Un panel integrado por 450 expertos, empresarios y directivos que han analizado el problema de acceso a la vivienda en España de la mano de PwC, han concluido en señalar que la Ley de Vivienda no ha tenido el resultado esperado y que el suelo disponible continúa estando excesivamente protegido. También apuntan que las medidas propuestas tienen carácter de medio plazo, lo que no facilita actuar sobre una situación de emergencia, como la que vive el mercado inmobiliario español.

En concreto y tal y como recoge el informe Consenso Económico y Social de PwC correspondiente al segundo trimestre de 2024, el problema del alto coste del precio de la vivienda se debe, en primer lugar, a la falta de oferta (77%), seguida por la legislación inadecuada (48%) y, en tercera posición, por la especulación inmobiliaria (23%). Con lo cual, con la Ley de Vivienda no se ha obtenido el resultado esperado, concluyen los expertos consultados.

España ha ganado 2,2 millones de habitantes desde el año 2010, según datos del Instituto Nacional Estadística  (INE), y en el periodo se han iniciado solo 885.000 viviendas. Según datos del Banco de España se necesitan 600.000 nuevas viviendas hasta 2025 para cubrir este déficit.

Según datos de Fotocasa, el incremento del precio de venta en Canarias ha subido un 24,2 % con respecto al año anterior, en Madrid un 18,6 % y en la Comunidad Valenciana un 14 %.

Redactar una nueva Ley de Vivienda

¿Qué iniciativas concretas debería tomar el legislador para solucionar la falta de viviendas? el 72% de los expertos consultados se inclinan por fomentar la colaboración entre la Administración y los promotores para promocionar el alquiler ya que la construcción es un proceso lento que sobrepasa los dos años; el 64%, por impulsar la oferta de alquiler social; y el 62%, por redactar una nueva Ley de Vivienda que mejore la gestión de los procesos administrativos y del urbanismo.

Igualmente, los expertos proponen una serie de medidas para impulsar la oferta de vivienda. En concreto, el 69,8% se inclina por agilizar la concesión de licencias urbanísticas; el 61% propone incrementar el volumen de suelo edificable y el grado de edificabilidad; el 56% aumentar la rehabilitación de viviendas; el 52% fomentar que salgan al mercado los millones de viviendas vacías; y el 31% facilitar el cambio de uso de oficinas a viviendas.

Los expertos reconocen también que estas medidas son de medio plazo y el problema de la vivienda precisa de soluciones más rápidas ágiles.

Cómo impacta la inversión extranjera en el mercado inmobiliario

El panel de expertos consultados también ha arrojado luz sobre cómo impacta la inversión extranjera en el mercado inmobiliario español. En concreto, el 51 % de los encuestados indica que están de acuerdo en que incrementan el precio de las viviendas; el 27 % lo apoyan con reservas y el 21 % no está de acuerdo.

Sobre esta cuestión, el estudio de PwC revela también que es probable que hayan influido en el precio de la vivienda las frecuentes noticias sobre las compras de fondos extranjeros así como de inversores latinoamericanos que se han centrado en los inmuebles de las grandes capitales, sobre todo Madrid y Barcelona, con adquisiciones que han elevado los precios de la zona.

Una de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para frenar este problema ha sido la retirada de la golden visa que daba la residencia a los extranjeros por adquirir un inmueble de más de 500.000 euros. De todas formas, el informe revela que en Europa existe la libre circulación y residencia para sus ciudadanos, lo que hace difícil impedir ciertas compras de grandes fortunas.

Más o menos regulación del sector

Ante la pregunta si es mejor desregular el sector para que las leyes del mercado ajusten la oferta y la demanda, el 55 % se mostró favorable y el 35 % en contra.

Entre los aspectos que se deberían desregular, según recoge el informe de PwC, una mayoría de expertos apuesta por desregular el mercado, y se decantan por eliminar los topes a los precios del alquiler y liberalizar el suelo.

En el sentido contrario, y preguntados sobre si debería haber una mayor intervención en el mercado,  el 87% se inclinó por eliminar los topes a los precios de los alquileres; el 77 % por liberalizar el suelo; y un 33 % por elevar la edificabilidad de los edificios.  Actualmente, este límite a los precios, solo está en vigor en Cataluña.