Mujeres al Timón
La Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) reclama que las viviendas de uso turístico (VUT) estén sujetas al IVA y apuesta por imponer una tasa turística, en un contexto de sobreturismo que preocupa por sus consecuencias a la sociedad, a la administración y al propio sector.
El informe «Las viviendas de uso turístico en España: 20 propuestas para un desarrollo compartido e integrado en nuestro modelo de ciudad» ha sido elaborado por Antonio Bernabé, especialista en gestión y gobernanza de destinos turísticos inteligentes; Javier Blanco, exdirector de la Organización Mundial de Turismo y exmiembro experto del Consejo Español de Turismo, así como viceconsejero de turismo del Gobierno vasco; y Jerónimo Blasco, vicepresidente de Ecodes,
El estudio hace hincapié en que la enorme expansión de las VUT está haciendo peligrar el modelo de ciudad en los destinos más saturados, contribuyendo a expulsar a los ciudadanos menos pudientes de los centros históricos y núcleos turísticos.
Por ello, considera que el alquiler de estas VUT debería estar sujeto a IVA y defiende la implantación de la tasa turística, así como la posibilidad de estudiar «otras figuras fiscales autonómicas o locales», al tiempo que pide un régimen sancionador y un refuerzo de la inspección.
Apunta Antonio Bernabé que hay que tener en cuenta que España tiene menos vivienda social que el resto de países europeos, «con lo hay que conseguir un equilibrio con las viviendas de uso turístico».
Según datos del INE, España contaba en febrero del 2024 con 351.000 viviendas de este tipo, con más de 1,75 millones de plazas, cifra que supera el número de plazas hoteleras disponibles en ese mismo mes, siendo el segundo país de la Unión Europea con más reservas y pernoctaciones en viviendas turísticas. Pero la realidad es que no se cuenta con información rigurosa sobre la verdadera dimensión de este fenómeno y las cifras reales pueden superar con mucho los datos referenciados.
Prevenir el sobreturismo
El informe aboga por prevenir el ‘sobreturismo’, avanzar en el cambio de modelo turístico del país para un sector «más equilibrado, coherente y sostenible»; que comunidades y ayuntamientos incluyan la regulación de los pisos turísticos y establecer normas sobre el alquiler temporal.
En este sentido, confirman que «el turismo tiene que ser un instrumento de valor para la ciudadanía y para el crecimiento de la comunidad», tal y como ha manifestado Javier Blanco.
Por otra parte y para avanzar en la sostenibilidad social y ambiental de las VUT los redactores del informe proponen la creación de la certificación ‘Por el clima y la sostenibilidad social’.
Respaldan la creación de la ventanilla única digital, que se implantará en desarrollo de un reglamento de la UE y dotará a los alquileres de corta duración de un único número de registro, porque es «un instrumento útil», que aporte seguridad jurídica para reducir la considerable oferta ilegal.
A este respecto, Toni Bernabé ha apuntado que la ventanilla única digital «permitirá saber cuántas VUT están inscritas y cómo están operando». «Con la información que recoja en la ventanilla única será fundamental crear un observatorio del alquiler turístico y de los procesos de saturación turística que permita disponer de una radiografía en tiempo real sobre este tipo de alojamiento y evaluar las medidas que se pongan en marcha en los destinos», ha apuntado.
El informe incide también en que, «pese a su crecimiento descontrolado», las VUT «son solo una parte del problema» y pide que se cuantifiquen «rigurosamente».
No obstante, la Fundación también defiende que la contribución de las VUT a la economía turística es «muy notable» y «han favorecido la universalización de la actividad turística».
Las plataformas y las viviendas de uso turístico
Por otra parte, Javier Blanco ha manifestado su satisfacción por la colaboración estrecha entre plataformas de viviendas de alquiler y el Ministerio de Vivienda para establecer un registro único de pisos turísticos. «Desde dichas plataformas han visto que a las malas no pueden estar como ha ocurrido en Nueva York, donde no les han dejado trabajar. Por ello, tienen que aceptar el control».
Blanco aboga por «un único registro y las plataformas deben borrar de sus bases al que no esté registrado y no cumpla la ley. De esta forma, algunos se irán al mercado negro pero muchos se incorporarán porque da una garantía jurídica al consumidor».
