El turismo de app bajo la lupa: Consumo impone una multa récord de 64M a Airbnb

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado a Airbnb con algo más de 64 millones de euros por alojar decenas de miles de anuncios de viviendas turísticas sin licencia o con números de registro que no se correspondían con los que utilizan las comunidades autónomas. La resolución, ya firme en vía administrativa, obliga a la plataforma a retirar los contenidos considerados ilícitos, a corregir los incumplimientos detectados y a hacer pública la sanción.

La multa impuesta por anunciar viviendas turísticas sin licencia se circunscribe en un cambio de fase en la supervisión del modelo turístico digital en España. La sanción llega en un contexto de fuerte tensión en el mercado de la vivienda y se suma a otras decisiones recientes del Ministerio de Consumo frente a grandes operadores, como la aerolínea de bajo coste Ryanair.

El eje común es la voluntad de reforzar la protección del consumidor y la aplicación efectiva de la normativa en sectores donde la digitalización y la expansión rápida de los modelos de negocio han ido por delante de la regulación.

Una sanción récord en plena crisis de vivienda

La cuantía equivale a seis veces el beneficio ilícito estimado por Consumo durante el tiempo en que los anuncios permanecieron publicados tras el apercibimiento inicial. El expediente incluye además infracciones relacionadas con la omisión de información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión y con la negativa de Airbnb a facilitar determinados datos requeridos por la Administración durante la instrucción. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado antes las órdenes del Gobierno para retirar anuncios que vulneraban la normativa.

Facua ha destacado que esta es la segunda mayor multa impuesta en España en materia de consumo, solo superada por los 108 millones que recayeron sobre Ryanair dentro de un procedimiento conjunto contra varias aerolíneas de bajo coste. Desde el Ministerio se vincula esta actuación con la defensa del derecho a la vivienda y con la idea de que las grandes plataformas deben cumplir las mismas normas que el resto de operadores, con independencia de su tamaño.

El movimiento coincide con un entorno en el que el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda en España se mantiene en niveles muy elevados. Distintos análisis sitúan el coste de compra en torno a 7,5 salarios anuales para un hogar medio, en un contexto en el que los precios han avanzado con más rapidez que los ingresos. La presión sobre el alquiler, especialmente en grandes ciudades y destinos turísticos, es uno de los principales factores de preocupación social.

Ofensiva contra el alquiler turístico ilegal y las plataformas

La sanción a Airbnb forma parte de una estrategia más amplia frente al alquiler turístico ilegal y al papel de los intermediarios digitales. Durante 2025, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha comunicado a distintas plataformas la existencia de más de 50.000 pisos turísticos sin registro válido en el nuevo censo estatal de viviendas de uso turístico, con especial concentración en ciudades como Sevilla, Marbella, Barcelona, Málaga o Madrid.

En Cataluña, el Gobierno central ya exigió la retirada de varios miles de anuncios que no cumplían los requisitos, en coordinación con la Generalitat. La acción llegaba tras varios meses en los que ya se habían bloqueado, de mutuo acuerdo con Airbnb, decenas de miles de anuncios que se consideraban ilegales según la normativa autonómica correspondiente.

Lo cierto es que la capacidad de actuación del Estado está condicionada por el reparto de competencias. El Ministerio puede exigir la retirada de anuncios que incumplen la normativa de consumo y de vivienda, e imponer sanciones económicas a las plataformas por prácticas comerciales desleales, pero el cierre efectivo de viviendas o la clausura de actividades dependen de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

Este marco ha llevado al Gobierno a utilizar la vía de Consumo como principal palanca de presión sobre las grandes plataformas, reforzando la idea de que no son meros soportes neutros, sino actores con responsabilidad en la verificación y depuración de la oferta que publicitan.

El papel de Airbnb en la tensión del mercado de la vivienda

El debate de fondo gira en torno a la contribución del alquiler turístico a la tensión del mercado residencial. La literatura académica reciente apunta a un impacto desigual. Algunos trabajos concluyen que, a escala nacional, el efecto agregado sobre los precios de la vivienda es limitado, pero identifican incrementos significativos en áreas concretas, especialmente en barrios muy turísticos de grandes ciudades y en determinadas zonas costeras.

Un estudio sobre las principales ciudades turísticas españolas concluye que la expansión de las viviendas de uso turístico se asocia a una reducción del parque de vivienda disponible para residencia habitual y a aumentos apreciables de los alquileres en los distritos con mayor densidad de este tipo de apartamentos. Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia, aparecen entre los casos más afectados.

En la Comunitat Valenciana, análisis centrados en València ciudad describen un proceso similar en los barrios con mayor concentración de oferta turística, donde la salida de viviendas del mercado residencial se combina con cambios en el tejido comercial y en la composición social de las zonas afectadas.

Airbnb suele defender que su actividad permite generar ingresos adicionales para los hogares que alquilan una vivienda o una habitación, diversifica la oferta turística más allá de los circuitos hoteleros tradicionales y representa aún una parte minoritaria del parque total de vivienda. Las administraciones, por su parte, subrayan el impacto concentrado en determinadas áreas y la necesidad de evitar que la expansión del alquiler vacacional desplace a residentes permanentes.

En la práctica, la tensión entre un parque de vivienda limitado, una demanda turística elevada y una regulación que ha ido adaptándose con retraso explica buena parte del conflicto. La introducción de registros únicos, de cupos en zonas saturadas, de figuras como las áreas tensionadas y de sanciones de alto importe trata de reordenar este equilibrio, aunque también plantea interrogantes sobre el atractivo inversor del alquiler vacacional y sobre la evolución del modelo turístico español en su conjunto.

Ryanair y las ‘low cost’: un patrón regulatorio similar

El expediente de Ryanair ilustra que la ofensiva regulatoria no se limita al alojamiento. A finales de 2024, el Ministerio de Consumo impuso una sanción de 179 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo coste por prácticas consideradas abusivas, entre ellas el cobro del equipaje de mano como servicio adicional. Además del mencionado caso de Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian y Volotea completaban el listado de compañías investigadas.

Las aerolíneas han recurrido la resolución ante la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado suspender de forma cautelar el pago de las multas mientras se resuelven los recursos, aunque ha exigido garantías financieras por importes muy elevados.

En este ámbito, el patrón es comparable al del alquiler turístico. Modelos de negocio que crecieron aprovechando márgenes regulatorios, ofreciendo precios muy competitivos y ganando una gran cuota de mercado se enfrentan a un entorno de mayor exigencia en materia de transparencia y de derechos del consumidor. El Gobierno pone el acento en la necesidad de que el coste de volar barato no se traslade a la opacidad contractual o a un desequilibrio excesivo entre empresa y usuario.

Un modelo turístico en revisión

El turismo continúa siendo uno de los pilares de la economía española, tanto en términos de PIB como de empleo. Sin embargo, la combinación de crisis de acceso a la vivienda, congestión en determinados destinos y malestar vecinal ha impulsado un debate sobre el tipo de turismo que se quiere promover y sobre las condiciones en las que operan los grandes intermediarios digitales.

La actuación frente a los pisos turísticos ilegales y las grandes plataformas apunta a un escenario en el que se exigirá más transparencia en la información, una verificación más rigurosa de las licencias y una coordinación más estrecha entre administraciones a la hora de supervisar el mercado. En las zonas más tensionadas, el objetivo declarado es que una parte de la vivienda actualmente destinada al uso turístico regrese al parque residencial habitual.

Para plataformas como Airbnb, el reto consiste en adaptarse a un entorno donde se espera que contribuyan de manera activa al cumplimiento de la normativa urbanística y de consumo, integrando su actividad en un marco urbano más exigente desde el punto de vista social. Para las aerolíneas de bajo coste, la cuestión pasa por mantener su propuesta de precios competitivos compatible con estándares claros de información y de protección del pasajero.

Mientras tanto, el mercado de la vivienda sigue sin un equilibrio duradero entre oferta y demanda. La respuesta regulatoria sobre el alquiler turístico y las plataformas es una pieza importante del puzle, pero no sustituye a políticas más amplias de aumento de oferta, impulso del alquiler asequible y rehabilitación, que serán determinantes para aliviar de forma sostenible las tensiones que hoy se observan en buena parte del país.