familiares  de la Comunidad Valenciana en una situación de «agravio territorial» con respecto a otras comunidades autónomas y también de desventaja en cuanto a su competitividad. «Ser empresario familiar en la Comunidad Valenciana supone ser, en este sentido, empresario de tercera«, ha lamentado. Para evitar esta disparidad de criterios la tendencia ha de ser, asegura,  la unificación en materia fiscal. » No tiene sentido que haya 17 impuestos distintos«, ha subrayado.

El presidente de Aefa ha afirmado que el impuesto de sucesiones y donaciones se produce, además, en un momento  muy delicado para las empresas  como es la transmisión generacional. «Si de verdad creen nuestros gobernantes, como afirman, que las empresas familiares somos el soporte de la economía,  lo que deberían hacer es quitar el impuesto«, ha manifestado.

Francisco Gómez ha añadido que, no obstante, el anuncio de Ximo Puig  ha sido el único paso hacia adelante realizado en este sentido en muchos años y afirmó alegrarse por ello. «Algo hemos conseguido«, concluyó.

El jefe del Consell y candidato realizó este anuncio ayer al término de un diálogo público, en clave electoral, mantenido con el presidente de Cev Alicante, Perfecto Palacio, organizado por la plataforma “Volem més” en Alicante. Según expuso, la repercusión de la medida sobre el presupuesto – como consecuencia de la reducción de los ingresos-  sería de entre 2 y 7 millones de euros.