Generalitat recupera 452.000 euros de fondos desviados en el caso Blasco

La Generalitat ha recuperado 452.287,48 euros del daño patrimonial causado por 12 de los acusados en el juicio de las piezas 2 y 3 del caso Blasco, relacionadas con el desvío de fondos públicos que deberían haberse dedicado a proyectos en países en desarrollo, entre los que se encontraba la construcción de un hospital en Haití. A esta cantidad habría que añadir 1.049.000 euros recuperados por la Generalitat en las piezas ya finalizadas relativas a las ayudas a la cooperación en Nicaragua.

El dinero depositado corresponde a las responsabilidades civiles asumidas por 12 de los procesados en la trama de desvío de fondos públicos, conforme a lo pactado por estos con la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat, que ejerce de acusación particular en el juicio.

Las cantidades ya han sido consignadas por los acusados e ingresadas en la cuenta de la Generalitat, de acuerdo con las conformidades pactadas el pasado mes de julio, y están pendientes de la sentencia judicial del caso, prevista para el próximo mes de diciembre, momento en el que estarán plenamente disponibles por parte de la Generalitat, que los destinará a ayudas a la cooperación para el desarrollo.

Los 12 acusados han reconocido los hechos y han llegado a acuerdos para asumir las penas y responsabilidades exigidas por la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat, y responder al daño patrimonial causado a la Administración por el desvío de los fondos.

En la trama juzgada se encontraba el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco, el empresario Augusto César Tauroni y el antiguo jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares. Con ninguno de ellos se ha alcanzado un acuerdo de conformidad y siguen sin resarcir el daño patrimonial causado y reclamado por la Generalitat.

Está previsto que en breves fechas se incrementen las cantidades recuperadas por la Generalitat, ya que se encuentran embargados y pendiente de ejecución diversos inmuebles propiedad de algunos de los condenados en la pieza primera del juicio a la trama.

Es el caso de Rafael Blasco y la finca que posee en Aguas Vivas, así como dos apartamentos de lujo y un yate en Miami propiedad de César Augusto Tauroni y diversos inmuebles embargados de Marc Llinares y Alexandre Català. Todos ellos eran directivos o funcionarios con altas responsabilidades en la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía en el momento de los hechos juzgados.