Adiós a las ‘golden visa’: un mensaje para los inversores inmobiliarios

El pasado mes de abril, el Gobierno de España daba los primeros pasos para eliminar las ‘golden visa’ por inversión inmobiliaria, un instrumento, también conocido como visado de oro, que permite obtener la autorización de residencia a aquellos extranjeros que inviertan en inmuebles por valor de más de 500.000 euros en España.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, alegaba entonces que se trataba de una medida necesaria para «garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo». En definitiva, la finalidad del Gobierno es facilitar el acceso a la vivienda a la población, tratando de reducir la presión sobre los precios y la escasez de oferta. Sin embargo, la mayoría de los expertos del sector inmobiliario consideran que este objetivo no se logrará debido al bajo volumen de operaciones que representan las ‘golden visa’ en el mercado de la vivienda del país.

A falta de conocer cuándo entrará en vigor esta medida, algunos despachos de abogados, como Navas & Cusí, aseguran que han aumentado las solicitudes de visados de oro o ‘golden visa’ desde el anuncio el pasado mes de abril por parte del Gobierno.

Una medida con escaso efecto

Algo en lo que coinciden la mayoría de expertos del sector es que la eliminación de las ‘golden visa’ por inversión inmobiliaria tendrá escaso efecto sobre los precios de la vivienda.

La secretaria general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Beatriz Toribio, remarca que este tipo de residencias suponen «apenas un 0,1 % de los 4,5 millones de viviendas que se vendieron entre 2013 y 2022», por lo que «es una medida que no va a tener impacto en la actividad del sector».

En la misma línea se expresa el letrado socio fundador de la firma Navas & Cusí Abogados, Juan Ignacio Navas, quien cree que la eliminación de las ‘golden visa’ inmobiliarias «va a suponer un factor relativo para la economía». «España es un país privilegiado y hay mucha gente con fondos que viene a vivir. Si le quitas la posibilidad de entrar a través de un inmueble, la economía del país se resiente», añade.

Sin embargo, a su juicio, «el mercado inmobiliario va a seguir igual, porque no hay tantas ‘golden visa'».

Las ‘golden visa’, una parte muy pequeñas de las operaciones

Por su parte, el director general de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE Cataluña), Marc Torrent, detalla que este tipo de operaciones representan un 0,6 % en el mercado de la comunidad autónoma. «Es una parte muy pequeña y se circunscribe estrictamente a operaciones de más de 500.000 €, con lo que estamos hablando de un segmento medio-alto de la demanda. Sinceramente, no creo, ni mucho menos, que esté afectando a la dinámica del primer acceso a la vivienda. Para el Gobierno parecía como una gran solución, pero no creo que lo sea», apunta.

El secretario general de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana (Feprova), Jesualdo Ros, opina que «el efecto sobre el mercado de vivienda es prácticamente nulo y solo afecta a un pequeño nicho de inmobiliarias especializadas en este campo». «Si el objetivo es mejorar el acceso a la vivienda, esta medida no tendrá un impacto significativo, ya que estamos hablando de propiedades con precios superiores a 500.000 €. En resumen, la medida es más bien populista y no tiene otra connotación», subraya.

Incrementar la oferta de la vivienda

Ante la situación que atraviesa el mercado inmobiliario, donde cada vez es más complicado acceder a una vivienda a un precio asequible, la respuesta del sector es unánime: hay que incrementar de forma urgente la oferta.

«El principal problema es que no hay suelo disponible para construir. Necesitamos una regulación que favorezca el desarrollo y la gestión del suelo y colaboración público-privada para desarrollar ese parque de vivienda asequible, sobre todo de alquiler», explica la secretaria general de APCE España, quien recuerda otros problemas del sector constructor como la falta de mano de obra, el coste de los materiales o los largos trámites administrativos.

El socio fundador de Navas & Cusí Abogados opina que «el precio es el que es y seguirá aumentando porque no hay suficiente vivienda». «En España se tienen que hacer 180.000 residencias al año y solo se están haciendo 80.000. Hay que construir vivienda pública a toda velocidad», resalta.

Colaboración público-privada

Así lo considera también el director general de APCE Cataluña, quien asegura que se debe duplicar la producción anual de viviendas en la comunidad autónoma y contar con una amplia oferta de vivienda «de todas las tipologías necesarias: vivienda libre, vivienda asequible y vivienda social, que es la que se tiene que realizar en colaboración público-privada».

Por su parte, el secretario general de Feprova cree que debe de haber una respuesta «política y técnica». «La clave está en la planificación del suelo, la concesión de licencias de obras y la primera ocupación de la vivienda, todo ello gestionado de manera ágil y justificada por una entidad de control. El cambio que se debe producir es la aplicación del silencio administrativo a favor de los agentes que promueven suelo y vivienda para destino público. Esto permitiría tener una gran cantidad de viviendas disponibles en el mercado en solo dos años», indica.

Mensaje para inversores

Para la secretaria general de APCE España, la medida anunciada por el Gobierno «es un mensaje que no va alineado con la necesidades de seguridad jurídica» que se deberían mostrar de cara a los inversores internacionales y nacionales. Así Beatriz Toribio cree que el país «corre el riesgo» de que la inversión se vaya a otros países europeos donde el instrumento de los visados de oro sigue vigente.

No obstante, el socio fundador de Navas & Cusí prevé que al gran inversor no le afectará esta medida, ya que hay otras maneras de entrar en España: «La persona que quiere comprar una vivienda aquí lo que va a hacer es comprar rápidamente antes de que esta medida salga adelante, que habrá que ver si sale».

Según Marc Torrent, medidas de este tipo o las que persiguen la intervención del mercado, «acaban generando el efecto contrario al que pretenden». «Estamos en pro de incrementar la oferta para que exista vivienda suficiente para atender la demanda. No se debe buscar la intervención de un mercado, sino focalizar la solución en ampliar este volumen de vivienda», apunta.

La afectación a la imagen de España también es una cuestión que menciona Jesualdo Ros, quien, además, incide en que «otros países como Reino Unido, Francia y Bélgica han tenido medidas similares, pero las han ido suprimiendo por recomendaciones de la Unión Europea». «Eliminar las ‘golden visa’ puede dar la impresión de que España no está interesada en atraer talento y personas con capacidad de gasto», agrega.

¿Cuándo se aprobará la medida?

A pesar del anuncio del Gobierno sobre la eliminación de este instrumento, meses después no se sabe cuándo entrará en vigor. En el Consejo de Ministros del pasado 16 de abril se iniciaron los trámites para modificar la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en la cual se contempla.

Se trató de introducir esta medida, a través de una enmienda parcial, en el proyecto de reforma de la Ley del Suelo. Sin embargo, el Gobierno se vio obligado a retirar el proyecto debido a la falta de apoyos. Ahora, busca el encaje legislativo adecuado para lograr la eliminación de las ‘golden visa’.

Las ‘golden visa’, en datos

Según datos proporcionados por el Gobierno de España, la mayoría de los visados de oro otorgados por inversiones inmobiliarias se concentran principalmente en las provincias de Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia.

Entre 2013 y 2023, se concedieron un total de 14.576 visados de oro a inversores en bienes inmuebles, los principales solicitantes fueron ciudadanos procedentes de China, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

Desde la aprobación de esta medida en el año 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo ha observado un incremento en el número de permisos, desde los 461 visados de oro otorgados en el año 2016 hasta los 2.017 o los 3.273 concedidos en 2022 y 2023, respectivamente.