El Gobierno ha vuelto al punto de partida de julio y ha aprobado este martes, por segunda vez, la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2025-2027, así como el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, unas cifras fundamentales para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que esta es la misma senda de estabilidad y el mismo techo de gasto aprobados el pasado 16 de julio, los cuales no contaron con el respaldo del Congreso de los Diputados, al votar en contra el Partido Popular y Junts.
Cabe recordar que el Ejecutivo no tiene garantizados, por el momento, los apoyos para sacar adelante ni los objetivos de déficit ni las cuentas. Pese a ello, la ministra Montero y la portavoz de Gobierno, Pilar Alegría, han insistido esta semana en que habrá presupuestos para el próximo año.
«Si la tentación del PP es seguir rechazando la senda por cuestiones partidistas, creyendo que de esta manera impide al Gobierno presentar los PGE, les digo ya que desistan de esa idea. Voy a ser muy clara: el Gobierno de España va a presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2025 con la senda de déficit aprobada hoy o con la anterior senda», ha remarcado María Jesús Montero.
Montero carga contra el PP
Durante su intervención tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Montero ha cargado en diversas ocasiones contra el Partido Popular por su rechazo el pasado julio a la senda de déficit. Según la ministra, con esta decisión, el PP está «perjudicando la capacidad de gasto a comunidades autónomas y ayuntamientos al negarles un mayor margen fiscal». «Nosotros seguimos estando comprometidos con comunidades y ayuntamientos», ha agregado.
Montero ha insistido en que la senda de estabilidad presentada por el Gobierno es «compatible con la reducción del déficit publico y con el fortalecimiento del Estado del bienestar». «Con estos nuevos números, las comunidades y los ayuntamientos no tendrían que hacer en los próximos tres años ningún esfuerzo en materia de reducción del déficit y, por tanto, de consolidación fiscal. Esto significa que podrían mantener los objetivos actualmente vigentes y todo el incremento de la recaudación se podría destinar a la financiación de las políticas públicas», ha resaltado.
Para la ministra, «no tiene ningún sentido» que el PP rechace esta senda de estabilidad «que beneficia claramente» a los territorios donde gobiernan los ‘populares’.
Techo de gasto de 195.353 millones de euros
La senda de estabilidad, rechazada en julio y aprobada este martes de nuevo, prevé un objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas del 2,5% del PIB de 2025, 2,1% del PIB de 2026 y 1,8% del PIB de 2027.
Esta senda de déficit se asienta en unas previsiones de crecimiento económico del 2,4% este año, el 2,2% en 2025 y el 2% tanto en 2026 y en 2027, un año en el que la tasa de paro caería por debajo del 9%.
«Si el PP o algún otro grupo político vota en contra de esta senda y finalmente es rechazada por el Parlamento, estará obligando a hacer un ajuste de 6.600 millones en los dos próximos años a comunidades autónomas y de 4.950 millones para los dos próximos años a las entidades locales«, ha recalcado la vicepresidenta.
Por otra parte, el límite de gasto no financiero (sin fondos europeos) es el mismo que el aprobado en el mes de julio y se sitúa en 195.353 millones de euros, un 3,2% más que en 2024, lo que supone 6.138 millones de euros más.
La importancia de la aprobación de los PGE 2025
La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 es un hito de suma importancia para el Gobierno, no solo desde el punto de vista económico, sino también político. Cabe recordar que en 2024 no se aprobaron las cuentas y, por tanto, todavía está vigente la prórroga de las de 2023.
Para que los PGE sean aprobados a tiempo, el Ejecutivo tiene que conseguir el aval de las Cortes para la senda de estabilidad y elaborar un proyecto de presupuestos que entre en el Congreso antes de octubre, de forma que se tramite antes de finalice el año y entre en vigor el 1 de enero.