Autónomos y pymes ante Verifactu: oportunidad si se evita la «última hora»

La prórroga de Verifactu hasta 2027 ha relajado la presión inmediata, pero no ha eliminado el reto: elegir sistema, adaptar procesos y evitar una implantación a contrarreloj en 2026. Con el nuevo calendario ya definido por el RDL 15/2025, autónomos y pymes afrontan una ventana de oportunidad para convertir el cumplimiento en eficiencia. En ese contexto, FinanEDI reivindica acompañamiento y soluciones listas para que la transición no frene la actividad

El aplazamiento de Verifactu hasta 2027 ha tenido un efecto inmediato en el tejido de autónomos y pequeñas empresas: ha rebajado la presión del «llego o no llego», pero ha abierto un periodo de incertidumbre práctica que puede ser igual de costoso si se interpreta como una invitación a posponerlo todo. Porque, aunque la fecha se mueve, el trabajo sigue ahí: elegir sistema, adaptar hábitos de facturación, formar a las personas que emiten documentos y coordinarse con la asesoría.

Un nuevo calendario

El Real Decreto-ley 15/2025, publicado el 3 de diciembre de 2025 y en vigor desde el día siguiente, amplía los plazos de adaptación de los sistemas informáticos de facturación a los requisitos del Reglamento Verifactu. El nuevo esquema fija dos hitos: 1 de enero de 2027 para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y 1 de julio de 2027 para el resto de obligados tributarios (donde se encuadra buena parte de los autónomos en IRPF). El propio texto recuerda que se trata de acompasar la implantación al calendario técnico y normativo y asegurar una puesta en marcha ordenada.

Lo relevante, sin embargo, es lo que ocurre entre hoy y esas fechas. Y aquí los datos apuntan a una realidad menos «binaria» de lo que parece: una parte seguirá con su planificación y otra se tomará el aplazamiento como margen para decidir.

¿Retraso o hacerlo lo antes posible?

En un estudio de Ipsos (845 entrevistas a autónomos, micropymes, pymes y asesores), la foto es clara: un 24% asegura que el retraso «no cambia nada» y lo implantará cuando ya tenía previsto; un 25% habla de un retraso breve y de hacerlo lo antes posible; un 20% reconoce un retraso importante; y un 7% admite un retraso indefinido. Es decir, el mercado no se detiene, pero se fragmenta.

Esa fragmentación, de hecho, ya anticipa un fenómeno conocido en cambios regulatorios: la demanda no desaparece, se concentra. El mismo informe prevé que la implantación de soluciones compatibles se agrupe entre abril y septiembre de 2026, aunque de forma escalonada. Para un autónomo o una pequeña empresa, esto tiene una traducción directa: si se espera demasiado, el «cuándo» deja de depender de la propia agenda y pasa a depender de la disponibilidad del proveedor, de la asesoría y del soporte técnico.

Hay un segundo elemento que explica por qué el aplazamiento no equivale a calma. La desinformación sigue siendo alta. Casi la mitad (47%) de los autónomos y pequeñas empresas reconoce que se enteró de la prórroga al ser preguntado. Ese dato no es menor: significa que una parte del colectivo podría estar operando con un calendario mental equivocado -y, por tanto, sin plan- mientras cree que «ya se verá». Este contexto hace que el papel de proveedores especializados y de herramientas listas para el cumplimiento sea más relevante: no solo por tecnología, sino por acompañamiento y pedagogía.

El papel de FinanEdi

En este punto, FinanEDI busca poner en valor su trabajo precisamente en el tramo más delicado: el de convertir una obligación técnica en un cambio manejable para negocios pequeños. Para José Manuel Pérez, CEO de FinanEDI, la prórroga debe leerse como una ventana de planificación, no como un freno: sostiene que el año adicional permite «ordenar» el proceso, pero que posponer la decisión sin piloto ni formación solo trasladará el estrés a 2026, cuando se solapen cierres, campañas y picos de trabajo.

En su opinión, el riesgo no es Verifactu en sí, sino llegar tarde y tener que implantar «en caliente» en plena operativa diaria.

La duda que muchos se plantean -si seguir adelante o esperar «a ver qué pasa»- suele depender del punto de partida. Quien ya tiene un software de gestión prácticamente integrado y hábitos consistentes de facturación avanza antes, porque el coste de adaptación es menor y el beneficio operativo se percibe rápido.

Sin embargo, quien factura con circuitos manuales o herramientas poco robustas tiende a retrasar, no por falta de voluntad, sino por miedo a la falta de tiempo de implantación o qué passa «¿si me equivoco y emito mal?». Pérez insiste en ese cambio cultural: su prioridad, afirma, es que el autónomo o la pyme «no sienta que Verifactu le añade burocracia», sino que la digitalización le quite tareas repetitivas y le aporte control.

Aplazamiento, ¿varapalo o respiro?

Por eso, el aplazamiento puede verse tanto como un varapalo como un respiro. Es varapalo para quien ya invirtió con el calendario anterior -por dinero, por horas y por desgaste- y ahora percibe que el mercado tendrá un año más para ponerse al día. Pero, al mismo tiempo, es respiro porque convierte lo que podía ser una implantación precipitada en un proyecto con margen para pruebas, depuración de procesos y formación mínima.

Y aquí entra una idea importante: el retorno de la inversión no depende únicamente de la fecha legal, sino de si el negocio aprovecha el cambio para mejorar su gestión. No es casual que, en el estudio citado, los beneficios que más se mencionan sean productividad y control: ahorro de tiempo (44%), mejor control de cobros (39%) y menos errores (27%). Cuando se mira así, Verifactu deja de ser solo «cumplimiento» y empieza a parecerse a «orden en la casa».

El calendario, además, ya no depende únicamente de «la fecha de entrada en vigor». Depende de si el negocio es sociedad o autónomo; de la complejidad de su facturación (volumen, rectificativas, series, cobros parciales, devoluciones); de cómo se relaciona con su asesoría; y de la disponibilidad de soluciones adaptadas y de soporte.

Adelante para fabricantes y comercializadores

En el plano técnico, el RDL subraya que no se modifica el calendario de fabricantes y comercializadores, que debían tener en el mercado sistemas plenamente adaptados desde el 29 de julio de 2025, y también recuerda que debía estar disponible el servicio de recepción en sede electrónica de la AEAT. Es decir, la tecnología «de base» se esperaba ya lista; lo que queda es la adopción real por parte de quien factura.

En cuanto a las asesorías, el aplazamiento se ha recibido con alivio operativo y, a la vez, con una tarea adicional: explicar y reexplicar. El informe de Ipsos indica que buena parte de los despachos cree que ahora podrá planificar por oleadas y dedicar más tiempo a asesorar y menos a tareas administrativas, y que muchos clientes aceptarán pilotos y formación para llegar mejor preparados. Para una pyme o un autónomo, esto se traduce en una recomendación simple: no conviene delegar toda la decisión en el último trimestre. La asesoría es clave, pero también es un recurso finito.

No es complejo pero exige disciplina

Con este nuevo marco, el plan razonable para un autónomo o una pyme no es complejo, pero sí exige disciplina. Primero, entender el propio mapa de facturación: quién emite, cómo, con qué herramienta y con qué integraciones (banco, TPV, e-commerce). Segundo, elegir un sistema compatible con un criterio pragmático: que cumpla y que tenga soporte, no solo «que prometa que cumplirá». Tercero, hacer un piloto real con casos habituales para detectar fricciones antes de que sea tarde. Y cuarto, formar lo imprescindible: que el negocio no dependa de una sola persona para facturar.

José Manuel Pérez lo resume desde una lógica de negocio: la prórroga da margen para hacer las cosas bien, y hacerlo bien significa «implantar sin interrumpir». Esa es la diferencia entre llegar a 2027 con un cambio integrado en la rutina o llegar con un parche. Para el autónomo y la pyme, el verdadero dilema no es si Verifactu llegará, sino si 2026 será un año de preparación ordenada o un año de prisas acumuladas.