Mujeres al Timón
La tensión entre el Gobierno y el Partido Popular ha ido en aumento en los últimos días por la problemática que atraviesa el país en materia de vivienda. Hace una semana, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, apelaba a la solidaridad de los caseros para rebajar los precios del alquiler y, un día después, aseguraba que se recortaría la financiación estatal a las comunidades autónomas (CCAA) que no cumplieran con la Ley de Vivienda, en referencia a las autonomías gobernadas por el PP.
Con la polémica servida por estas declaraciones de la ministra, el Ejecutivo y las CCAA se han reunido este jueves en una nueva Conferencia Sectorial de Vivienda, donde las CCAA ‘populares’ se han presentado haciendo un frente común contra la Ley de Vivienda y criticando la «amenaza» del Gobierno.
El Gobierno recula
Si bien Rodríguez aseveró hace unos días que quien no cumpliera la normativa, no tendría financiación del Gobierno central, este jueves ha matizado sus declaraciones. En este sentido, ha señalado que las comunidades que cumplan con la ley podrán verse beneficiadas de una serie de actuaciones extraordinarias, descartando que se puedan quitar fondos al resto, como las gobernadas por el PP que descartan declarar zonas tensionadas.
En declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la reunión, la ministra de Vivienda ha remarcado que «lo que obliga la ley es claro y contundente». «Si hay zonas de extraordinaria emergencia, tensionadas, y existir existen, tenemos que actuar y las administraciones hacer lo posible para revertirlo en el menor tiempo posible», ha subrayado.
Rodríguez ha recordado que la ley permite abaratar el precio del alquiler un 5% y contempla bonificaciones a los caseros del 90%. Por ello, ha subrayado que la ciudadanía no entiende por qué hay comunidades que teniendo los instrumentos no los aplican.
«Ofrezco acuerdo, colaboración y recursos y espero del PP, que es un partido de Estado que ahora está en la oposición, que haga lo que se espera, alcanzar un pacto entorno a la vivienda», ha agregado la ministra.
El PP rechaza la «amenaza»
Por su parte, las comunidades autónomas del PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han reiterado que no declararán en sus territorios zonas tensionadas para intervenir los precios del alquiler. Así lo han señalado en un comunicado conjunto antes de la Conferencia Sectorial, en el que también han remarcado que no tolerarán la «amenaza» y el «chantaje» del Gobierno de retirarles fondos.
Las comunidades gobernadas por los ‘populares’ han criticado que el Gobierno intente imponer sus «fracasadas e inoperantes» políticas de vivienda utilizando los recursos económicos de los españoles. «No toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de retirar los fondos a las comunidades autónomas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el Derecho a la Vivienda», han recalcado.
En el comunicado, han explicado que el Estado debe repartir de forma equitativa los recursos públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan, y que no hacerlo así supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal.
Escrivá duda de la efectividad del tope a los precios
Antes del comienzo de la Conferencia Sectorial, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, también se ha referido a la situación de la vivienda y se ha mostrado escéptico con la efectividad de topar los precios del alquiler en zonas tensionadas.
Según Escrivá, «no hay ningún dato empírico» que demuestre su eficacia para abaratar el precio de la vivienda. Además, ha apuntado a la escasez del parque inmobiliario, insuficiente para hacer frente al número de hogares.
Reparto del Bono Alquiler Joven
Por otro lado, la Conferencia Sectorial de Vivienda ha acordado por unanimidad el criterio de reparto del Bono Alquiler Joven, con una dotación de 200 millones para facilitar la emancipación de los jóvenes.
Desde el Ministerio de Vivienda también han confirmado que están trabajando en lo que van a llevar a la próxima Conferencia de Presidentes, pero que no contemplan modificaciones de la Ley de Vivienda.
