Mujeres al Timón
La alcaldesa de València, María José Catalá, impugnará el cupo catalán ante el Tribunal Constitucional y el Consejo de Europa en caso de materializarse. Así lo ha anunciado en Madrid en un evento organizado por Nueva Economía Fórum en el que ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por ignorar la necesidad de reformar el sistema de financiación local, lo que considera «una puñalada al municipalismo». «No me quedaré quieta mientras nos dan este golpe», ha declarado.
En el desayuno informativo presentado por José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, Catalá ha señalado que «si la reforma del sistema de financiación autonómica era necesaria, la financiación local es urgente», una reivindicación que, según ha recordado, ya exigía el anterior presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, de signo socialista.
«El sistema de financiación local es totalmente perverso»
La alcaldesa de València se ha referido a la financiación local como «un sistema totalmente perverso» que «además de no responder a las competencias que tenemos los ayuntamientos, nos condena a pelearnos por las migajas». «Somos los últimos de la cola», ha denunciado.
Según ha advertido, a este problema se le añade la preocupación por el la financiación singular de Cataluña, que según las estimaciones del equipo económico del Ayuntamiento de València podrían suponer una pérdida de ingresos del 10 %.
«Solo en IRPF Cataluña recaudó el año pasado más de 23.000 millones de euros. La caja común de la solidaridad territorial puede sufrir un agujero de 23.000 millones de euros que van a perder directamente las comunidades, pero también los ayuntamientos», ha advertido la alcaldesa.
Catalá reclama a Sánchez que se pronuncie sobre este tema, pero no va a esperar para emprender acciones: «Los alcaldes estamos obligados a pararlo. Los ayuntamientos tenemos que plantear un conflicto en defensa de la autonomía local para impugnar el cupo catalán, si se materializa, y defender la financiación de los municipios».
La titular del Ayuntamiento de València ha alertado que el cupo catalán «ataca directamente al principio constitucional de suficiencia financiera de los ayuntamientos» y que «va a mermar la capacidad económica a futuro».
Catalá ha confirmado que, si el cupo catalán se materializa, planteará ante el Tribunal Constitucional un conflicto en defensa de la autonomía local para impugnarlo y defender la financiación de los municipios.
Además, solicitará al Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa que investigue al Gobierno de España por vulnerar varios artículos de la Carta Europea de la Autonomía Local, la cual exige que las corporaciones «sean consultadas en tiempo y forma apropiada sobre todas las cuestiones que les afectan, sobre todo las relativas los recursos».
Para poder llevar a cabo el recurso de impugnación, Catalá necesita ir de la mano con otros ayuntamientos, ya que el artículo 75 bis de la ley Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige que la presentación de un conflicto de competencia por la autonomía local lleve aparejado un número de municipios que representen un 7 % de los municipios en el ámbito territorial de aplicación y un 6% de la población.
Es por ello que Catalá ya ha iniciado conversaciones con Madrid y pretende hacerlo con otras ciudades españolas para que se adhieran al proceso. «Necesariamente tenemos que ir todos a una», ha subrayado.
El papel de la FEMP en el proceso de reforma
Catalá también ha reclamado al Gobierno que la FEMP tenga un sitio en la próxima conferencia de presidentes de diciembre, donde se tratarán temas que afectan al municipalismo, vivienda y financiación.
Si el presidente del Gobierno quiere serlo de todos los españoles y reconstruir puentes con el municipalismo, debería empezar por practicar el diálogo y llamar a los representantes de la FEMP para escucharnos durante las consultas que está haciendo a los presidentes autonómicos», ha expuesto. «Si nos creemos el estado autonómico y la descentralización, una cosa no puede ir sin la otra», ha agregado.
Según la alcaldesa, la primera medida tiene que ser una reforma de la Ley de Haciendas Locales «para que la financiación local se calcule sobre los ingresos brutos de la recaudación del Estado». «No queremos más de lo que nos corresponde, queremos lo necesario para seguir aportando a este proyecto común que es España», ha precisado.
Para no entrar en una «competición feroz y perversa por conseguir financiación», Catalá ha pedido«diálogo y cogobernanza», puesto que «este país siempre ha funcionado con un modelo de convivencia y solidaridad».
Ley de conciliación propuesta por el PP
La alcaldesa de Valencia también ha defendido la ley de conciliación presentada por el PP, que plantea la gratuidad de la educación en la etapa de 0 a 3 años, ampliar los permisos de paternidad y maternidad, y mejorar las bonificaciones a las familias numerosas, bajando sus impuestos hasta el 90 % de la contribución.
Catalá ha aprovechado para lanzar un dardo al Gobierno: «Unos suben el IVA y otros plantean la gratuidad 0-3 y mejorar la conciliación de padres y madres». También ha defendido el cheque de 300 euros por cada niño nacido: «Yo prefiero dar un cheque de 300 euros a un recién nacido que uno de 400 para comprar videojuegos a una persona de 18 años», ha puntualizado, en referencia al Bono Cultural Joven lanzado desde Ministerio de Cultura y Deporte.
Críticas a la Ley de Vivienda
Catalá se ha mostrado muy crítica con la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno central, calificándola como «un fracaso» y señalando que su aplicación ha generado efectos negativos en ciudades como Barcelona, donde «la oferta se ha estancado, la demanda se ha triplicado y los precios han subido».
La alcaldesa ha incidido en que la ley ha reducido la oferta de viviendas en un 36 % y ha incrementado los precios en un 13 % en los lugares donde ha sido implementada. En cuanto a Valencia, la alcaldesa ha argumentando que la falta de construcción de viviendas protegidas durante los últimos años ha sido un factor clave en el incremento de los precios. «Durante los últimos ocho años, Valencia solo fue capaz de construir 14 viviendas de protección pública», ha apuntado, criticando la gestión anterior y asegurando que el actual gobierno municipal está trabajando para revertir esa situación.
Al respecto, Catalá ha destacado que bajo su mandato ya se ha impulsado la construcción de 1.000 viviendas públicas y que el próximo año se gestionarán proyectos PAI para levantar cerca de 3.000 más.
Según ha asegurado, la política en materia de vivienda en Valencia se enfocará en aumentar la oferta para reducir los precios y garantizar que las viviendas protegidas sean asequibles, especialmente para jóvenes, mayores y personas en situación de necesidad.
Catalá también ha respondido a las advertencias del Gobierno central de retirar fondos a los territorios que no apliquen la Ley de Vivienda, afirmando que «no le asusta» y que su prioridad seguirá siendo aplicar «soluciones reales» para los ciudadanos de Valencia. «Nuestra receta es la correcta y su Ley de Vivienda no», ha afirmado.
La situación de la ampliación del Puerto de Valencia
Preguntada sobre la situación del recurso interpuesto por Dragados, del Grupo ACS, contra la adjudicación de las obras de ampliación del Puerto de Valencia y cómo puede retrasar el inicio de las obras, Catalá ha indicado que «el recurso está resuelto de forma favorable y las obras van a comenzar con absoluta normalidad». Sin embargo, no ha querido especificar fechas para el comienzo de las operaciones.
«Es una inversión de más de 1.000 millones de inversión privada, con lo cual tiene una complejidad importante. Estoy convencida de que todos los afectados tienen el máximo interés por comenzar cuanto antes las obras», ha apuntado Catalá. «Siempre hemos hablado de un par de años de obras como mínimo. Sabemos que va a ser complicado. Vamos a intentar mantener con normalidad la actividad de la Autoridad Portuaria. Después de tantos años persiguiendo este sueño, lo importante es hacerlo bien», ha añadido.
Sobre el impacto que el nuevo Puerto de València tendrá para la ciudad y para el Mediterráneo, Catalá ha indicado que los 1.000 millones de inversión privada «suponen una repercusión en generación de puestos de trabajos directos e indirectos muy interesante». A largo plazo, la alcaldesa de València confía en que la ampliación ayude a la ciudad a «seguir liderando el transporte de mercancías por el Mediterráneo», en concreto el marítimo, ya que es «el más sostenible».
No ampliar el Aeropuerto de Manises puede tener un «impacto negativo en la economía»
Acerca de la ampliación del Aeropuerto de Manises, Catalá ha asegurado que «tiene que ampliarse», puesto que ya se ha superado la capacidad prevista para 2028. «Estamos al límite de nuestra capacidad», ha indicado la alcaldesa de València, y ha destacado el informe de la Cámara de Comercio en el que se acredita «el impacto negativo para la economía valenciana de no realizar esa ampliación».
Semana laboral de 4 días: un debate «que debe producirse»
Sobre el anuncio de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, de abrir la puerta a la semana laboral de cuatro días en algunos sectores, la cual ha sorprendido a la CEOE, Catalá ha declarado que «el debate se tiene que producir entre la patronal y los agentes sindicales».
«Es en ese seno donde se tienen que tomar esas decisiones. Me parece una propuesta interesante. No es generalizada. Podría afectar a determinados sectores. Se generan unas bolsas de horas entre los trabajadores. Sería de absoluta libertad de aplicación para el empleador y el empleado. Los términos y el escenario en que se ha planteado son positivos».
