Profesor de los Grados en Dirección de Empresas y Marketing Universidad CEU Cardenal Herrera

El 4 de abril se presentó el proyecto de los Presupuestos Generales para el 2017, la ley más importante, ya que concreta el gasto que se destina a las diferentes políticas públicas. En este caso, me voy a centrar en hacer un somero análisis del gasto de la Seguridad Social; las cifras detalladas están en el libro amarillo donde se recogen todas las partidas de gastos e ingresos de los presupuestos generales.

Antes de entrar en el desglose concreto de las cifras de este año, vamos a abrir el angular y dibujar la situación global y analizar cuál es el problema. El sistema que rige el funcionamiento de las pensiones públicas es de reparto, por lo que los trabajadores actuales pagan la pensión de los pensionistas actuales. Eso quiere decir que en la actualidad los 18,5 millones de trabajadores pagan la pensión a los 8,5 millones de pensionistas actuales. Es decir, cada dos trabajadores pagan la pensión de un pensionista. Según las predicciones del INE, dentro de 49 años, esto es en el 2066, debido a la baja tasa de natalidad y al incremento de la esperanza de vida, perderemos 8 millones de personas en edad laboral, pasando de los 27 millones actuales a 19, mientras que el número de personas mayores de 65 años pasará de los 8,2 millones actuales a 13,5 millones, lo que implica un incremento de 5 millones. Si mantenemos constante la tasa de actividad en el 59%, la tasa de paro en el 18% y la edad de jubilación a los 65 años, eso significa que trabajarían 13 millones de los 19 millones en edad de trabajar, lo que supone que habría un trabajador para pagar la pensión de un jubilado.

Aun incrementando la tasa de actividad hasta el 70%, bajando la tasa de paro al 6% e incrementando la edad de jubilación hasta los 70 años, la relación de trabajadores por jubilados queda muy por debajo de dos. Es decir, debido al envejecimiento de la población, al incremento de la esperanza de vida y a la reducida tasa de natalidad, el sistema, tal como está diseñado, o bien generará un déficit creciente o bien unas pensiones menguantes. Hay que dejar claro que el problema de fondo no es una tasa de paro alto, pues el pleno empleo no resolverá el problema si las predicciones del INE son correctas, como algunos sostienen. La solución tampoco es suponer que el incremento de la productividad incrementará los salarios y, por tanto, los ingresos por cotizaciones, ya que, de igual manera, lo haría la base reguladora y, por tanto, el gasto en pensiones.

Por eso es necesario un debate transparente en el que se analicen las posibilidades del sistema y se opte por una alternativa: ya sea subir los impuestos para que el gasto en pensiones no se erosione tanto; bajar las pensiones públicas apelando al establecimiento de pensiones privadas para complementar la pensión insuficiente; restar peso a otras partidas presupuestarias y priorizar las pensiones; o una combinación de las anteriores.

La realidad es muy distinta. Los diferentes gobiernos siempre han sostenido que las pensiones no bajarán (ya que los jubilados en España suponen 8,2 millones y, por tanto, un caladero de votos muy importante) o destacan las subidas puntuales de un año concreto.

A partir de la reforma del 2013, debido al déficit estructural de la Seguridad Social, las pensiones, según una estimación del Banco de España, se incrementarán en términos nominales a la tasa mínima -esto es el 0.25%-, lo que significará caídas en términos reales de su poder adquisitivo. Por lo que, según un informe la Comisión Europea, la tasa de sustitución en España pasará del 80% al 50% en 2050. Es decir, ahora, para quien su último sueldo es de 1.000, su pensión media es de 800; en 2050 sería de 500. A más corto plazo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sostiene que entre 2013 y 2020 las pensiones perderán un 7% de su poder adquisitivo.

Analizando el proyecto de presupuestos del 2017 se observa que, pese a las reformas del sistema de pensiones, incluyendo la última del año 2013, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones y el pago por pensiones sigue siendo una cuantía muy destacable. En concreto, las cotizaciones previstas ascienden a 110.000 millones de euros, mientras que las transferencias corrientes contabilizan los 138.500 millones, lo que supone un desfase de 28.000 millones de euros. Si bien el presupuesto de gastos total de la Seguridad Social asciende a 144.900 millones, ya que hay que sumar partidas como los gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios. Para financiar la diferencia, el Estado transfiere 13.096 millones para pagar principalmente los complementos a mínimos y las pensiones no contributivas. Asimismo, se obtienen 8.748 en activos financieros de los que 7.300 se derivan de la utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y, por primera vez, de un préstamo que hará el Estado a la Seguridad Social por valor de 10.193 millones de euros.

Esto significa que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social contará a finales de 2017 con 8.600 millones de euros, un 12,8% de la cuantía que contabilizó en el año 2011, cuando llegó a alcanzar los 66.815 millones, y un 5,9% del gasto total en pensiones previsto durante el 2017. Todo ello recomienda que, pese a su dificultad, se plantee un debate claro sobre el sistema de pensiones y colectivamente se decida sobre su futuro.