La asfixia de los autónomos les impide cotizar más de la base mínima

Uno de los principales problemas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y que produce un desequilibrio en el sistema es que el 86% de sus miembros “no pueden pagar más” de los 270 euros al mes fijados como base mínima en la Seguridad Social.

Desde la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) llevan años intentando concienciar al colectivo de que cotizar por la base mínima, además de llevarles a cobrar una pensión “ínfima” en el momento de su jubilación, les repercute de forma negativa en otras prestaciones sociales como la viudedad, enfermedad o la orfandad.

Con los años se ha avanzado en cierta medida, aunque no de forma significativa, matiza, pero “no es culpa del autónomo”, sino de su situación económica y de las apreciaciones o consejos de algunos funcionarios.

Algunos técnicos de la Seguridad Social “les ponen la base mínima de cotización, porque creen que el autónomo quiere tener liquidez para llevar su negocio”, indica Celia Ferrero. Desde ATA “insistimos en que es preferible cotizar un poco más, debido a que con ello se aseguran a la larga una mayor protección social, pero la mayoría no ven la consecuencia que tendrá para ellos en un futuro pagar más que la base mínima”.

Posibles soluciones

Todos los autónomos que cotizan por la base mínima no gana a final de mes las mismas cantidades. Sus ingresos mensuales varían en gran medida de unos a otros, pero a pesar de todo, aunque habría meses en los que podrían aumentar la cantidad mínima, no lo hacen por lo “farragoso” que resulta para ellos y “porque no saben lo que van a cobrar al final de cada periodo”, señala Celia Ferrero.

Desde ATA “estamos pidiendo que los autónomos coticen en función de sus rendimientos reales, es decir, que el que gane menos pague menos y el que gane más pague más”. En este sentido, explica que con esta medida se conseguiría “hacer más solidario el sistema”.

La base de cotización la decide el autónomo de forma voluntaria, pero deberían establecerse, al igual que ocurre con el IRPF, “unos tramos de cotización en función de los ingresos que tienen cada uno de los miembros del colectivo”, puntualiza. No se trata de anular la voluntariedad, sino de “hacer entender al colectivo que con esta resolución, podrían obtener una pensión superior cuando les llegue la jubilación”.

El procedimiento se basaría en que Hacienda comunicara a la Seguridad Social las cantidades cobradas por cada autónomo, siendo este último organismo quién “les trasmitiera el tramo en el que cada uno debería cotizar”. Además, cada trabajador por cuenta propia, podría cambiar de base durante unos meses, según la previsión de sus ingresos mensuales.