El lado incómodo de Verifactu: por qué las micropymes piden una tregua

La implantación de Verifactu, el nuevo sistema digital de verificación de facturas impulsado por la Agencia Tributaria, vuelve a situarse en el centro del debate empresarial. Las patronales nacionales del comercio especializado de pan, carne y pescado han reclamado que se exima del cumplimiento de la norma a las micropymes y a determinados colectivos de autónomos, alertando de que una aplicación homogénea puede generar efectos desproporcionados sobre miles de pequeños negocios.

Las organizaciones sectoriales han pedido que queden fuera del sistema las empresas de muy reducido tamaño, los empresarios persona física mayores de 60 años y las comunidades de bienes con menos de diez trabajadores, además de los comercios minoristas de alimentación acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia del IVA que venden exclusivamente a consumidores finales.

La reivindicación no cuestiona el objetivo de control fiscal, sino la proporcionalidad de las exigencias técnicas y económicas para un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por autónomos y microempresas con recursos muy limitados.

El Gobierno, por su parte, ya ha introducido un elemento de flexibilidad al ampliar los plazos de entrada en vigor. Verifactu será obligatorio desde el 1 de enero de 2027 para las empresas sujetas al Impuesto de Sociedades y desde el 1 de julio de 2027 para el resto. Un aplazamiento que las patronales consideran un alivio, aunque insuficiente si no va acompañado de medidas de apoyo reales, como subvenciones directas para la adaptación tecnológica o líneas de financiación accesibles.

La modernización fiscal frente a la viabilidad del pequeño negocio

El trasfondo del debate va mucho más allá de una cuestión normativa. En juego está el equilibrio entre la modernización fiscal y la viabilidad económica de miles de establecimientos de proximidad. Para muchos comercios tradicionales, Verifactu no se percibe solo como una nueva obligación digital, sino como un salto cultural que exige inversión en software, TPV, básculas conectadas y formación en un contexto de márgenes estrechos y presión creciente de costes.

La pregunta, por tanto, ya no es si Verifactu llegará, porque la dirección de la política fiscal es clara, sino cómo llegará y con qué grado de acompañamiento al pequeño tejido empresarial. La experiencia demuestra que las reformas tecnológicas impuestas sin un enfoque pedagógico y proporcional tienden a generar resistencia y desafección, e incluso pueden acelerar el abandono de la actividad por parte de los operadores más frágiles.

De ahí que las patronales insistan en que la implantación debe tener en cuenta las singularidades fiscales y operativas del comercio minorista de alimentación. La aplicación homogénea de la norma, advierten, puede provocar efectos desproporcionados que comprometan la continuidad de miles de establecimientos que cumplen una función económica y social esencial en el territorio.

FinanEDI, el eslabón entre la norma y la empresa real

Es en este punto donde cobra especial relevancia el papel de las empresas especializadas en soluciones de cumplimiento normativo. FinanEDI, una de las firmas que más de cerca está siguiendo la implantación de Verifactu en el tejido de micropymes y autónomos, se ha convertido en un referente para entender hasta qué punto la norma plantea retos operativos reales para el pequeño comercio.

Desde su experiencia diaria con asesorías, comercios de proximidad y profesionales autónomos, la compañía constata que el principal problema no es la resistencia al control fiscal, sino la dificultad de adaptar procesos y tecnología en negocios con estructuras mínimas y márgenes muy ajustados.

«Estamos viendo mucha inquietud entre los pequeños empresarios, especialmente en sectores como el comercio minorista de alimentación», explican desde FinanEDI. «No se trata de negarse a la digitalización, sino de contar con herramientas y plazos que sean realistas para negocios que no tienen departamentos de IT ni capacidad financiera para asumir cambios bruscos».

La aportación de FinanEDI no se limita a ofrecer una herramienta tecnológica compatible con Verifactu. Su propuesta se basa en acompañar a la empresa en todo el proceso de adaptación, desde la comprensión de la norma hasta la integración práctica en el día a día del negocio. En un contexto donde la incertidumbre regulatoria se traduce fácilmente en miedo al error y a la sanción, contar con un socio que combine visión fiscal y tecnológica se ha convertido en un factor crítico para miles de pequeños comercios.

Una prueba de proporcionalidad para la política fiscal

Desde esta perspectiva, la discusión sobre las exenciones solicitadas por las patronales no debería plantearse como un pulso entre la Administración y los sectores tradicionales, sino como una oportunidad para rediseñar la implantación del sistema. Un modelo escalonado, con exigencias diferenciadas según tamaño, actividad y capacidad operativa, permitiría avanzar en los objetivos de control sin poner en riesgo la supervivencia de los negocios más vulnerables.

En ese sentido, el debate conecta directamente con lo que empresas como FinanEDI llevan tiempo trasladando a la Administración: que la eficacia del control fiscal no depende solo de la norma, sino de la capacidad real de las empresas para cumplirla. La experiencia demuestra que cuando la regulación se apoya en soluciones accesibles y en un ecosistema de proveedores preparados, la transición se acelera y el conflicto se reduce. Cuando no es así, el riesgo es que la modernización fiscal se perciba como una carga más y no como una oportunidad de mejora.

El debate abierto en torno a Verifactu pone sobre la mesa la cuestión de hasta qué punto la política fiscal es capaz de combinar eficacia recaudatoria con sensibilidad hacia la realidad empresarial. La digitalización de los sistemas de facturación es un objetivo legítimo y necesario, pero su éxito dependerá de que no se perciba como una imposición ajena a la capacidad real del pequeño tejido productivo.

El futuro de Verifactu se juega en la confianza

Si algo está quedando claro es que la digitalización fiscal no puede limitarse a dictar normas desde el BOE. Requiere aliados en el mercado, soluciones adaptadas y una comprensión profunda de cómo funcionan realmente los pequeños negocios. De lo contrario, el riesgo no es solo generar rechazo, sino convertir una herramienta diseñada para mejorar la transparencia en un nuevo factor de desigualdad entre grandes empresas y microemprendedores.

En ese equilibrio delicado se juega buena parte del futuro de Verifactu. Y también la credibilidad de una política pública que aspira a reforzar el control sin sacrificar la diversidad y la viabilidad del tejido productivo más frágil.

En ese camino, el papel de actores como FinanEDI será determinante, no solo como proveedores tecnológicos, sino como intérpretes de una transformación que, bien gestionada, puede profesionalizar la gestión empresarial; mal planteada, puede agrandar la brecha entre grandes empresas y microemprendedores.