Los grupos parlamentarios recuerdan la reivindicación de la financiación
El silencio sobre la reforma de la financiación autonómica en el discurso de Ximo Puig no pasó desapercibido en los grupos de Les Corts. El presidente tuvo que asegurar que se va a desgañitar en la defensa del nuevo modelo de financiación: «No voy a admitir que los valencianos estemos discriminados», declaró y solicitó el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
La intervención de cariz más electoralista correspondió a la portavoz del grupo popular, Isabel Bonig, que basó su intervención en acusar al «gobierno del Titanic» de catalanismo y separatismo. Bonig desenterró el argumento de la lengua como argumento de oposición al discurso oficial.
Centró sus críticas en la política educativa y las dirigió al conseller Marzá, recordando las sentencias judiciales que han desmontado algunos de sus proyectos. Bonig recordó que el actual sistema de financiación autonómica fue aprobado mientras gobernaba Rodríguez Zapatero. La réplica de Puig empezó por calificar de mitin la intervención de Bonig y la acusó de difundir «fakes news», para repasar las acciones que ha tenido que realizar el Consell para revertir la situación de quiebra reputacional y económica que dejó el anterior gobierno.
El portavoz de Podem, Antonio Estañ, centro su intervención en las carencias que todavía presenta la Comunitat Valenciana: el bajo índice de conciliación, la pérdida de poder adquisitivo, la precarización del mercado de trabajo, la escalada de los alquileres, las listas de espera, la pervivencia de los barracones, … También alertó del peligro de la reactivación de los PAI’s que puedan derivar en una nueva burbuja inmobiliaria. Gestión de residuos, sostenibilidad, protección del territorio o la reforma de los gobierno provinciales o las políticas de igualdad fueron algunos de los temas que Estañ califica de pendientes.
La respuesta del presidente del Consell a la intervención del portavoz de Podem fue mucho más mesurada y en un tono de conciliación. Sobre los peligros que alertó Estañ, Puig enumeró las iniciativas legislativas y administrativas para combatir la economía sumergida, proteger el territorio o dignificar el empleo. Puig defendió la existencia de grandes empresas que proporcionan producción a las pymes y recordó que ya se ha producido un cambio en el tejido industrial hacia la calidad y no hacia los precios. El presidente agregó que algunos asuntos, como la política turística, debe ser negociada y consensuada con los sectores empresariales.
Fuera del hemiciclo, el conseller de Hacienda aseguró que la reivindicación de un nuevo sistema de financiación se mantiene. Añadió que se ha producido un cambio de actitud en el gobierno central y aseguró que seguirá exigiendo una reestructuración de la deuda, al tiempo que recordó la asunción de la deuda de La Marina por parte del gobierno central.
Carmen Sánchez, de Ciudadanos, siguió con la senda de hacer juegos de palabras del Pacto del Botànic por Chasco del Botànic. La diputada puso el énfasis en lo que calificó fracaso del pacto, sin diálogo y luchas por el poder. La educación y la sanidad fueron las áreas más criticadas por la diputada de Ciudadanos, sin olvidar temas de corrupción como el caso Divalterra.
Sánchez recordó la eliminación de aulas concertadas y el mantenimiento de los barracones y acusó las políticas lingüísticas de chantaje y de imposición de la inmersión de la enseñanza en valenciano. Reprochó a Puig su pasividad ante la política desarrollada de Marzá y, ya pasando a la sanidad, destacó la subida de las listas de espera o la aparición de brotes de sarampión. También Soler fue objeto de críticas por el apoyo prestado al techo de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que entra en contradicción con la reforma del sistema de financiación.
Puig, en su primera réplica, matizó las críticas de Sánchez, admitiendo que todavía no se han resuelto en su totalidad los retos de la sociedad valenciana, pero que se ha avanzado mucho en los últimos tres años. Calificó de buenas algunas de las propuestas de la diputada de Ciudadanos y aseguró que muchas de ellas ya se están ejecutando.
En la segunda réplica, por el contrario, se mostró menos conciliador, especialmente en lo referido al problema catalán, cuando Sánchez aludió a la presencia de lazos amarillos en algunas localidades. «Aquí no tenemos ese problema. Hay que ser más prudentes y tener una mentalidad más abierta. No se puede estar echando más gasolina. Hay que aceptar las singularidades en España» y advirtió que tirar de ese argumento tiene un claro matiz electoralista.
Fran Ferri, portavoz de Compromís, abundó en los datos positivos del gobierno autonómico. En su discurso dijo que el Pacto del Botànic ha significado el fin de la corrupción, de los recortes en enseñanza o los logros de las políticas de empleo, tanto para jóvenes como para mayores. «Somos un gran país, no un gran PAI», aseguró cuando se refirió a las políticas medioambientales.
No se olvidó de la reivindicación del sistema de financiación. Recordó que «somos un territorio empobrecido que financiamos autonomías más ricas«, pidió la inmediata revisión de dicho sistema y emplazó a Puig a defenderlo ante La Moncloa. También reclamó las competencias de cercanías y la consiguiente inversión para mejorar el sistema. También abogó por la eliminación de las Diputaciones, «una estructura territorial del siglo XXI y no del XIX». Una estructura territorial que no repita en València el centralismo madrileño.
Ferri terminó su discurso expresando su deseo de que se repita el Pacto del Botànic en las próximas elecciones autonómicas.
Puig le respondió insistiendo en el trabajo en común, entendiendo la diversidad, sin hacer de la lengua un caballo de batalla «para que sea la comunidad de todos«. Afirmó que durante lo que ha sido «titanic» ha sido «la reconstrucción de la esperanza de un país. Hay que hacer una alianza efectiva para seguir mejorando la vida de los ciudadanos». Aludió también a que la única propuesta existe para la reforma del modelo territorial es la del gobierno valenciano, basada en la cooperación con las entidades locales.
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