Senior Manager. Deloitte

El gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. En concreto, establece las relaciones entre la junta directiva, el consejo de administración, los accionistas y el resto de partes interesadas y estipula las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones en una compañía para la generación de valor.

La implantación de buenas prácticas de gobierno corporativo puede ser un importante motor en la creación de valor de las empresas. Los principales estudios del sector indican que aquellas compañías con sólidos sistemas de gobierno suelen dar mejores resultados financieros que sus competidores. En un momento en el que la entrada de nuevos inversores y de capital extranjero es imprescindible para el crecimiento de las empresas y la creación de empleo, los mecanismos para aumentar la transparencia sobre los procesos internos y los órganos de gobierno de las compañías son más necesarios que nunca.

Aunque hace unos años era un aspecto que apenas tenía relevancia para los inversores, hoy en día se considera un factor clave para decidir en qué compañía invertir. Según estudios recientes un 51 % de los inversores considera este aspecto entre importante y muy importante mientras que un 28 % lo considera algo importante.

Así se ha comprendido también desde los poderes públicos. Sin duda las empresas son un elemento importante en la transformación y progreso de la sociedad. Existe una clara relación entre los buenos resultados agregados de una economía y la correcta gestión del conjunto de las sociedades que operan en un país. Esto ha generado que en los últimos años, desde los organismos reguladores se hayan puesto en marcha una serie de normativas y códigos de buenas prácticas que, en definitiva, buscan fomentar un equilibrio entre los intereses de las compañías y de la sociedad en general.

Hoy en día disponer de estructuras sólidas de control y gobierno, junto con una cultura de transparencia y accesibilidad de la información, se ha convertido en un factor clave de competitividad y una oportunidad para ganar la confianza del mercado. Esto, además, aumenta el impacto positivo de las empresas, que no solo son capaces de llevar a cabo un correcto desempeño financiero, sino también de generar riqueza en su entorno y estabilidad en los mercados.

La debilidad que mostraron los gobiernos corporativos de grandes organizaciones en el pasado ha multiplicado las exigencias de transparencia, veracidad, buenas prácticas y comportamiento empresarial responsable por parte de los inversores, de los consumidores y de la sociedad en general, que no solo prestan atención a los indicadores financieros, sino que quieren saber también cómo se han logrado esos resultados.

En la actualidad las normas de gobierno corporativo articulan los siguientes aspectos:
• La toma de decisiones que tienen que ver con la dirección estratégica general de la empresa y sus políticas corporativas: inversiones, fusiones y adquisiciones, nombramiento de ejecutivos y planes de sucesión.
• La gestión de los riesgos del negocio mediante modelos de gestión de riesgos adaptados a cada organización.
• Los mecanismos de control sobre el correcto desempeño de la dirección ejecutiva y la implementación del plan estratégico aprobado.
• El cumplimiento normativo o compliance: el establecimiento de las políticas y procedimientos adecuados para garantizar que tanto la empresa, como sus directivos, empleados y terceros cumplen con el marco normativo aplicable.
• Las relaciones entre los principales órganos de gobierno de la compañía, así como los derechos y deberes de cada uno de ellos: consejo de administración, junta directiva y accionistas.

En lo referente a la gestión de riesgos, la mayoría de las empresas cuentan con mecanismos de identificación de riesgos. A pesar de ello, en general, todavía existe un recorrido de mejora en la formalización, asignación de responsabilidades y el seguimiento operativo de los riesgos.

Las áreas consideradas con mayor exposición a riesgos han sido las relacionadas con las operaciones y el entorno, seguidas de las financieras, las estratégicas y las de cumplimiento normativo. Por contra, la fiabilidad de la información financiera se considera el área de menor riesgo, básicamente por la existencia de adecuados mecanismos de control interno.

La reforma del Código Penal del año 2010 ha permitido profundizar en la función de cumplimiento normativo. La citada reforma introdujo, por primera vez en nuestro Derecho, la responsabilidad penal de la persona jurídica y su posterior modificación en el año 2015, con la introducción de un cláusula que exige que las entidades cuenten con planes de prevención de riesgos penales, así como con un órgano o función responsable de su verificación, han impulsado la incorporación de la figura del compliance officer dentro de las compañías.

El compliance o cumplimiento normativo consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa desarrolle sus actividades y negocios conforme a la normativa vigente y a las políticas y procedimientos internos, promoviendo una cultura de cumplimiento entre sus empleados, directivos y agentes vinculados.

Esto ha provocado un auténtico boom y está permitiendo el desarrollo de la profesión de compliance, una actividad que se va extendiendo a todos los sectores y compañías, que buscan protegerse tanto de la posible responsabilidad de la persona jurídica, como del consiguiente riesgo reputacional que podrían enfrentar.

La función de compliance está irrumpiendo con un importante papel tanto a nivel competitivo como de generación de una cultura empresarial sólida. Esta tendencia al alza parece que se va a mantener en el futuro, lo que determinará que surjan nuevas necesidades que deberán ser atendidas por los distintos actores del mercado.