Una historia de polémicas, autonomías insatisfechas, opacidad y fondos europeos

El último mes del año 2021 llegaban a España 10.000 millones de euros –se sumaban a los 9.000 preadelantados– de los fondos europeos Next Generation EU para inversiones que Gobierno y administraciones públicas canalizarán a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Fue el 3 de diciembre, después de todo un año de espera de esa aportación comunitaria, para sacar la economía del país del vacío generado por la pandemia sanitaria, que llegó de golpe, cuando aún los agentes sociales y económicos del país no se habían recuperado totalmente de la crisis económica de finales de la primera década de este siglo.

España se convertía así en el primer país miembro de la Unión Europea (UE) en lograr estos fondos europeos. Un logro al que se sumaba el hecho de ser el único de los 27 Estados integrados en conseguir esa financiación en 2021. En ese contexto que pareciera invitar al optimismo, surgieron las alertas y críticas procedentes de formaciones políticas y administraciones autonómicas. A las que se añadía la demanda de control y agilidad en la ejecución que llegaba desde la patronal empresarial, CEOE.

Y es que desde la representación empresarial se acusa al Gobierno, en línea con lo apuntado por el Partido Popular, de que solo 104 de los 5.000 millones comprometidos de esos fondos han llegado a la empresa privada, un 2 %. Críticas que también se formulan desde las presidencias de algunas comunidades autónomas.

Lo cierto es que desde el Gobierno asumen que los fondos aún no llegan en la medida de sus deseos a la economía real. La misma Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reconoce la baja ejecución del gasto del PRTR que cifra en el 60 %.

Planes españoles para los fondos europeos

En ese contexto, los agentes sociales y empresariales implicados esperan que en 2022 lleguen más fondos. Y que sean más las empresas, sectores y administraciones las receptoras de esas ayudas europeas. En ese marco se conoció que la Comisión Europea daba luz verde, el 19 de enero, al plan español para sistemas inteligentes en autopistas. Y en paralelo, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez anunciaba la realización, durante este primer semestre del año, de más de 150 convocatorias para proyectos de inversión por parte de empresas españolas, por valor de 17.000 millones euros.

La importancia de la inyección que supondrá para la economía española la recepción de los fondos europeos para el PRTR nos la da el montante total que se recibirá hasta 2026 y que es de 140.000 millones de euros. Una cantidad que representa el 13 % de nuestro Producto Interior Bruto (PIB). Una ingente cantidad de dinero, en forma de subvenciones directas y a fondo perdido, que manejará el Ejecutivo durante los dos años previos a la cita electoral.

El Plan presentado por España fue aprobado en julio de 2021 por la Comisión Europea y pivota sobre cuatro ejes estratégicos como son la cohesión social, la transformación digital, la igualdad de género y la transición ecológica; que se llevarán tres cuartas partes del presupuesto, el 70 %. De momento, entre agosto y diciembre, ya han llegado los primeros 19.000 millones de esos fondos comunitarios.

Protestas autonómicas

Es precisamente el lapso de tiempo transcurrido entre la aprobación del plan presentado a Europa y la llegada de fondos a las autonomías, lo que propicia protestas por parte de los ejecutivos regionales, que los llevan esperando desde comienzos de 2021. Es esa lentitud del proceso de aprobación de los proyectos presentados para lograr los fondos, sumada a la demora con la que el Estado –único destinatario de los mismos– realiza las transferencias a las comunidades autónomas; lo que hace que se ralenticen las licitaciones acumulando retrasos de más de 90 días. Aspecto que los gobiernos autonómicos han puesto en conocimiento del Ejecutivo.

Un problema que arranca a mediados del pasado 2021 una vez que en julio se aprobó en Bruselas el PRTR. Entonces se hablaba de 24.000 millones de transferencias y se consignaban en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Cantidad muy superior a la que realmente ha llegado a Madrid y que el Gobierno rebajó hasta los 11.001 millones, en su balance de cierre de año.

Lentitud y retraso en los fondos europeos

La lentitud con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez transfiere los fondos provocó que un volumen muy importante de estos no haya llegado a las comunidades autónomas hasta finales de 2021. Lo que ha generado el consiguiente retraso en las licitaciones de proyectos y convocatorias de ayudas que conlleva también la selección de los proyectos más convenientes.

Algo que deriva en un considerable malestar entre los presidentes regionales, los grupos políticos y los responsables de las asociaciones empresariales.

De hecho, la CEOE también ve con preocupación ese pobre grado de ejecución. En su ‘Informe de Seguimiento de los Fondos Next Generation EU en España’ compara el porcentaje de ejecución de los fondos europeos con los de ejecución del presupuesto ordinario por parte de los gobiernos regionales; en los que «normalmente el 63 % corresponde a las comunidades autónomas y el 30 % al Estado».

Y recalca que de los 7.300 millones presupuestados inicialmente para esa convocatoria de ayudas, los gobiernos autonómicos solo sacaron a licitación proyectos por valor de 1.000 millones de euros.

Reparto por autonomías

El balance de ejecución, a 31 de diciembre de 2021, de los Fondos Next Generation presentado por el Ministerio de Economía apunta que los gobiernos autónomos que más fondos recibieron, el 44 % de los 11.000 millones que figuraban en los PGE, fueron los de Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia y Castilla y León; que concentran los mayores porcentajes de población y que tienen gobiernos del PP.

Además, las dos primeras junto a Cataluña son las comunidades a las que mayor porcentaje de fondos se asignó en términos absolutos.

Según los datos de esta web oficial del Ministerio de Economía, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las regiones que lideran la asignación de los fondos europeos, con 1.916 millones de euros, 1.579 millones y 1.213 millones, respectivamente. En cuarto lugar, está la Comunitat Valenciana. Con una asignación de 1.055 millones de euros. Tras ella, Castilla y León y Galicia.

En el extremo opuesto están la Comunidad Foral de Navarra, Cantabria y La Rioja. Con gobiernos del PSOE y de los regionalistas cántabros. Por detrás de ellas tan solo quedan las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Otro dato a destacar es la correspondencia entre la cantidad transferida a las autonomías y lo que les toca por habitante En este caso, son Extremadura y La Rioja las que obtuvieron más subvenciones para proyectos por ciudadano: 412,4 euros y 354,6 euros, respectivamente; y Castilla y León con 310. En el otro extremo se encuentran dos de las autonomías con mayor peso, Cataluña y Madrid, que superan cada una los seis millones de habitantes; a quienes se compensa con 206,12 y 180,07 euros por ciudadano. Por encima de ambas está la Comunitat Valenciana, que sale a 209 euros por habitante.

Un reparto «insatisfactorio» de los fondos europeos

Lo cierto es que la asignación de los fondos europeos a las comunidades autónomas no deja satisfecho a nadie. Eso hace que se multipliquen las críticas políticas por la forma de efectuar el reparto. Un problema que, como manifestó a Newtral el profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Hidalgo, está en la raíz porque «desde el principio, independientemente de que el plan sea del Estado, se ha gestionado con poca participación por parte de las comunidades autónomas».

Eso explicaría que presidentes autonómicos como el recién reelegido en Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, amenazara con presentar un recurso ante el Tribunal Supremo si el Gobierno «no rectifica» en el reparto de dichos fondos.

«No se puede privilegiar a unas comunidades frente al resto». Lo hacía después de que la Comunidad de Madrid interpusiera un recurso contra el reparto de nueve millones de euros (apenas un punto porcentual del total) a programas de empleo en cuatro comunidades –Comunitat Valenciana, Navarra y Extremadura, gobernadas por el PSOE, y País Vasco, con un ejecutivo nacionalista del PNV–. Al entender que esta transferencia se hizo «al margen del reparto acordado» y «de manera arbitraria». Abría así la puerta a una batalla judicial con la que también amenazó Galicia.

Una amenaza legal que va en la línea crítica de su partido, el PP, y que llevó a declarar en enero pasado a la vicesecretaria económica, Elvira Rodríguez, que en algunas de las decisiones del Ejecutivo no se entiende cuál es el criterio para añadir que «se están repartiendo fondos que algunas comunidades no necesitan o no les encajan».

El Gobierno contento con el reparto, a pesar de todo

Pese a ello, el Gobierno está satisfecho por cómo ha gestionado hasta el momento esos fondos. Si bien, como ya se apuntaba, su propio balance y las previsiones de la AIReF matizan esa optimista valoración. Y es que los datos empíricos muestran que solo el 46 % de los 24.198 millones presupuestados en 2021 llegaron a las autonomías.

Y tampoco invita al optimismo el que los ejecutivos autonómicos dispongan ya de 11.000 millones, porque ello no supone que los fondos hayan llegado a los beneficiarios y que se hayan puesto en marcha los proyectos seleccionados.

Una situación que admitieron en la presentación del balance de ejecución los secretarios de Estado de Economía, Gonzalo García, y del Departamento de Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha. Ambos asumen que esos fondos que tienen las autonomías han de seguir «otros procedimientos y reglamentos» antes de llegar a la economía real.

Ni ellos ni la misma ministra de Economía y vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, han aclarado qué cantidad de dinero de los proyectos adjudicados y repartidos han llegado a sus destinatarios finales.

Tan solo las organizaciones empresariales ofrecen datos, si bien oficiosos y estimativos, del dinero invertido. Y, con las reservas necesarias, las cifras apuntan a los 1.000 millones. Una cantidad sensiblemente inferior a los 11.000 millones que el Ejecutivo transfirió a los gobiernos autonómicos.

Escasez de convocatorias

En el entorno de las empresas empiezan a alzarse voces que alertan del escaso número de convocatorias realizado para repartir los fondos europeos. Por ello, no es de extrañar que desde la CEOE se inste al Gobierno a agilizar el reparto de los Next Generation EU; al tiempo que recuerdan que apenas han llegado a las empresas un 2 % de los 5.000 millones comprometidos en el primer tramo de las transferencias aprobadas en 2021.

Esas demandas empresariales se sostienen en el Informe de seguimiento de la ejecución en España de los fondos Next Generation EU confeccionado por la patronal basado en datos oficiales. Un documento que recalca que los 9.000 millones de euros de prefinanciación que nuestro país recibió el pasado verano; sumados a los 10.000 millones transferidos por Europa a finales de 2021 «no llegaron al mismo ritmo a la economía real».

En su informe, la CEOE recuerda que se publicaron 120 convocatorias de subvenciones financiadas con cargo a esos fondos por un importe de 7.300 millones de euros; y se realizaron 270 licitaciones por un montante de 2.000 millones de euros. En total, 9.300 millones de euros; un 48 % de los fondos recibidos; y un 38 % de los incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, se indica en el Informe de la patronal.

Cuellos de botella

Una de las características del modelo que ha diseñado el Gobierno para ejecutar los fondos de recuperación europeos es el reparto de su gestión entre los diferentes niveles de la Administración. A ello se añade que el sector público no se ha caracterizado por ser especialmente ágil en la gestión de los fondos procedentes de Europa.

Un modelo que, como apuntó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ralentiza el proceso. «Hemos detectado que la coordinación entre las distintas administraciones públicas es uno de los cuellos de botella para agilizar la llegada de los fondos a la economía real, a las empresas. Y esto es esencial para asegurar la recuperación y acelerar la transformación de nuestro modelo productivo hacia uno más digital y sostenible».

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE

En una entrevista concedida a Economía 3, en enero de este año, resaltaba que «llevamos tiempo insistiendo en la importancia de mantener un equilibrio entre grandes proyectos financiados con los fondos, con impacto transformador y liderados por grandes empresas, y las convocatorias de ayudas dirigidas específicamente a pymes y autónomos. Sin embargo, de momento lo que estamos viendo son casi exclusivamente pequeñas convocatorias, muy atomizadas. Esto produce la sensación de que no hay una llegada real de los fondos a las empresas».

Asegurar la ejecución «ágil» de los fondos europeos

Para añadir que «la principal prioridad debe ser, por un lado, asegurar la ejecución ágil de los fondos. Para lo que la relación entre Gobierno y comunidades autónomas tiene que ser más fluida para que estas aceleren la publicación de convocatorias. Y, por otro, el control y supervisión del uso que se hace de estos fondos».

Extremo este en el que coincide la apreciación de la AIReF en su evaluación preliminar del PRTR. Su informe sobre el tercer trimestre de 2021 indicaba que el Estado solo había ejecutado 4.902 millones de euros; en torno al 20 % del gasto presupuestado como créditos definitivos.

Aclarando que la casi totalidad de ese gasto fueron transferencias de fondos a organismos de la Administración central y a las comunidades autónomas para que lo ejecuten, por lo que aún no había llegado a la economía real. Acumulando, según se desprende del informe, inejecuciones sucesivas que se trasladarán a las siguientes anualidades, principalmente al año en curso.

Opacidad y concesiones ‘a dedo’

Entre cuellos de botella, un reparto en el que intervienen múltiples agentes y la necesidad de inyectar recursos en la economía, la puesta en marcha del PRTR con el que el Gobierno va a distribuir los fondos Next Generation es el epicentro de las críticas. De manera particular procedentes de los gobiernos autonómicos; encabezados por los gestionados por el PP y por dirigentes de esta formación.

Desde el PP acusan a Pedro Sánchez de distribuir ‘a dedo’ las ayudas millonarias para los proyectos incluidos en el Plan que han de gestionar las comunidades autónomas; privilegiando a las que tienen gobiernos socialistas. Incluso el ya exlíder Popular, Pablo Casado, aseveró que el reparto de los fondos es «clientelar y puede llevar a corrupción».

Precisamente para combatir esa acusación de corrupción, hace apenas dos meses, Sánchez anunció que la ejecución de los fondos se haría desde una plataforma para centralizar el control desde el Ministerio de Hacienda. Plataforma cuya creación se avanzó en septiembre.

En ella han de rendir cuentas tanto los ayuntamientos como los gobiernos regionales. Pese a ello, instituciones como Esade y EY apuntaban, en un estudio realizado, que cerca de 7 de cada 10 gestores públicos (el 65 %) considera que el sistema diseñado por el Gobierno es poco o nada adecuado para una gestión eficaz.

Pero, ¿qué pasa en Europa?

En un mundo global cabe echar una mirada a nuestro entorno y ver cómo han resuelto o resuelven el reparto países como Francia o Portugal. En este último aplican el criterio territorial y en Francia criterios de ventanilla única, con control estatal posterior, lo que agiliza los trámites. Sea como sea, lo cierto es que cada país apuesta por soluciones diferentes para agilizar la tramitación.