¿Cuáles son las claves de la futura Ley de Industria? Todas las fuerzas políticas están trabajando en una nueva ley que dará respuesta a los actuales retos de la industria española y que debe contar con el consenso de todos los agentes sociales para que la reindustrialización de España sea una realidad. Entre sus principales objetivos: aportar seguridad jurídica a todos los actores del sector industrial.
En concreto, el Ministerio de Industria tiene previsto este mismo mes junio sacar a exposición pública la nueva propuesta de Ley de Industria con el fin de poder llevarla cuanto antes al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados para que sea aprobada antes de que acabe el año. Hay que recordar que esta quedó aparcada por la convocatoria electoral que tuvo lugar en julio del año pasado.
Modelo basado en la colaboración público-privada
En concreto, y tal y como ha expresado la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró en diferentes foros, la Ley de Industria actual no se ha revisado desde 1992, con lo que «es imprescindible adaptar la nueva ley a la realidad de la nueva industria y que recoja conceptos tan importantes y consolidados como la inteligencia artificial, la digitalización o la autonomía estratégica».
En esta línea, Torró ha incidido también en que «es irrenunciable adaptar el marco normativo ante el ambicioso objetivo de reindustrializar España».
Igualmente, desde el Ministerio explican que la norma va a permitir sentar las bases de un modelo «basado en la colaboración público-privada».
Claridad y seguridad jurídica
Además, esta nueva propuesta de ley de Industria incluye otros aspectos fundamentales muy demandados por todos los sectores y acordes a la nueva realidad industrial como la necesaria revisión y reducción de cargas y plazos administrativos. En concreto, y tal y como ha declarado el ministro del ramo, Jordi Hereu, «aportará más claridad y seguridad jurídica al sector industrial y dotará de nuevos instrumentos de política industrial».
Igualmente, otro de los ejes en los que se centra esta nueva normativa es el impulso del conocimiento, la cultura y la formación industrial. Hay que tener en cuenta que el sector industrial tiene grandes carencias de mano de obra por falta de profesionales formados en las nuevas necesidades que tiene la industria. También es necesario un proceso de reciclaje.
La nueva ley pretende también la revisión del sistema de gobernanza con el fin de aumentar la participación de actores principales como la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y el sector privado, basándose en la colaboración público-privada y la coordinación y cooperación interministerial e interadministrativa.
Reservas estratégicas para tiempos de crisis
La nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica en la que trabaja el Ministerio de Industria y Turismo creará también la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi), que tiene como objetivo asegurar en tiempos de crisis o pandemias el suministro de recursos de primera necesidad o de carácter estratégico como pueden ser productos sanitarios, materias primas minerales, productos del sector agroalimentario y alimentos, entre otros.
En sentido, España defiende el desarrollo de posibles instrumentos financieros en el ámbito europeo para asegurar una distribución centralizada de los recursos estratégicos, entre ellos los sanitarios, tal y como han manifestado desde el Ministerio de Industria.
«No se trata de tener estos productos almacenados, sino de disponer de un listado de productos críticos y de las capacidades de producción nacional, susceptibles de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis para atender una demanda alta e inesperada», ha declarado Jordi Hereu, ministro de Industria. El objetivo que se proponen desde el Ministerio es asegurar la capacidad autónoma de producción nacional de estos productos esenciales en una situación de crisis en la que no esté asegurado el suministro exterior o puedan interrumpirse las cadenas de flujo comercial internacional.
Con esta iniciativa, el Gobierno colaboraría con aquellas empresas para que puedan mantener, junto a sus habituales líneas de producción de carácter comercial, una capacidad latente de adaptación a la producción de bienes estratégicos capaz de ponerse en marcha y escalar la producción con gran rapidez en caso de emergencia.