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Inseguridad jurídica

Necesitamos una nueva cultura tributaria

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Socio del área fiscal de Andersen Tax & Legal
Andersen Tax & Legal
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Las continuas modificaciones de la normativa tributaria, así como el cambiante criterio en su interpretación por los distintos órganos administrativos y judiciales (Dirección General de Tributos, DGT; Tribunal Económico-Administrativo Central y regionales, etc.), ponen de manifiesto la falta de seguridad jurídica existente en España en el ámbito tributario. Aunque el principio de seguridad jurídica debería ser el eje vertebrador de cualquier ordenamiento jurídico, la realidad con la que nos encontramos es muy diferente.

La introducción de cambios en la normativa fiscal mediante continuos “parches”, con redacciones cada vez menos acertadas y criterios doctrinales –tanto administrativos como jurisdiccionales– en constante contradicción, hace difícil poder afirmar que la seguridad jurídica se aplica en esta materia.

Sin ser el objeto entrar en cuestiones excesivamente técnicas, no podemos dejar de mencionar, a modo de ejemplo, algunos de los recientes temas que avalan esta tesis:
> Deducibilidad de los intereses de demora liquidados en actas de inspección.
> Deducibilidad de la remuneración de los administradores.
> Liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) cuando no existe incremento.

Conviene señalar especialmente por su relevancia, la problemática inherente a las operaciones que pueden acogerse al régimen fiscal especial del Impuesto sobre Sociedades, tales como fusiones, escisiones, canje de valores y aportaciones no dinerarias, en las que, cumpliendo determinados requisitos, permite el diferimiento de los impuestos de forma global en IS, IVA, IIVTNU, IRPF y ITP/AJD.

Cuando son revisadas por los órganos de Inspección, es habitual que sean cuestionadas con interpretaciones muchas veces subjetivas, en relación a los motivos económicos válidos, resultando regularizaciones de importes desproporcionados, que pueden llegar a poner en peligro la supervivencia del negocio, sin perjuicio de que los tribunales den la razón a los contribuyentes muchos años después.

Incertidumbre en materia fiscal
Estas situaciones no aportan nada más que incertidumbre a la hora de valorar los costes fiscales de determinadas operaciones, provocando incluso, en ocasiones, el no llevarlas a cabo por el posible riesgo fiscal inherente, aun cuando, desde una perspectiva económica y/o de negocio, sería lo más razonable.

La falta de claridad en la normativa, la disparidad de los criterios de los organismos administrativos y judiciales, las incongruencias en el trato de una misma materia en las distintas áreas del Derecho, la falta de mecanismos ágiles y rápidos para solventar los problemas que todo ello genera y la lentitud de los tribunales, nos obliga a afirmar que vivimos en un entorno demasiado inestable e incierto en esta materia.

En un contexto en que la marca España goza de gran valor y en el que la empresa española está en su plena madurez, con directivos altamente cualificados y un gran conocimiento de los diferentes mercados, quizás más importante que hablar de beneficios fiscales, sería dotar al sistema de la seguridad jurídica necesaria, mediante la implantación de las medidas oportunas, con la finalidad de atraer y asentar la inversión necesaria en el contexto económico actual.

La demanda de un marco normativo predecible, que reduzca al mínimo las situaciones de conflicto, es reclamada de forma continua en numerosos foros, donde los representantes del mundo empresarial solicitan al Gobierno estabilidad en materia fiscal para poder competir en un mundo globalizado y, al mismo tiempo, atraer inversiones a España.

Esta preocupación también existe a nivel internacional. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE han publicado su informe para los ministros de Finanzas del G20, sobre seguridad fiscal (“Tax Certainty”), que refleja lo universal de la preocupación.

El informe analiza la naturaleza de la inseguridad fiscal, sus principales causas y efectos sobre las decisiones empresariales y sugiere un conjunto de medidas para ayudar a los políticos y a las administraciones a moldear un entorno fiscalmente más seguro y tratar de dar respuesta a todas estas preocupaciones, que constituyen para cualquier país un reto normativo y de organización administrativa exigente y comprometido.

Propuestas de mejora
Las propuestas más relevantes son las siguientes:
1. Mejorar la claridad y reducir la complejidad de la normativa fiscal, evitando retroactividades inadecuadas y facilitando “vacatio legis” amplias siempre que sea posible.
2. Incrementar una actuación administrativa predecible y consistente, mediante la emisión normalizada de criterios administrativos.
3. Implantar mecanismos efectivos y rápidos de resolución de conflictos, neutrales e independientes, en el ámbito nacional e internacional, en forma de procedimientos amistosos o arbitrajes.
4. Consolidar la seguridad fiscal en el contexto internacional mediante la prevención de conflictos, con programas de cumplimiento cooperativo y acuerdos previos de valoración o inspecciones simultáneas, así como la actualización de los convenios para evitar la doble imposición, mediante el Tratado Multilateral resultante del plan BEPS, lo que ayudaría a solucionar muchos de los problemas existentes, en beneficio de la seguridad fiscal internacional.

En definitiva, podemos decir que es el momento oportuno de acometer el reto de establecer una nueva cultura tributaria, que revalorice lo público como eje de las políticas de bienestar, y recupere la seguridad jurídica y el principio de justicia, concibiendo la Ley General Tributaria como un código al servicio de la ciudadanía, fomentando la estabilidad de las normas y potenciando los mecanismos de realización de consultas y acuerdos previos con la Administración, así como los acuerdos en el seno de los procedimientos de comprobación e Inspección.

Se trata de un reto apasionante y que solo puede ser afrontado de forma conjunta por el Gobierno, la Administración y los contribuyentes, resultando aconsejable dar un golpe de timón y volver a empezar en la senda de una nueva cultura tributaria

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