La construcción pide apoyo público para poner fin a la emergencia de vivienda (2ª parte)

Los costes de los materiales, la falta de recursos humanos y su cualificación, la disponibilidad de suelo y la gestión de licencias son otras de las cuestiones que Elisa Valero, socia directora de Economía 3 introdujo en la mesa de debate sobre construcción que se celebró en el Club Deportivo Empresarial Alcatí.

Teresa Puchades, presidenta de Avanza Urbana, reconoció que existe un frenazo en el sector. «Vivimos condicionados por unas necesidades de innovación de los materiales, la industrialización y la falta de técnicos para este nuevo modelo», recalcó. «Si la actividad promotora se reactivó en 2016, ahora sufrimos una  parálisis de licencias que alcanza entre las 1.200 y las 1.600 en Valencia».

Elisa Valero (Economía3)

La máxima responsable de Avanza Urbana incidió «en la falta de suelo y en la de planificación a largo plazo de desarrollo de infraestructuras». En concreto, recalcó que en Valencia hace falta primera y segunda vivienda, para  extranjeros, para invertir… «. Definió la situación como «crítica» y reclamó una  «actuación rápida de colaboración publico-privada».

Jaime Jiménez (Torrescámara) y Rosa María Pérez (Aidimme)

Jaime Jiménez, director de Edificación de Torrescámara puso en valor las palabras pronunciadas  por Antonio Olmedo  (Aprova) en alusión a que se había generado la emergencia inmobiliaria y que se pretendía resolver con acoso inmobiliario. «Hemos generado esa emergencia, hemos laminado el sector y cuando queremos activarlo estamos en emergencia». «Cuando tú has arrasado un sector -resaltó- supone que no hay tejido productivo y se ha expulsado la mano de obra. En definitiva, se ha denostado al sector», subrayó.

Jiménez declaró  que «este sector ha sido cabeza tractora liderado por empresas grandes y medianas. Torrescámara salió de España en época de crisis porque aquí no había nada», manifestó.

Normas de juego claras

Sobre las licitaciones que se han quedado desiertas de obra pública y que representan 9.000 millones de euros, indicó que «la Administración no ha sabido dar una solución y se ha producido una batalla por parte de las empresas para que se revisen los índices de precios de obra pública». Por ello, reclamó para las empresas «un marco jurídico estable para poder jugar y no que nos cambien las cartas cada día».

Igualmente, manifestó su deseo de que se retome «el rigor técnico a la hora de llevar a cabo inversiones públicas y que sean productivas«. Incidió en la necesidad de remar todos en la misma dirección «para recuperar unos mínimos de capacidad de supervivencia».

Alejandro Almenar, CEO de Vareser reconoció que además de la subida de costes, la falta de mano de obra…, «hay otros dos problemas y uno de ellos es el legislativo, no hay un marco que unifique la eficiencia inversora y cada comunidad autónoma tiene su propia normativa».

En este sentido añadió que «tenemos un marco normativo muy confuso que da lugar a diferentes interpretaciones, los precios de las licitaciones no se revisan y provoca que se queden desiertas».

Almenar volvió a reiterar la necesidad, al igual que manifestaron el resto de compañeros de debate, de «tener normas de juego claras».

Recordó que «se produjo un abandono del sector y dejaron de hacerse inversiones porque había otras prioridades que atender». Con lo cual, confirmó «al país le falta cualificación». Por ello, «si comenzamos a llevar a cabo un porcentaje de inversión eficiente recuperaremos el empleo y las empresas».

Alejandro Almenar (Vareser) y José Luis Santa Isabel (Fecoval)

Sí a la eficiencia y no al precio

Sobre el sistema de licitaciones, Almenar criticó que «la Administración sólo prima el precio y no la calidad de la ejecución. No hay un Real Decreto que palíe la subida de precios». Por ello, reclamó mejoras para el proceso de contratación «para que los ciudadanos podamos tener la tranquilidad de que se está seleccionando la mejor oferta y se está primando la eficiencia y no el precio«.

Sobre el sector de la construcción apuntó que «es pionero y líder en el ámbito internacional pero no somos capaces entre administraciones y sector privado de ejecutar esas inversiones eficientes que generarían empleo a corto plazo». Por todo ello, Almenar defendió la necesidad de «planificar esas infraestructuras y establecer un diálogo público-privado».

José Luis Santa Isabel, presidente de Fecoval, informó que en el caso de la Comunitat Valenciana se ha detectado que hacen falta entre 40.000 y 45.000 viviendas. Sobre el suelo, advirtió que «no hay suelo, ha subido mucho de precio y encarece la promoción«. Además, «el mayor tenedor del suelo es la Administración» por lo que reclamó su liberación.

Sobre el coste del precio de los materiales informó que la guerra de Ucrania ha influido en dicho incremento pero «hay una parte estructural, con lo que los precios no van a bajar porque se han adecuado a la situación actual ya que anteriormente siempre hemos trabajado con costes muy bajos y márgenes muy ínfimos».

Sobre la financiación, otra de las patas imprescindibles del sector, recordó que «los intereses han subido y esta situación ha contraído la demanda, los créditos están muy altos y no hay ayudas». Por ello, Santa Isabel reclamó que se disminuya el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que en la Comunitat Valenciana supone un 2%  y esto «sí que es una decisión política pura».

Santa Isabel también consideró fundamental una primera ayuda por parte de la Administración para el 20% de la entrada de la vivienda, uno de los principales problemas de los jóvenes para independizarse y acceder a una primera vivienda.

Otra de las cuestiones sobre las que puso el foco Santa Isabel reside en «la importancia de pasar de una sociedad subvencionada a una sociedad incentivada».

Sobre la mano de obra, explicó que «se ha perdido el 50% en la mano de obra por jubilación y la mano de obra extranjera ha vuelto a su país».  También puso el foco en la importancia de implantar una FP. Reconoció también que existe una amplia economía sumergida en el sector.

Sobre la rehabilitación del parq1ue inmobiliario de la Comunitat Valenciana recalcó que «el plan de Europa está mal concebido porque la ayuda va destinada a mejorar la eficiencia energética pero sin tener en cuenta la renta de la persona que la recibe». En este sentido, recordó que «la Administración conoce la renta de los edificios. Hay que dar la ayuda en función de esa renta».

Sobre los fondos europeos explicó que «se ha gastado menos de lo que ha llegado y se ha adjudicado más en la gobernanza y poco en el mercado y esta situación se tiene que reinvertir«.

En cuanto a infraestructuras declaró que la ley de contratos «es tan estricta que no podemos movernos. El proceso tarda en resolverse entre seis y nueve meses y  en ese tiempo no se revisan los precios» advirtió.

Coincidió con Almenar en que «las obras no se pueden adjudicar por precio y no contribuirán con la sociedad por comprar una obra más barata. Las empresas tienen que cumplir su misión, ganar dinero honradamente».

Antonio Olmedo (Aprova) José Vicente Dómine (GVA)

Antonio Olmedo, presidente de Aprova, recordó que se ha producido una denostación de las empresas en el ámbito público. «A la Administración no le importaba que desaparecieran empresas. Sin embargo, las empresas están muy bien consideradas por parte de la sociedad«.

Volvió a  insistir en la gran inseguridad jurídica que viven las empresas y coincidió con Santa Isabel en la importancia de la incentivación frente a la  subvención «para que haya progreso, innovación, emprendimiento y para que se incorpore al proceso productivo».

Rosa María Pérez Campos, responsable del Área de Materiales y Productos de Aidimme, ante los costes elevados de las materias primas sí que ve posibles soluciones. «Hay materias que no se pueden explotar más porque se están agotando. A todo ello se suman los problemas logísticos que también que han incrementado mucho los costes».

La responsable de Adimme recordó que desde el instituto «podemos mejorar cómo se pueden optimizar esas materias primas a través de la sostenibilidad y la reciclabilidad».

«Los residuos del derribo -informó- se deben reutilizar. Siempre es más caro empezar con algo porque significa una inversión pero al final vamos a tener menos dependencia del extranjero en materia prima, no sólo por la carestía y los vaivenes sociopolíticos, sino también porque creamos una autonomía propia para no tener problemas de aprovisionamiento«.

Por ello abogó por la necesidad de «crear productos prefabricados a través de residuos que se puedan utilizar o emplear materiales autóctonos». Incidió en la importancia de que la «normalización y la legislación vayan al mismo ritmo que el estado del arte».

Sobre la rehabilitación respaldó su potenciación de manera que sea casi una economía circular. «Esa vivienda mejorándola da dinero para el sector y da un servicio social importante. Ahora hay mucha capacidad para saber qué hace falta renovar y mantener sin hacer daño a la casa y a partir de ahí rehabilitar desde la investigación y la propia estructura de la casa. Con lo cual, la rehabilitación hay que hacerla cuanto antes porque si se retrasa aumenta el precio».

Innovación y más innovación

José Luis Santa Isabel explicó en el  s. XXI es un momento de pasar la vivienda construida a la industrialización. «Estamos a años luz de pasar a la vivienda prefabricada porque todavía son muy caras. Deben acoplarse al mercado para que baje el precio y esto se consigue con una producción alta».

Otro de los cambios que es necesario poner en marcha a juicio de Santa Isabel es «pasar del concepto de construcción al de montaje. Esto significa reducir los trabajadores en obra e incrementar la mano de obra en industria».

José Vicente Dómine, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes de la Conselleria de Infraestructuras y Territorio incidió en que «en los últimos ocho años se ha producido un frenazo total en el ámbito de las infraestructuras».

Sobre la normativa que regula al sector, Dómine reclamó «una mayor normalización estatal en todos los procesos de construcción, edificación, etc.».

Jaime Jiménez, director de Edificación de Torrescámara reconoció que la compañía es muy buena en procesos productivos pero «nos falta el marketing para dar la conocer los nuevos procesos innovadores que estamos desarrollando». En esta línea recordó que cuentan con la cátedra Torrescámara para normalizar esa innovación.

Teresa Puchades (Avanza Urbana) aclaró que «en nuestro sector la innovación es todo y debemos  ajustar la innovación a cada perfil».  Señaló también que en Avanza Urbana han apostado por la  innovación y la sostenibilidad. «Sin embargo, cuando empiezas a buscar determinados productos con las calidades que se piden,  ¿los perfiles lo pueden pagar? ¿Tenemos técnicos que saben instalarlo correctamente? ¿Los tiempos nos ayudan en ese proceso?», preguntó…

Sebastián Fernández (GVA) y Teresa Puchades (Avanza Urbana)

Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda de la Conselleria de Igualdad y Vivienda incidió en que «en estos sesenta días estamos ante un momento de oportunidad para la construcción de vivienda pública. Es necesario trasladar al sector que hay un momento de oportunidad».

En este sentido, añadió que «se van a dar pasos necesarios para reducir las trabas burocráticas para que, en poco tiempo, podamos disponer de esas viviendas que necesitamos».

Informó al resto de participantes que «las Administraciones deben facilitar que se haga vivienda y nuestros análisis demuestran que en la Comunitat Valenciana hay  suelo para construir más de 8.000 viviendas y para que estas sean una realidad en el mayor corto espacio de tiempo».

De todas formas, «para poder avanzar en todos estos objetivos necesitamos la colaboración público-privada. Tenemos las puertas abiertas para colaborar con vosotros«, concluyó.

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