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La Junta Fiscal Europea, organismo independiente que asesora a la Comisión Europea (CE), pide que las reglas comunitarias sobre control del déficit y la deuda públicos se reformen antes de reactivarlas.
En un informe, el organismo también respalda que durante 2022 sigan suspendidas esas normas, recogidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Estas exigen a los Estados miembros mantener el déficit público por debajo del 3% del producto interior bruto (PIB) y que la deuda pública no supere el 60% del PIB. Son cifras muy lejanas a las que está registrando España.
En ese punto coincide con la Comisión Europea. El organismo europeo ya recomendó este mes mantenerlas suspendidas durante 2022 y volver a aplicarlas en 2023.
En marzo de 2020, cuando el coronavirus se extendió por el club comunitario, la UE activó la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este punto suspende de facto el control del déficit y la deuda, con el objetivo de permitir a los países gastar lo necesario para paliar el impacto de la pandemia.
Mientras tanto, la reforma de las reglas de disciplina fiscal, consideradas demasiado complejas y difíciles de aplicar, estaba prevista antes de la pandemia. Sin embargo, quedó relegada con la expansión de la covid-19.
El Ejecutivo comunitario prevé reanudar el debate sobre la actualización de las normas en la segunda mitad de 2021, pese a la dificultad para que los Estados miembros alcancen un acuerdo sobre su renovación.
Los beneficios de una reforma de las reglas de déficit y deuda
En ese contexto, la Junta Fiscal Europea subraya que pactar un marco revisado de gobernanza económica antes de desactivar la cláusula de salvaguarda «contribuiría a una normalización fluida de las políticas fiscales y monetarias» tras la pandemia.
«El marco fiscal de la UE debería revisarse tan pronto como sea posible. Idealmente antes de desactivar la cláusula de salvaguarda. En el ámbito fiscal, completar la revisión del marco fiscal para al menos definir sus contornos futuros debería tratarse como una cuestión urgente», indica el organismo en su publicación.
Añade que el «estancamiento político que deja el marco fiscal en el limbo alimentaría las dudas sobre el compromiso de los gobiernos con la sostenibilidad de la deuda. Y complicaría las cosas para quienes elaboran las políticas macroeconómicas en la eurozona». «También socavaría la credibilidad del marco fiscal actual», asevera.
El presidente de la Junta Fiscal Europea, Niels Thygesen, reconoció durante una rueda de prensa que la actualización de las normas es una tarea «difícil». También, que hay cierta «reticencia» a embarcarse en ella. Pero instó a llevarla a cabo.
En la introducción del informe, Thygesen precisó que las normas revisadas deberían ser «más consciente de la diversidad de las finanzas públicas nacionales. En particular, de la deuda pública. Y centrarse más en los errores graves de política para reemplazar las numerosas improvisaciones del pasado».
Postura fiscal de apoyo a la eurozona durante 2022
En cuanto a mantener suspendidas las actuales normas durante 2022, la Junta Fiscal Europea respalda esa idea porque «da cabida a una retirada gradual del apoyo presupuestario en los Estados miembros». El organismo recomienda una postura fiscal de apoyo en la eurozona durante 2022.
«Las políticas adoptadas o anunciadas de manera creíble por los gobiernos hasta la fecha parecen lograr un grado apropiado de apoyo fiscal. Deberían garantizar que las medidas de emergencia se retiran de manera gradual, mientras el gasto se mantiene por encima de los niveles previos a la crisis», señala. Igualmente, pide a los gobiernos abstenerse de utilizar el fondo de recuperación para recortar planes de gasto existentes, en especial, inversiones.
La utilidad del fondo de reconstrucción para países como España
Agrega que para los países con una elevada deuda pública, como en el caso de España, el fondo de reconstrucción comunitario «ofrece la oportunidad de apoyar la recuperación con inversiones y reformas adicionales sin afectar a la sostenibilidad de las fianzas públicas en el medio plazo».
Asimismo, defiende que a medida que la pandemia va quedando atrás, las medidas de apoyo fiscal deberían orientarse hacia sectores más específicos. En ese sentido, aboga por eliminar de manera gradual las que proporcionan un respaldo generalizado.
«La fase de recuperación se caracterizará por un fuerte crecimiento y nuevas oportunidades de negocio en algunos sectores. Pero la tensión continua en otros. Frente a este contexto, es particularmente importante recalibrar el apoyo fiscal para proporcionar alivio solo a aquellas empresas viables», constata. Si bien admite que identificarlas no es fácil.
La Junta Fiscal considera que la ambición general debería ser facilitar la transición de la economía y perseguir una asignación «óptima de recursos», pero llama a equilibrarla con la necesidad de aprobar medidas para reducir el desempleo y «otras consecuencias socioeconómicas».
«Podrían ser instrumentos útiles las políticas activas de empleo e inversión en sistemas para relacionar las vacantes con quienes buscan trabajo», detalla.
