Felipe Benjumena. | E3

Inversión Corporativa (IC) y otros accionistas de Abengoa han demandado al Banco Santander y HSBC por daño patrimonial de 1.000 millones, al imponer la salida de Felipe Benjumea de la empresa e impedir así que el 14 de septiembre de 2014 se firmara la ampliación de capital que Abengoa tenía prevista.

IC, Finarpisa y Ardachón han interpuesto sus demandas ante los juzgados de Primera Instancia de Madrid, porque «cuando ya estaban negociadas las condiciones» para la ampliación de capital de Abengoa de 650 millones, «el Banco Santander impidió la firma de la carta compromiso de aseguramiento al imponer la nueva condición de la salida del presidente de Abengoa, lo que HSBC consintió», según un comunicado remitido a Efe por IC.

Las accionistas han decidido demandar tras «el análisis» realizado por «peritos extranjeros y nacionales de las firmas Brattle y Accuracy» para «cuantificar el daño causado» por esta actuación de las entidades financieras, que impidió la firma ese día de la ampliación de capital y provocó un colapso de liquidez a la compañía, «abocándola a acogerse al preconcurso de acreedores».

Según este análisis pericial, IC, Finarpisa y Ardachón sufrieron una «pérdida patrimonial superior a los 1.000 millones de euros, además de dejar de ser el accionista mayoritario de referencia», ya que «su 51,35 % de representación política en la sociedad se ha diluido hasta el 2,9 % actual».

En su nota, los demandantes señalan que la sentencia de la Audiencia Nacional el 11 de enero de 2018, recoge como hecho probado que el mismo día en el que se iba afirmar la carta compromiso de aseguramiento de la ampliación de capital, anunciada por Abengoa el 3 de agosto de 2015, el Banco Santander «impuso de manera novedosa y sorpresiva para firmar la operación el cese del presidente ejecutivo, Felipe Benjumea, y su salida del Consejo de Administración».

Una condición «desconocida inicialmente por HSBC el día de la firma, aunque posteriormente consentida», lo que impidió la firma del documento, «pues HSBC debía volver a someter nuevamente a su comité de riesgos la aprobación de la operación con un presidente distinto».

Según los accionistas demandantes, todo ello lanzó «a los operadores financieros, consultores, asesores y al mercado en general, un mensaje en contra de la situación financiera de Abengoa», que además de «injustificado generó una oleada de especulación e incertidumbre y la total pérdida de confianza en la sociedad que impidió la operación».

Así, cuando el 23 de septiembre de 2015 se firmó la carta y Benjumea fue cesado, «hecho que aumentó la especulación y la incertidumbre», los demandantes sostienen que Abengoa «había traspasado el punto de no retorno, sufriendo cancelaciones de líneas de liquidez, impidiendo que la operación se pudiera presentar al mercado y debilitando la liquidez de la sociedad hasta que no pudo atender sus obligaciones financieras y entró en proceso de preconcurso el 25 de noviembre de 2015».

Por todo ello, consideran a las entidades financieras responsables del daño patrimonial sufrido por las accionistas y por el que ahora las demandan. EFECOM