Mujeres al Timón
En septiembre de 2024, el Consejo de Ministros de España dio un paso importante en la regulación de las criptomonedas al aprobar la ley DAC8, cuyo objetivo es fortalecer el control sobre el mercado de criptoactivos. La nueva normativa obliga a las plataformas de criptomonedas a proporcionar información detallada sobre sus usuarios a las autoridades tributarias, promoviendo una mayor transparencia y facilitando la fiscalización fiscal.
Esta ley, que aún debe ser aprobada por el Parlamento, refleja el esfuerzo de España en combatir la evasión fiscal y alinearse con los estándares de la Unión Europea. El objetivo principal de la DAC8 es ampliar el alcance de las obligaciones informativas para incluir las criptomonedas, no solo aquellas ya consolidadas, sino también las nuevas criptomonedas, memecoins y proyectos menos consolidados, sustituyendo el concepto de «moneda virtual» por «criptoactivo».
Según datos del Ministerio de Hacienda, la medida permitirá un control más eficaz sobre los criptoactivos mantenidos tanto dentro como fuera del país. Este cambio es crucial en un mercado que, según los últimos informes de la consultora Chainalysis, movió alrededor de 60.000 millones de euros en criptoactivos en Europa en 2023.
Tal y como se divulgó en el comunicado oficial, la DAC8 forma parte de un marco regulador más amplio de la Unión Europea, inspirado en el Crypto-asset Reporting Framework (CRF) de la OCDE. Este marco establece normas de diligencia y reporte sobre criptoactivos que se aplican tanto a usuarios residentes como no residentes.
De esta manera, España busca alinearse con los acuerdos internacionales de intercambio de información, aumentando la cooperación con otras jurisdicciones en la lucha contra el fraude fiscal y promoviendo una estructura reguladora clara y homogénea dentro de la Unión Europea. Con el mercado de las criptomonedas en rápida expansión, la nueva ley representa el esfuerzo de España para adaptarse a esta evolución.
Según el portal Cointelegraph, España se encuentra entre los cinco principales mercados de criptoactivos en Europa, con un gran volumen de usuarios y transacciones. La DAC8 facilita la colaboración entre las autoridades fiscales españolas y las de otros países, reforzando la asistencia mutua en la recopilación de información.
Esto es relevante, ya que en 2022 España ya recaudó aproximadamente 180 millones de euros en impuestos relacionados con transacciones de criptomonedas, según datos de la Agencia Tributaria Española. El comunicado del Ministerio de Hacienda explica que la DAC8 permitirá la «constitución de un marco regulador necesario» para el intercambio de información con los demás Estados miembros de la Unión Europea y otras jurisdicciones asociadas.
Este intercambio internacional es fundamental para la identificación de irregularidades y para la aplicación de sanciones más efectivas en casos de incumplimiento fiscal, especialmente en un contexto donde los activos digitales se utilizan cada vez más para transferencias transnacionales. Otro cambio importante que introduce la DAC8 es la inclusión de las criptomonedas como bienes sujetos a embargo.
En la práctica, esto significa que las autoridades fiscales podrán confiscar criptoactivos en situaciones de morosidad fiscal. Esta medida amplía el alcance de la Ley General Tributaria para abarcar, además de los activos tradicionales, los bienes mantenidos en instituciones de pago y de dinero electrónico. Esta actualización acompaña la evolución del mercado financiero y las nuevas tecnologías de pago, reflejando la adaptación del gobierno español a los cambios del sector digital.
Según el Ministerio de Hacienda, las modificaciones en la Ley General Tributaria permiten que España actúe con mayor rapidez y eficiencia en casos de embargos fiscales, aplicando las mismas reglas a los criptoactivos que ya se aplican a otros bienes y derechos. La implementación de la DAC8 podría tener muchos efectos tanto para los usuarios como para los proveedores de servicios de criptomonedas en España.
Para los inversores, esto representa una mayor necesidad de transparencia y adecuación a las normas fiscales. Para las plataformas de criptoactivos, la nueva ley plantea desafíos operativos, ya que tendrán que invertir en sistemas de cumplimiento para asegurar el correcto intercambio de datos con el gobierno.
Se espera que la regulación aporte mayor seguridad al mercado de criptomonedas, atrayendo a nuevos inversores que buscan un entorno más transparente y fiscalizado. Según estimaciones del Banco de España, el sector de criptoactivos podría generar más de 2.000 millones de euros para la economía del país en los próximos cinco años, si mantiene su ritmo de crecimiento y las políticas regulatorias se mantienen estables.
