El 47,7% de empresas valencianas tiene dueño único y aporta poco al PIB

El tejido empresarial valenciano es eminentemente familiar. El 87,4% de las compañías de la autonomía está en manos de una o varias personas de la misma familia. Sin embargo, bajo esa etiqueta conviven realidades muy distintas en cuanto a estructura de propiedad, modelo de gobierno y competitividad.

El último informe del Observatorio GECE, impulsado por el Ivie y CaixaBank, introduce por primera vez una metodología avanzada que permite clasificar con precisión a las empresas según su estructura accionarial y su sistema de gobernanza. El resultado dibuja una fotografía que revela que el 47,7% de las empresas valencianas está controlado por un único accionista que ejerce como administrador único y concentra el 100% del capital. No obstante, su aportación al PIB regional se limita al 16,8%.

En el extremo opuesto se sitúan las empresas familiares con propiedad más diversificada y órganos de gobierno compartidos. Representan el 39,7% del total, pero generan el 61,2% de la riqueza de la Comunitat Valenciana. Es decir, menos empresas en número, pero mucho más determinantes en términos económicos.

Los autores del estudio concluyen que el modelo más eficiente no es el personalista ni tampoco el completamente desvinculado de la propiedad familiar, sino aquel que combina el compromiso de la familia empresaria con una gestión profesional y estructuras de propiedad compartidas.

Diferencias por provincias

El análisis también muestra contrastes territoriales. Alicante es la provincia con mayor peso de empresas con accionista y administrador único (50,2%), por encima de la media autonómica. En Castellón este modelo representa el 45,1% y en Valencia el 46,7%.

Sin embargo, en las tres provincias el impacto económico de estas compañías es inferior a su peso en número. En Alicante aportan el 25,5% del PIB provincial; en Castellón, el 17,1%; y en Valencia, apenas el 14,1%.

Por el contrario, las empresas familiares con estructuras más diversificadas generan una proporción de riqueza muy superior a su representación. En Valencia, con el 39,7% del total empresarial, concentran el 64,1% del PIB provincial. En Alicante suponen el 38,1% de las compañías y generan el 55,9% de la riqueza. En Castellón, el 43,4% de empresas aporta el 53,6% del PIB.

Competitividad y gobernanza

El estudio también relaciona estructura de propiedad y competitividad. Las empresas familiares en las que el accionista principal posee entre el 25% y el 49% del capital —y comparte tanto la propiedad como el gobierno— presentan los mejores indicadores de desempeño: el 62,7% se sitúa en niveles de competitividad alta o media alta.

En cambio, entre las compañías donde una sola persona concentra capital y gestión, solo el 47,2% alcanza esos niveles. La conclusión es clara: la diversidad en la propiedad y la profesionalización de la gestión mejoran la capacidad competitiva.

Aranceles de EE.UU.: mayor exposición, pero músculo empresarial

El segundo informe presentado por el Observatorio GECE analiza la resiliencia de las empresas valencianas ante las nuevas políticas arancelarias de Estados Unidos. La Comunitat Valenciana destina el 7,7% de sus exportaciones a EE.UU., frente al 4,7% de media nacional, lo que implica una exposición superior.

Los sectores más afectados por el impacto arancelario son vehículos de motor, maquinaria y equipo, alimentación, bebidas y tabaco y productos minerales no metálicos (donde se incluye el sector cerámico). En estos ámbitos, el 60,8% de la renta y el 53% del empleo se concentra en grandes empresas.

Esta concentración, según los autores, puede actuar como fortaleza estructural, ya que las grandes compañías disponen de mayor capacidad financiera, logística e internacional para absorber sobrecostes y reorientar mercados.

En un nivel intermedio de impacto se sitúan la industria química, el material eléctrico y el textil, mientras que sectores como productos informáticos, mueble o agricultura presentan una exposición más moderada.

El Observatorio recomienda reforzar políticas que impulsen el tamaño empresarial, la productividad, el acceso a financiación para pymes, la diversificación de mercados y la transformación digital.