La batalla entre taxis y VTC

El conflicto entre el sector del taxi y el de los vehículos de transporte con conductor (VTC) se intensifica en la Comunitat Valenciana tras una sentencia judicial que abre la puerta a que estos últimos puedan realizar servicios urbanos, lo que ha reactivado las protestas y el debate sobre la regulación del transporte de pasajeros.

El fallo, dictado el pasado mes de noviembre por la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y recurrido por el sector del taxi, interpreta que la normativa autonómica vigente no impide que los VTC operen dentro de las ciudades. Esta interpretación se basa en la redacción de la ley 4/2019, que regula el transporte en vehículos de arrendamiento con conductor dentro del territorio valenciano, pero que no especifica de forma expresa si los trayectos deben ser urbanos o interurbanos.

La resolución judicial ha sido interpretada por parte del sector del taxi como una posible vía hacia la liberalización del servicio, al considerar que permitir los trayectos urbanos ampliaría de forma significativa la actividad de los VTC en las principales áreas metropolitanas.

Reclamación

En este contexto, organizaciones del taxi han reclamado una regulación que mantenga el equilibrio entre ambos modelos de transporte. Históricamente, la normativa estatal estableció un ratio orientativo de una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi. Sin embargo, esta proporción se ha reducido con el paso de los años debido al aumento de autorizaciones concedidas en etapas anteriores.

Según los datos del sector, la Comunitat Valenciana cuenta actualmente con alrededor de 4.700 licencias de taxi frente a unas 1.800 de VTC, lo que supone una proporción aproximada de un vehículo VTC por cada 2,6 taxis.

Las protestas se producen en paralelo a la preparación de un nuevo decreto autonómico de movilidad que busca actualizar las condiciones de funcionamiento de ambos servicios. El objetivo de la normativa es definir el marco de convivencia entre taxis y VTC y clarificar aspectos relacionados con los ámbitos de prestación del servicio.

Desde el sector de los VTC también se han producido movilizaciones para mostrar su rechazo a posibles restricciones a la actividad en entornos urbanos. Las organizaciones del sector consideran que limitar este tipo de trayectos podría reducir la oferta disponible para los usuarios y afectar al empleo vinculado a este modelo de transporte.

Ambos sectores reclaman una regulación que aporte seguridad jurídica y defina con claridad las condiciones de funcionamiento en el mercado del transporte urbano de pasajeros.

El conflicto entre taxis y VTC se remonta a cambios regulatorios introducidos en 2009 que generaron un periodo de incertidumbre normativa y facilitaron la solicitud de numerosas licencias de vehículos con conductor. Posteriormente, diferentes reformas legales trataron de restablecer el equilibrio entre ambos modelos, aunque la cuestión continúa generando controversia en varias comunidades autónomas.