España acelera con el freno de mano puesto: el IEE advierte de un crecimiento condicionado

El arranque de 2025 ofrecía una oportunidad para consolidar la recuperación económica global iniciada tras la pandemia. Sin embargo, esa inercia positiva se ha visto truncada por el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE. UU. y su viraje proteccionista, que ha desatado una nueva ola de tensiones comerciales. «La economía mundial ha entrado en una espiral arancelaria que condiciona de forma significativa los flujos comerciales y la inversión internacional», señala el  Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su informe semestral.

El nuevo programa comercial estadounidense incluye un arancel generalizado del 10 % a todas las importaciones, además de represalias que llegan al 145% para productos chinos. China ha respondido con medidas equivalentes, y Europa no ha quedado al margen del conflicto. «Este nuevo proteccionismo es el factor externo más determinante para la economía española», advierte Gregorio Izquierdo, director general del IEE.

A este panorama se suman tensiones geopolíticas persistentes —Ucrania, Oriente Medio, el conflicto latente en Asia— y unas condiciones financieras más restrictivas. La Reserva Federal (Fed) ha paralizado la esperada bajada de tipos, y la confianza empresarial a nivel global se ha resentido. «Nos enfrentamos a un contexto externo que combina incertidumbre, volatilidad y fragmentación, con un impacto claro sobre el comercio internacional y las expectativas de inversión», añadió Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE, durante la presentación.

España: una locomotora europea que comienza a perder tracción

En este complejo entorno, España sigue siendo una excepción relativa. El IEE prevé que el PIB crecerá un 2,3 % en 2025, consolidándose como una de las economías más dinámicas de la eurozona. Sin embargo, ese liderazgo se sustenta en un modelo que empieza a mostrar grietas. «Se mantiene un crecimiento destacable, pero con un ritmo progresivamente decreciente y cada vez más dependiente del consumo interno», advierte el informe.

El consumo de los hogares ha ganado fuerza gracias a la mejora del empleo, el aumento de la renta disponible y una inflación más contenida. No obstante, tanto la inversión como el sector exterior —que hasta hace poco eran motores del crecimiento— han perdido empuje. «El turismo ha tocado techo y las exportaciones sufren por la desaceleración global», añade el documento.

Además, el contexto interno tampoco es favorable. «El elevado grado de incertidumbre institucional y regulatoria, junto con un entorno político inestable, impacta de forma directa en las decisiones empresariales», explica Izquierdo. Las empresas aplazan inversiones, se retraen y, en muchos casos, reorientan su actividad fuera del país. «El entorno ya no invita a arriesgar», resume.

Un crecimiento sin músculo: la debilidad de la inversión empresarial

Una de las principales preocupaciones del informe es la evolución de la inversión productiva. La formación bruta de capital apenas ha avanzado un 4,8% desde 2019, y la inversión en bienes de equipo sigue estancada. «A pesar de un contexto financiero favorable, la inversión empresarial continúa mostrando una atonía preocupante», señala el informe. La causa, según el IEE, no está en los costes del crédito, sino en la rentabilidad esperada y en la falta de confianza.

«Las empresas perciben riesgos normativos elevados, rentabilidades ajustadas y un marco político poco estable», explica Izquierdo. A esto se añade la creciente competencia internacional, especialmente desde Asia. «Frente a economías como China o Corea del Sur, España pierde terreno en capital productivo y tecnología». La consecuencia es clara: baja productividad y estancamiento en la modernización del tejido empresarial.

Solo la inversión en activos inmateriales, como software, patentes o procesos digitales, muestra un cierto dinamismo. Pero es una excepción que no alcanza a compensar la parálisis en sectores tradicionales. «La falta de inversión hoy es el lastre de la productividad mañana», advierte el documento. Sin una transformación profunda, España corre el riesgo de quedar rezagada en la carrera global por la innovación.

Empleo fuerte, pero con sombras en el horizonte

En medio de este panorama, el mercado laboral español ofrece una de las pocas noticias positivas. El empleo sigue creciendo —un 0,6% en el segundo trimestre de 2025, según datos desestacionalizados— y la afiliación a la Seguridad Social mantiene una tendencia al alza. «El empleo sigue mostrando fortaleza, aunque se observa una desaceleración muy gradual», señala el informe.

Las previsiones del IEE apuntan a un crecimiento del empleo del 1,9 % en 2025 y del 1,5 % en 2026, lo que permitiría una reducción paulatina de la tasa de paro, hasta el 10,3 % en 2026. «Pero si se aprueba la reducción de jornada laboral planteada por el Gobierno, estas cifras deberían ajustarse a la baja», advierte Fernández de Mesa. Según el IEE, la medida tendría un efecto negativo tanto en el PIB como en el empleo neto.

Por otro lado, la productividad por ocupado está descendiendo, y los costes laborales unitarios han crecido de forma sostenida. «Desde 2019, el coste laboral por hora trabajada ha aumentado un 30,2%, muy por encima del 23,6% de la eurozona», apunta el documento. Este desajuste afecta especialmente a las pymes, y refuerza la percepción de que el modelo laboral español, aunque dinámico, puede no ser sostenible sin mejoras de productividad.

La calidad institucional, el freno invisible

El aspecto más inquietante del informe del IEE no reside en las cifras económicas, sino en la dimensión institucional. «España presenta una posición claramente desfavorable en términos de calidad institucional, regulatoria y de estabilidad política», alerta el informe. Para medirlo, el IEE ha construido tres indicadores: deficiencia regulatoria, debilidad de control institucional e inestabilidad estructural.

Los resultados son contundentes. En deficiencia regulatoria, España se sitúa en el puesto 12 de 34, con un nivel un 33 % superior al promedio de la UE. En debilidad de control institucional, ocupa el puesto 16 de 35. Y en inestabilidad institucional, figura en el noveno lugar, con un 41% más de inestabilidad que la media europea. «Estamos entre los países con mayor incertidumbre normativa y política del entorno desarrollado», sentencia Izquierdo.

Las consecuencias son inmediatas: menor inversión, mayor fuga de talento, costes regulatorios más altos y desconfianza empresarial. «Casi el 60% de las empresas españolas identifican la regulación como el principal obstáculo a la inversión, frente al 24,5% en Europa», añade el informe. La previsibilidad —clave para cualquier decisión económica a medio plazo— brilla por su ausencia.

«Sin seguridad jurídica no puede haber ni inversión ni crecimiento sostenido», concluye el IEE.

Recomendaciones: reformas para un entorno más competitivo

Ante este diagnóstico, el Instituto de Estudios Económicos lanza una hoja de ruta basada en seis pilares. El primero: fortalecer la gobernanza, con más transparencia, simplificación normativa y control del gasto público. El segundo: acelerar la innovación, como motor de productividad. Le siguen el fomento de la inversión empresarial, la reducción de la brecha de capacidades, el refuerzo de la competencia y la reorientación exterior de la economía hacia una autonomía estratégica.

«España no puede permitirse la complacencia», insiste Fernández de Mesa. «Tenemos la oportunidad de consolidar una recuperación sostenible, pero eso exige reformas estructurales profundas». Entre ellas, mejorar el entorno fiscal, modernizar el marco regulatorio y reducir la hiperfragmentación normativa que lastra a empresas y emprendedores.

El informe concluye con una advertencia: «El crecimiento económico no puede sostenerse indefinidamente sobre el consumo privado y el gasto público». Sin inversión, sin estabilidad institucional y sin una estrategia de país clara, España corre el riesgo de entrar en una fase de estancamiento. El reto no es solo económico, es también político y de modelo.