Iberdrola, Endesa y Naturgy reclaman ampliar la vida de Almaraz hasta 2030

Iberdrola, Endesa y Naturgy, las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), han acordado solicitar formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una miniprórroga para los dos grupos de la instalación extremeña hasta junio de 2030.

Desde la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) han reiterado su compromiso para seguir operando la planta «de forma segura, fiable y eficiente, manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo».

De obtener el visto bueno, la prórroga supondría ampliar en tres años la vida útil del primer reactor, cuyo cese de actividad está previsto actualmente para el 1 de noviembre de 2027, y en dos años la de la segunda unidad, que, según el calendario vigente, tendría que cerrar el 31 de octubre de 2028.

El Ejecutivo, por su parte, mantiene que cualquier modificación deberá garantizar la seguridad de las personas, la seguridad de suministro y no implicar un mayor coste para los ciudadanos.

Un motor económico para Extremadura

La central de Almaraz es uno de los principales motores económicos de Extremadura. Según la plataforma Sí a Almaraz, su actividad genera cerca de 3.000 empleos directos e indirectos, representa más del 5% del PIB regional y contribuye a que los municipios de su entorno presenten una renta per cápita un 12% superior a la media autonómica.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman este efecto. Almaraz y las localidades de su entorno -Romangordo, Belvís de Monroy o Campillo de Deleitosa- encabezan el ranking de renta media de Extremadura y superan incluso la media nacional. En Almaraz, la renta por persona se sitúa en 16.641 euros, frente a los 11.505 euros de media regional, mientras que la renta por hogar alcanza los 42.354 euros anuales, por encima de las dos capitales de provincia extremeñas.

El impacto de un eventual cierre sería considerable. Un informe de la consultora Metyis estima que la clausura de la planta supondría la pérdida de 829 millones de euros anuales en Valor Añadido Bruto (VAB) y más de 15.000 empleos en toda España, con especial incidencia en Extremadura, donde el descenso alcanzaría el 1% del VAB autonómico y la desaparición de casi 4.000 puestos de trabajo.

«La vida de la central nos da vida a los vecinos»

El presidente de la plataforma «Sí a Almaraz, sí al futuro» y alcalde de Belvís de Monroy (Cáceres), Fernando Sánchez, ha celebrado la decisión de las empresas propietarias de solicitar la extensión de la operación de la central hasta 2030.

«Esta solicitud supone un paso adelante hacia el mantenimiento de la actividad y del empleo en la zona», ha afirmado, subrayando que la continuidad de la planta representa «esperanza para las familias, sustento para la economía local, futuro para los jóvenes y estabilidad para los proveedores».

Sánchez ha pedido al Gobierno central que «piense en los ciudadanos de Extremadura antes de tomar su decisión» y ha recordado que la plataforma lleva meses reclamando esta prórroga. «Queremos que nos ayude a recuperar la calma, que evite el desasosiego que supone pensar en el cierre de la primera industria de Extremadura. La vida de la central nos da vida a los vecinos», ha asegurado.

Soberanía energética y emisiones evitadas

Más allá del impacto local, Almaraz cubre el 7% de la demanda eléctrica nacional, aportando una fuente firme y síncrona que refuerza la estabilidad del sistema eléctrico. Desde la plataforma ciudadana insisten en que su continuidad es esencial «para evitar la dependencia energética y garantizar la sostenibilidad».

La central evita además la emisión de seis millones de toneladas de CO₂ al año, el equivalente a doce millones de vuelos de ida y vuelta entre Londres y Nueva York, contribuyendo así a los objetivos de descarbonización y lucha contra el cambio climático.

Una revisión del calendario nuclear

El debate sobre Almaraz se inscribe en el marco de la planificación energética nacional. El actual calendario de cierre del parque nuclear español, pactado en 2019 entre las empresas y el Gobierno, establece el fin progresivo de las centrales entre 2027 y 2035. Sin embargo, las eléctricas consideran que el escenario energético ha cambiado profundamente.

En el ámbito internacional, 32 países operan actualmente 416 reactores nucleares, con otros 62 en construcción, y 25 países se han comprometido a triplicar la capacidad nuclear mundial antes de 2050. En la Unión Europea, esta fuente representa cerca del 25% de la electricidad producida.

En España, la energía nuclear aporta alrededor del 20% de la electricidad total y un tercio de la electricidad libre de emisiones, operando el 90% de las horas del año. Su papel es clave para mantener la estabilidad del sistema y reducir la dependencia del gas.

Fiscalidad y competitividad

Uno de los elementos que condiciona la continuidad de las centrales es su alta carga fiscal. Según las propietarias, el sector soporta 30 euros por MWh en impuestos y tasas, casi el doble que hace seis años. En total, las plantas nucleares abonan cerca de 1.000 millones de euros anuales en tributos y otros 600 millones por la tasa Enresa, incrementada un 30% en 2024.

Algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o Extremadura, han anunciado revisiones o reducciones de su fiscalidad local para mejorar la competitividad de estas instalaciones, aunque el grueso de la carga impositiva sigue dependiendo del Estado central.

Impacto en el precio de la energía

Consultoras como PwC advierten de que el cierre anticipado de las centrales nucleares elevaría la factura eléctrica. Según sus estimaciones, la desaparición de esta fuente implicaría un aumento del 23% en el precio de la electricidad para hogares y pymes, y de hasta un 35% para la industria, al tener que recurrir a tecnologías más caras y dependientes del gas.

La energía nuclear, además, aporta estabilidad de precios en el mercado mayorista al no depender de factores externos como la meteorología o la cotización del gas, convirtiéndose así en una herramienta estratégica para contener los costes del sistema energético español.

Cambio de percepción social

El debate nuclear también ha evolucionado en la opinión pública. Según el barómetro del Real Instituto Elcano publicado en julio de 2025, dos tercios de los españoles apoyan prolongar la actividad nuclear, mientras que el 55%, según Metroscopia, considera que deben mantenerse operativas las actuales plantas.

La preocupación por la seguridad energética, especialmente tras el apagón general de abril, ha reforzado la percepción de la energía nuclear como una fuente necesaria para garantizar un suministro estable, competitivo y compatible con los objetivos de descarbonización.